Jueves 27 de Abril de 2017 - 02:19hs. - República Argentina Edición # 1658

Revista #40 Julio 2010 > Agricultura

Desarrollo mata pobreza

El papel del Estado, la producción, el desarrollo, la tecnología y su vinculación con la sociedad. Desde el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), se propone un modelo de desarrollo para la creación de un tejido industrial que llegue a las regiones pobres del país.


Por Luis Freitas

“El sistema de promoción de la actividad productiva que se establezca, debe considerar como actores prioritarios a los residentes del lugar. El apoyo humano externo debería configurarse una vez identificadas a fondo y con la mayor objetividad cuáles son las limitaciones de la comunidad para recorrer un camino de fortalecimiento productivo. La intervención debería tener como objetivo, superior y excluyente, mejorar las oportunidades de los habitantes del espacio elegido. Nunca omitirlas o, peor todavía, convertir a los compatriotas en asalariados baratos de empresas exitosas, que además llevan los beneficios fuera del ámbito donde se generan. Si el tejido social es débil para encarar proyectos productivos que aporten a la mejora de la calidad de vida general, corresponde diseñar programas de intervención del Estado a fin de corregir esa debilidad, no para reemplazar los actores locales por otros foráneos, casi inexorablemente transitorios. El Estado puede mejorar la formación general, puede ser emprendedor sustituto, puede apuntalar como socio transitorio. Puede hacer muchas cosas. Lo que no debe hacer es confundir la meta, y creer que puede promover una región sin promover a sus habitantes, más que en mínima proporción”. La frase resume el tema de la charla “Hacer donde no hay: la construcción de tejido industrial en las regiones pobres del país”, dada por Enrique Martínez, presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Dicho encuentro formó parte de los Debates para honrar el Bicentenario organizados por el INTI, un ciclo de reuniones para reflexionar en prospectiva sobre diferentes aspectos vinculados al desarrollo, la producción, la tecnología y su relación con el Estado y la sociedad.

Al sur del Paralelo 42

Desde los comienzos de nuestra historia, las regiones menos favorecidas ejercieron presión sobre el Estado para acceder a la misma situación que las más aventajadas. La dimensión de los beneficios otorgados -que progresivamente han sido divididos en cuotas, y figuran en el presupuesto anual del Estado nacional como subsidios- ha sido variable.

El 31 de mayo de 1944, por motivos geopolíticos y a través del decreto Nº 13.941, el Estado Argentino separó de la Gobernación de Santa Cruz todo el territorio al norte de la vaguada de los ríos Pinturas y Deseado, para crear la Zona Militar de Comodoro Rivadavia. La primera norma de vocación promocional para la actividad industrial se remonta a ese año. Es la Ley 14.630, dictada durante del gobierno de facto del general Pedro Ramírez ,  que no tuvo aplicación alguna, y fue reemplazada por las leyes 14.780 y 14.781, dictadas en 1958, para incentivar la inversión extranjera y la inversión nacional, respectivamente.

Hubo, antes, una ley de promoción de inversiones extranjeras -la 14.122 de 1953- que se aplicó a tres casos: la inversión de Fiat para producir tractores; de Mercedes Benz para camiones y colectivos; y de Kaiser para automóviles.

“El verdadero inicio de la promoción regional -apunta Martínez- puede decirse que comenzó en 1956, cuando se definió como zona franca todo el territorio nacional al sur del Paralelo 42. El tipo de instrumento utilizado desde entonces –y hasta hoy- fue la reducción de impuestos: exención de derechos de importación a la maquinaria o materias primas,; disminución o eliminación de impuestos a las ganancias, al patrimonio, o el impuesto al valor agregado”.

Mirado desde los actores, el Estado hasta aquí siempre ha ordenado escenarios especiales, que mejoraron la renta esperada en la economía de mercado, para que los empresarios decidan ubicar sus plantas productivas en lugares distintos de aquellos que elegirían en ausencia de los beneficios diferenciales. Sin embargo, “ningún régimen hasta aquí aplicado -aclara Martínez- establece facilidades de ninguna naturaleza para que aparezcan nuevos actores, tales como simples habitantes del lugar, organizaciones sociales, ámbitos municipales, egresados profesionales o técnicos jóvenes, y mucho menos algunas combinaciones de estos atributos”.

