Lunes 24 de Julio de 2017 - 23:35hs. - República Argentina Edición # 1747

Revista #24 Febrero 2009 > Agricultura

Ley de Bosques: Una deuda ecológica

A pesar de los innumerables reclamos de las principales organizaciones ambientalistas como Greenpeace, la Fundación Vida Silvestre Argentina y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la Ley de Bosques sigue varada en alguna oficina del Ministerio de Economía, porque el gobierno aún no redactó el decreto que la ponga en vigencia. Esto permite que en Salta, por caso, se autorizara durante 2007, el desmonte de más de 400.000 hectáreas de bosques nativos.


Por Luis Freitas

El 28 de noviembre de 2007 el Congreso sancionó la Ley 26.331, que el Poder Ejecutivo Nacional promulgó el 19 de diciembre del mismo año y fue publicada siete días más tarde en el Boletín Oficial. La Ley de Bosques, que de ella se trata, establece en su artículo 42 que en un plazo de 90 días debe ser  puesta en marcha. Sin embargo, ya  pasó más de un año. La falta de reglamentación genera confusión y permite que las autoridades de los organismos provinciales puedan violarla sin culpa. La tala indiscriminada no sólo afecta el ecosistema, sino que expulsa a numerosas familias de las comunidades originarias y sus únicos beneficiarios son, mayormente, los grandes productores de soja.
 

La Ley 26.331 plantea que “en un plazo máximo de 1 año, a través de un proceso participativo, cada provincia deberá realizar el ordenamiento territorial de sus bosques nativos”. Según dicho ordenamiento los bosques  deberán quedar divididos en zonas, según su valor de conservación.

La Categoría I (Rojo) incluirá los sectores que deben mantenerse como bosques para siempre (áreas cercanas a reservas, que conecten eco-regiones, que tengan valores biológicos sobresalientes, y/o que sean cercanas a cuencas). Allí sólo se podrán realizar tareas de investigación científica, recolección y turismo.
 

En la Categoría II (Amarillo) estarán los sectores que pueden estar degradados, que no deben desmontarse pues, restaurados, pueden recuperar su alto valor. De ellos se podrá hacer un uso sostenible y emplearlos para turismo, recolección e investigación científica.
 

Los sectores de bajo valor de conservación conformarán la Categoría III (Verde), y son los que pueden transformarse parcialmente o en su totalidad.
Los criterios empleados para zonificar a los bosques nativos son: superficie mínima que necesitan las comunidades de especies animales y vegetales para sobrevivir, vinculación entre diferentes eco-regiones, conexión entre áreas protegidas, existencia de especies importantes, estado de conservación, potencial forestal, potencial agrícola, importancia en la conservación de cuencas, y el uso que le dan las comunidades indígenas y campesinas para mantener su supervivencia y su cultura.
 

La ley también prohíbe expresamente “la quema a cielo abierto de los residuos derivados de desmontes o aprovechamientos sostenibles de bosques nativos“,  estipula que todo proyecto de desmonte o manejo sostenible de bosques nativos “deberá reconocer y respetar los derechos de las comunidades indígenas originarias del país que tradicionalmente ocupen esas tierras”, y que antes de autorizar un desmonte, las autoridades deberán realizar “un estudio de impacto ambiental y una audiencia pública” y garantizar “el acceso a la información de comunidades indígenas, campesinas y otras relacionadas, sobre las autorizaciones que se otorguen para los desmontes”.
 

Además se crea un Fondo para compensar a los titulares de las tierras en cuya superficie se conservan bosques nativos. Estos recibirán un monto de dinero por hectárea  en forma anual que variará de acuerdo a la categorización de bosques nativos. Como contrapartida, tendrán la obligación de realizar y mantener actualizado un plan de manejo y conservación de los bosques nativos, que deberá ser aprobado en cada caso por la provincia. De la aplicación de la Ley quedan exceptuados “los aprovechamientos realizados en superficies menores a 10 hectáreas que sean propiedad de comunidades indígenas o de pequeños productores”.

