Sábado 29 de Abril de 2017 - 04:21hs. - República Argentina Edición # 1660

Revista #19 Junio 2008 > Derechos Humanos

EL GENOCIDA EN CÁRCEL COMÚN

2010 en Córdoba: Juicio a Luciano Benjamín Menéndez. Entrevista a Claudio Orosz, uno de los abogados de Hijos y Familiares que llevó adelante la causa.


Por Liliana Díaz

Las pintadas en las paredes de Córdoba y los cartelitos en negocios y puestos de vendedores ambulantes piden “cárcel común para el genocida”. En la ciudad se palpita el juicio en el que la querella pidió prisión perpetua para el autor de crímenes de lesa humanidad. Luciano Benjamín Menéndez, un nombre que resume todo el horror de la última dictadura en Córdoba. En diálogo exclusivo con Revista 2010, Claudio Orosz abordó la importancia histórica de este juicio.

¿Quién es Luciano Benjamín Menéndez?

Es nada más y nada menos que un alto cuadro de las fuerzas armadas, pertenece a una familia que dio muchísimos cuadros militares en la Argentina, la gran mayoría mezclada con las peores páginas de la historia. Algunos integraron las fuerzas que participaron en la masacre de “La Patagonia Rebelde”. Otro de sus parientes, con estudios pagados por el Estado y la ciudadanía, se insurreccionó contra Perón en 1951 en la antesala del golpe del 55. Uno de sus sobrinos comandó y se rindió muy cobardemente en Malvinas en 1982. Menéndez fue, desde 1975 en adelante, el comandante del III Cuerpo de Ejército; fue quien organizó y pergeñó antes del golpe los Comandos Libertadores de América, así se llamaban las AAA en Córdoba. Lo que pretendía en aquella época era crear la situación que denominaron “terror negro”, es decir, una situación de intranquilidad e inestabilidad que culminara con el golpe, al mismo tiempo que eliminaban opositores políticos. Por ejemplo cuando secuestraron a toda la familia Pujadas y la mataron dinamitándola en un pozo. Se salvó sólo un niño al que dieron por muerto. La masacre de estudiantes bolivianos, peruanos y norteños de la Argentina en una pensión en enero del 76, innumerable cantidad de desaparecidos que luego aparecían muertos a la vera de los caminos, fundamentalmente cerca del Pan de Azúcar en Cosquín. Eso es lo que Menéndez hizo antes del golpe. A partir del 24 de marzo del 76, ya con la suma del poder público en Córdoba, fue el dueño y señor de la vida y de la muerte. Organizó el campo de concentración de La Perla, como ya lo había hecho con el de La Ribera, en el marco de un plan clandestino, ilegal y sistemático, eliminó a miles de cordobeses. Allí podían tener sine die detenidas-desaparecidas a las personas, someterlas a salvajes torturas con una metodología científicamente programada. En las causas de derechos humanos, con la intervención del Juzgado Federal Nº 3, se logró rescatar de la SIDE un material que supuestamente estaba quemado pero que se salvó, donde se explica la metodología de la tortura, qué se tenía que preguntar las primeras 3 horas…

¿Una suerte de instructivo para el personal que lo debía ejecutar?

Exactamente, era un instructivo del terror. Había que someter a salvajes torturas a los detenidos previo constatar que fuera un militante. A partir de ahí las primeras 3 horas había que pedir citas, domicilios, citas de control, si había armas en la casa, y posteriormente todo un proceso de interrogatorio constante para obtener el máximo de información, y cuando ya no se podía obtener información, su eliminación física.

¿Qué significa para la provincia de Córdoba haber llegado a esta instancia, en este particular contexto histórico?