En 1999,  el Consejo Empresario Mendocino produjo un documento donde comparó los resultados de los regímenes de promoción sectoriales de Catamarca, San Juan, San Luis y La Rioja con los de Mendoza, buscando calcular no sólo los puestos de trabajo generados, la magnitud de los subsidios otorgados, y la persistencia de las inversiones realizadas, sino también los perjuicios producidos a Mendoza. La evaluación de este material sirve para tener en cuenta cuáles son las debilidades de la concepción aplicada en el último medio siglo, y a la vez las de las alternativas sostenidas desde una mirada tradicional.

“La inversión promedio, por puesto generado, fue de 460.000 dólares, explica el titular del INTA, esto es más del doble de la inversión promedio en la actividad industrial en aquel momento. Los subsidios otorgados, en concepto de desgravación fueron 2,9 veces las inversiones realizadas, computados a lo largo de la vida útil de los proyectos. Esto es un despropósito, ya que señala que la inversión neta fue muy negativa. La comunidad puso dinero neto, mientras los capitalistas sólo tomaron beneficios. Además, como buena parte de los beneficios se dirigieron a abaratar la inversión, la relación de costo capital/trabajo fue un 47 por ciento menor que en el resto del país, estimulando, en consecuencia, con mucha más fuerza la instalación de las industrias que requirieran capital intensivo”.

La promoción regional bien entendida es aquella que, luego de analizar quiénes pueden o deben ser los actores protagónicos, cuáles son los criterios de selección de las actividades a promover y cuáles son las formas concretas de avanzar, logra mejorar la situación de quienes viven en dicha región y sus descendientes.

Hasta ahora, sin embargo, en la práctica, en nuestro país los planes de promoción regional fueron aprovechados en su mayoría por empresarios nacionales instalados en otra región, que emplearon su conocimiento del mercado argentino, y simplemente trasladaron plantas o ampliaron sus instalaciones. Muchos también se asociaron con empresas transnacionales o filiales de éstas. En mucho menor número se anotaron los empresarios locales preexistentes o nuevos.

Según Martínez, “En ningún caso, las nuevas empresas tomaron compromisos de instalar unidades de innovación, o de configurar una red de proveedores o de transformadores locales. Tampoco hubo un sistema público de apoyo a emprendedores locales para que pudieran integrarse al proceso productivo de los recién llegados. El resultado, en consecuencia, fue la creación de tejidos frágiles, donde aparecieron nuevos eslabones sólo en función de características excepcionales y nunca como un hecho sistemático (…) La intervención debería tener como objetivo, superior y excluyente, mejorar las oportunidades de los habitantes del espacio elegido. Nunca omitirlas o, peor todavía, convertir a los compatriotas en asalariados baratos de empresas exitosas, que además llevan los beneficios fuera del ámbito donde se generan.

Otra de las cuestiones a discutir es la idea instalada de que una producción sea interesante sólo si es posible exportarla. Tamaña simplificación se debe fundamentalmente a la hegemonía de una lógica de búsqueda del beneficio individual, que rápidamente asocia el éxito con la atención de los grandes mercados, de fuerte poder adquisitivo, como si allí se cerrara toda la cuestión.

El acierto de la elección relativa a qué regiones aplicar un sistema de promoción tiene que ver con parámetros como la medida de la (in)justicia social -el número de pobres-, y la medida del impacto ambiental. Con respecto a la actividad económica, otro aspecto a tener en cuenta es que los mejores proyectos serán los que aseguren el mayor valor agregado, por trabajador ocupado del espacio que se promueva, y qué proporción del producto se venderá en la región, ya que el dinero recaudado por esa vía, que antes era derivado a compras en otros lugares, ampliaría el poder multiplicador del proyecto.