Hecha la ley…
 

“Desde su publicación en el Boletín Oficial la 26.331 está en vigencia y prohíbe expresamente nuevos desmontes de bosques nativos. Pero su falta de reglamentación genera confusión (honesta o maliciosa) en las autoridades de aplicación, que son los organismos provinciales”, afirma Miguel Bonasso, autor del proyecto original. Los argumentos esgrimidos son de lo más variados, como el del director de Bosques de Entre Ríos, que dijo desconocer, por ejemplo, qué escala de multas deberían aplicar a los desmontadores seriales.
 

Bonasso junto a otros legisladores presentó en julio de 2008 un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que explicara cuáles eran las razones por las que no se había reglamentado la ley y cuál o cuáles fueron los organismos que provocaron el atraso. No sólo no obtuvieron respuesta sino que, dos meses más tarde, se enteraron de que en el proyecto de ley de presupuesto para 2009 no existía ninguna partida destinada a la implementación de la Ley de Bosques. Nada se hablaba allí de los cerca de mil millones de pesos anuales para distribuir entre las provincias que sancionen por ley provincial el ordenamiento territorial de sus bosques, compensar a los titulares que realicen tareas de conservación y manejo sostenible, y para fomentar las actividades productivas que los pequeños productores rurales y comunidades indígenas realizan en zonas boscosas.

A buen entendedor…
 

Actualmente las organizaciones ambientalistas siguen expresando su “profunda preocupación por el futuro de la Ley Nacional Nº 26.331, cuya operatividad se encuentra en crisis habida cuenta de que aún no ha sido reglamentada”. El último reclamo a la presidenta Cristina Kirchner de su urgente reglamentación apunta a evitar “que valiosas normas elaboradas con la finalidad de proteger el ambiente como así también las instituciones gubernamentales vinculadas a las mismas, se debiliten de modo irremediable”.
 

La falta de reglamentación hace que la discusión dada oportunamente en torno a la ley y el propio mandato de los legisladores está siendo ignorado, como así los esfuerzos realizados por algunas provincias en la definición del ordenamiento.
 

“Es sintomático que el Ejecutivo defienda a capa y espada el concepto de emergencia económica y no preste atención a la emergencia forestal que estamos padeciendo desde que se desató la fiebre de la soja en la Argentina”, dice Bonasso. Emergencia que es parte de una situación francamente crítica en casi todos los rubros que hacen a los recursos naturales y la preservación del ambiente.
 

La tardanza en la reglamentación de la ley traerá -como aseguran algunos especialistas- consecuencias judiciales. Porque la ley estableció una moratoria de un año, en el que no se puede efectuar nuevos desmontes, hasta que las provincias realicen un ordenamiento territorial. O sea, para que determinen en qué zonas no puede haber categóricamente desmontes, y en cuáles pueden actuar las topadoras sin objeciones. La demora consumió los 365 días de moratoria y aún hay provincias que no han realizado su ordenamiento territorial. “Esto podría dar pie a que los vivos que nunca faltan argumenten que se acabó el tiempo de veda y que pueden volver a desmontar alegremente”, explica Bonasso. Y lo admiten, sotto voce, en la propia Secretaría de Ambiente, donde siguen insistiendo que es inminente la promulgación del decreto, aunque ya muy pocos les crean.
Mientras tanto en algunas provincias el desmonte sigue adelante. En Salta, por tomar solo un ejemplo, Greenpeace le pidió al gobierno que modifique el mapa ambiental que permite el desmonte de 1,3 millones de hectáreas y denunció que la propuesta diseñada por los funcionarios de la provincia determinaría la completa desaparición de la región conocida como “El Impenetrable”.
 

La secretaria de Política Ambiental salteña, Cristina Camardelli minimizó la cuestión y explicó que “el mapa es meramente orientativo para la ley. Hay 5 o 6 mapas posibles dando vuelta”. Sin embargo, Camardelli evaluó que “es poco probable que el definitivo difiera mucho de éste, ya que su trazado permite seguir desmontando la provincia por diez años más si las cuencas lo toleran”, al rechazar que se pueda producir un daño irreversible.
Hernán Giardini, coordinador de campañas de Greenpeace no opina lo mismo. “En Salta las cosas se hicieron a la inversa, explica, el mapa elaborado nunca se presentó oficialmente y el Poder Legislativo aprobó una ley de ordenamiento territorial que no sólo modificó su espíritu, sino que lo hizo sin tener un mapa oficial en la mano, y ya las unidades consultoras, como el INTA y la Dirección de Parques Nacionales, no están más vinculadas al proyecto”.
 