Es la culminación de la lucha de los organismos de derechos humanos. Primero en soledad absoluta, 30 años atrás cuando la gente se cruzaba de vereda por esta temática, no te saludaba y se cuidaba de que tu nombre no estuviera en ninguna de sus agendas. Fundamentalmente en Córdoba, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por razones políticas que existe desde antes de marzo del 76. En Córdoba no existen las Madres, siempre madres y padres se nuclearon en Familiares. Luego la aparición de Hijos como un emergente muy dinámico, muy movilizador, como también Abuelas. La característica es que en Córdoba los organismos han llevado siempre políticas de consuno, bastante unificadas más allá de las diferencias habituales que incluso tienen que ver con el universo particular de cada uno. Fueron creando mucha conciencia y mucho consenso social, cultura sobre los derechos humanos, incluso en las últimas épocas con una fuerte presencia en la creación de políticas de estado como la Ley provincial de la Memoria que tuvo como consecuencia la creación del Archivo Provincial de la Memoria. Intervienen todos los organismos, la Justicia, la Universidad y el Poder Legislativo además del Ejecutivo. Nos permitió recuperar la D-2 donde funciona el Archivo provincial de la Memoria, hemos recuperado La Perla, donde próximamente va a haber inauguraciones. Desde la soledad absoluta, creando consenso, jamás tomando la justicia por propia mano, siempre peleando por memoria, verdad y justicia, creo que arribamos en un buen momento a la posibilidad de tener un juicio.

¿Pensaste que este momento iba a llegar, teniendo en cuenta que hasta hace muy poco teníamos las leyes del perdón?

Hubo un momento decisivo en la vida de las organizaciones. Cuando acá quedó obnubilada ante la imposibilidad de seguir adelante con las causas judiciales, los organismos, encabezados por Abuelas, Madres, el SerPaJ, el CELS no se quedaron con eso. Llevaron la problemática a nivel internacional. Así fue como en el año 92 salió un informe, el 28, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde claramente quedaba sentado que las leyes de obediencia debida, punto final e indultos eran contrarias a la Convención a la cual Argentina había adherido en 1984, es decir, con anterioridad al dictado de las dos leyes y del indulto. A partir de allí se abrió una expectativa en el campo internacional que culminó con la presentación que hace Madres Línea Fundadora, concretamente Aguier de Lapacó, quien pone en crisis al Estado argentino cuando dice, “bueno, ustedes nos cercenaron la posibilidad del descubrimiento de los responsables y de la aplicación de las penas, pero no me pueden negar a mí hacer cesar los efectos del delito: yo quiero que me digan dónde está el cuerpo de mi hija. Yo entiendo que no van a castigar a quien la secuestró, al que la torturó, al que la asesinó, pero por lo menos denme el cuerpo”. En un primer momento la Cámara Federal de Capital Federal dijo que sí, llegó a la Corte Suprema que dijo que no, casi en complicidad con las fuerzas armadas. Esta situación fue llevada de nuevo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en función de los reclamos individuales que permite el sistema interamericano de derechos humanos. Y cuando Argentina estaba al borde de la condena internacional, el gobierno decidió recurrir a uno de los remedios que tiene el sistema que se llama “solución amistosa”. Se comprometió a poner todos los medios necesarios a través de la justicia penal argentina a través de las Cámaras Federales de cada jurisdicción, para saber cuál había sido el destino final de los detenidos-desaparecidos.

¿Así nacieron los Juicios por la Verdad?

Así el Estado argentino se vio obligado a abrir los Juicios por la Verdad. Siempre nos venden que Menem abrió los juicios. No señor, Menem negoció ante la evidencia de que el Estado argentino iba a ser condenando. Menem jamás ha hecho algo a favor del pueblo. En función de esto comenzó toda una serie de medidas tendientes a hacer cumplir este compromiso internacional asumido por la Argentina. Se realizó una serie de allanamientos, secuestro de material y receptación de testimonios. En Córdoba no fue cumplido acabadamente el compromiso porque la Cámara Federal, que era una de las más reaccionarias de todo el país, lo derivó a un juzgado. Lo cual en la práctica terminó siendo realmente una gran suerte porque a partir del trabajo de la Fiscalía y del Juzgado Federal Nº 3 se permitió recolectar una serie de documentales que hoy en el juicio están siendo fundamentales. En el marco de esas investigaciones, los organismos de derechos humanos y el ministerio público fiscal, interpusimos pedidos de inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final y nulidad del indulto a Menéndez. En una primera instancia perdimos, pero fue como una derrota a medias. Nos dejó abiertas 413 causas que como no estaban dentro del indulto a Menéndez podíamos investigarlas. Y así es como nace la causa que llega a juicio hoy. La causa Brandalisi se inicia a partir de esta resolución de marzo de 2003, y en septiembre de ese año ya lo teníamos detenido a Menéndez. Así y todo en 2005 logramos también la inconstitucionalidad del indulto, lo que nos permitió la reapertura de todas las causas. En Córdoba desde el año 2000 estaban trabajando el Equipo Argentino de Antropología Forense y ARISTA, una ONG de Santa Fe y Entre Ríos que trabaja con la documental y permite que el equipo forense antes de ir a una tumba sepa todo lo que va a encontrar. En esta causa Brandalisi incluso tuvimos la suerte de poder encontrar los cuerpos de los fusilados, y en el caso de uno de ellos, justo la persona que representamos nosotros, ponerle a través del análisis de ADN el nombre y apellido y devolvérselo a la familia.