Un Estado activo

A la hora de elegir qué sectores promover, se deben tener en cuenta factores como la transformación de materias primas naturales locales, llegando hasta los bienes más cercanos al consumo final, el desarrollo de redes de abastecedores de tal proceso de transformación y la elevación sistemática del piso y del techo de formación de los habitantes de la región, para mejorar su posibilidad de ser incorporados a cadenas de valor de alta complejidad. También se deben priorizar las industrias intensivas en trabajo, de alto nivel tecnológico y la “sustitución de importaciones” regional, lo que se compra a otras regiones y que puede ser abastecido localmente.
A modo de ejemplo, Martínez analiza el modelo endógeno de desarrollo industrial de Japón, construido sobre actores locales, en términos de un mercado con amplia competencia interna, y a la vez protección respecto de la competencia internacional. Las características del proceso nipón incluyen la fuerte protección del mercado interno, el apoyo financiero de bajo costo a las empresas y el desarrollo y fortalecimiento de todo un sistema de generación de recursos humanos de alta preparación. “Cuando en este proceso se llegó al pico máximo de la concentración, explica, las grandes corporaciones triunfantes en ese proceso construyeron su red de proveedores, no sólo en su país, sino que también la diseminaron por todo el sudeste asiático”.

El modelo japonés guarda una similitud con otros aplicados en China o Vietnam. Todos ubican como condición básica la integración al mundo, desarrollarse es competir en el mundo. Pero, ¿es ése el único camino?, se pregunta Martínez.

Para construir tejido productivo en  regiones de menor desarrollo de un país no se puede dejar todo en manos del mercado, pues las asimetrías vigentes se originaron cuando este lideró el ordenamiento espacial y sectorial de las actividades productivas. Tampoco se debe confiar en las empresas transnacionales. Integrar a las regiones más pobres del país a cadenas de valor hegemonizadas por ellas implica condenar a esos lugares a un desarrollo subordinado y azaroso.

Tampoco se debe basar la integración en el aprovechamiento de recursos naturales, pues seguramente se implementen sólo los eslabones extractivos, sin incorporar los posteriores que sumen valor, aportando trabajo de calidad. Además es muy probable que el vínculo con el medioambiente, sea desatendido, a menos que aparezca una sostenida presión social al respecto. La evolución de la minería en la Argentina es un exponente fiel de las dos debilidades expuestas: la baja integración y el nulo respeto por el ambiente.

“El desafío entonces, dice el titular del INTI, pasa por un Estado que se involucre con la densidad e inteligencia precisas como para conseguir que los ciudadanos aumenten el control sobre sus propias vidas, y, a la vez, se integren a actividades que beneficien a la comunidad toda. Se trata de favorecer a los habitantes del lugar, en primer término”. La manera más simple y directa de encarar el fortalecimiento de las zonas más postergadas, según él, es hacer un análisis que “agregue valor, con trabajo y tecnología nacional, a los recursos naturales disponibles, potencie la generación de valor a partir de los recursos humanos de la región, especialmente los que se localizan en universidades o institutos de investigación y desarrollo. Y para el caso de regiones que ya cuenten con industria instalada, pero con cadenas de valor poco integradas, resulta también primario abocarse al análisis integral de esos sistemas productivos. Conceptualmente, la cuestión es a la vez simple y tajante: se trata de trasladar el foco de planificación desde la actual empresa ensambladora o extractora de recursos sin transformación, para llevarlo al seno de la comunidad”.

Algunas de las propuestas integrales para las regiones postergadas tienen que ver con: Tierra del Fuego, que cuenta con recursos naturales a aprovechar -turba, lenga, pesca, gas natural-, que permanecen en la tierra o salen del territorio sin valor incorporado; Catamarca, San Juan y Chubut, que tienen pendientes discusiones integrales sobre la cadena de valor minera; o con  el Norte grande, que debe desarrollar las cadenas de valor madereras, la producción de alcohol en unidades pequeñas o medianas, y aprovechar sus escenarios de producción en ambiente subtropical, culturalmente postergados en Argentina respecto de la Pampa Húmeda.

Para hacer frente a ese desafío, explica Martínez, “Hemos de convocar a residentes y no residentes de cada una de estas provincias a plantear sus propias lógicas de desarrollo, de manera compatible con lo señalado en este documento, o estableciendo los debates correspondientes, para contar con nuevas miradas, de nueva frescura, sobre un tema postergado desde hace más de cien años”.

COMENTARIOS (6)

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