Además los legisladores salteños -que proceden en su gran mayoría del romerismo- han votado una ley de ordenamiento territorial que autoriza al gobernador Juan Manuel Urtubey a presentar un mapa de posibles desmontes, tan amplio como su conciencia se lo permita. (Ver recuadro)
Los técnicos del Consejo Superior de la Universidad de Salta pidieron sin éxito al gobernador Juan Manuel Urtubey que vetara la ley porque “permite la continuidad indiscriminada de las actividades sin considerar el daño potencial para el ambiente”.
 

Los reclamos se sumaron al de un grupo de comunidades indígenas y de productores criollos, logrando que la  Corte Suprema de la Nación ordenara al gobierno de Salta detener los desmontes en el norte de la provincia. En la creciente tala de bosques nativos, en gran parte, reemplazados por cultivos de soja, Salta desmontó 414.934 hectáreas entre 2002 y 2006, un 113,45% más que entre 1998 y 2002.
 

Sin embargo ante la falta de efectividad del control por parte del gobierno provincial respecto a lo ordenado por la Suprema Corte, un grupo de caciques wichís que viven en el Departamento San Martín, están notificando a empresarios sojeros del fallo. “Conocemos a estos empresarios que se adueñan de nuestras tierras y sabemos cómo actúan, no les interesa la vida; sólo el dinero”, afirmó Antonio Cabana, cacique wichí de Tonono a COPENOA, la Agencia de Noticias del Norte Argentino. “Esto es tierra de nadie, y si no hay control no se darán por enterados de lo dictado por la Corte. Las topadoras siguen en las fincas y ellos hacen lo que quieren en los campos que están alambrados, en un día desmontan cientos de hectáreas de selva”, agrega Cabana, quien afronta más de 60 causas judiciales por reclamar la posesión ancestral de la tierra wichí y oponerse al desmonte indiscriminado, al “ecocidio”, como prefiere llamarlo el diputado Bonasso.


Alternativa interesada
 

El proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos para Bosques de los senadores Marcelo López Arias, Sonia Escudero y José Mayans y auspiciado por  la Fundación para el Desarrollo Sustentable del NOA (FUNDESNOA) fue presentado como una alternativa a la Ley Bonasso "que no vulnere los derechos de las provincias; no afecte la propiedad privada y tampoco frene el desarrollo agroganadero de vastas regiones del norte del país".
 

Para entender el interés de la fundación en que no se detengan los desmontes sólo basta conocer a algunos de sus integrantes: Banco Macro Bansud, Central Térmica Güemes, Refinería San Martín del Tabacal, Borax Argentina, Cooperativa Salteña de Tamberos, Minera del Altiplano, Compañía Agrícola Industrial Salteña, Salta Petrol y la Unión Cañeros Independientes de Salta y Jujuy, entre otros. Los acompañan en la campaña Fernando Fortuny,  presidente de Prograno, (Asociación de Productores de Granos del Norte y nuclea a productores de poroto, soja, maní, maíz y otros cultivos extensivos de la región NOA) y la titular de la Sociedad Rural Salteña, Milagros Patrón Costas.
 

“La principal amenaza contra el monte nativo no radica en el avance de las áreas cultivadas con soja, afirmó la gente de FUNDESNOA en un artículo publicado en al Tribuno de Salta,  sino en el sobrepastoreo sin manejo y la ausencia de ordenamiento territorial en vastas superficies donde la floresta se encuentra muy degradada".
 

Entre otras modificaciones -que van contra el espíritu de la ley original- se permite la prórroga por tres años de las autorizaciones ya otorgadas para el desmonte y el achicamiento de las áreas protegidas. El proyecto pone el acento en un conjunto muy acotado de áreas boscosas que cumplan con la particular definición de "bosques nativos protectores", con lo que queda absolutamente fuera de todo criterio de valoración global y ecoregional del resto de las masas boscosas y, por lo tanto, sin criterios de uso.
 

COMENTARIOS (18)

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nlUyQPfYz

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