Habrá sido un momento impresionante…

En Córdoba hay más de una docena de identificados, cada uno de ellos ha sido conmocionante…

Hay un punto de inflexión en esto ¿no? De no saber nada a poder reconocer al familiar, tener una tumba, un lugar de referencia…

Recuerdo que en aquellos años, apenas llegó el equipo de Antropología Forense, había una gran discusión dentro de los organismos, porque por un lado estaba la necesidad de crear una cultura política, social y judicial de la necesidad del esclarecimiento de lo que los milicos habían hecho en este verdadero genocidio en Argentina, y la figura del detenido-desaparecido como eje central del sistema, y en consecuencia era muy difícil que el desaparecido de repente tuviera corporización. Era muy difícil de aceptar. El proceso fue conmocionante. Realmente espectacular. Todas las discusiones quedaron atrás cuando pudimos participar de la recuperación de los restos de una compañera Barrios. Acompañamos a sus hijos a recoger los restos, hacer el duelo, enterrarla. Fue como que cada uno recuperara un poquito, su amigo, pariente, papá, mamá, hermano o hijo que no está.

Incluso se va dando un cambio de lenguaje. Algunos compañeros no hablan ahora de los 30 mil desaparecidos sino de los fusilados, asesinados por la dictadura.

Lo que pasa es que la figura de la desaparición forzada de personas es una figura internacional creada por los franceses en Argelia, pero lamentablemente llevada como figura internacional por la dictadura argentina. Es la detención ilegal por parte del estado con la aquiescencia de los funcionarios públicos, de distintas personas, generalmente opositores políticos, y que el estado sistemáticamente se niega a responder cuál ha sido su suerte y cuál ha sido su destino. Nadie puede poner en discusión que los estados tengan la facultad de defenderse ante opciones políticas que pretenden llegar al poder a través de medios no predispuestos por la Constitución. Pero justamente la existencia del estado es para que tenga el monopolio de la fuerza pública y para que la use legalmente. La característica que adquirieron los estados en los 70, 80 y hasta fines del 90 es haberse transformado en estados criminales. Rompían la promesa que sus propias constituciones habían establecido en función de todos sus habitantes, esto es que el estado se vuelva delincuente, que se vuelva terrorista. Esto es lo que sucedió en Argentina. A esta altura tenemos la seguridad de que los compañeros han sido fusilados, masacrados y enterrados ilegalmente, sus restos en muchos casos ni siquiera pueden ser recuperados. En Córdoba tenemos tres testimonios que dicen que entre 1979 y 1980 hubo lo que se llamó las “disposiciones finales”: el desenterramiento de los cadáveres de los fusilados, su trituración y su esparcimiento en las salinas, en la frontera con La Rioja. Hasta ese nivel de saña tenemos, que incluso generó perturbaciones psicológicas en algunos altos oficiales del Ejército. Ese es el nivel del genocidio en Argentina, eso que la clase media y los sectores de poder quieren enterrar siempre debajo de la alfombra.

Hay un proceso que arrancó con Von Wernich en La Plata, siguió en Corrientes, luego aquí en Córdoba y al parecer continúa en Tucumán. ¿Qué pasa con la multiplicidad de civiles que han colaborado y cometido delitos de distinta naturaleza, se abre una etapa para comenzar también con su juzgamiento?

La querella y la denuncia que hizo la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación contra Martínez de Hoz, que es una causa que ya está funcionando, abre esa perspectiva. Nosotros creemos que no se puede pelear contra todos al mismo tiempo. Fuimos abriendo el vano de la puerta poco a poco. En marzo de 2003 nos quedaron 413 causas de los miles de cordobeses que habían sido desaparecidos, y así logramos este primer juicio. De cada una de las audiencias apenas sale una constancia o un elemento probatorio que permita relacionar a otro militar o a algún civil, nosotros lo hacemos constar en actas porque estamos dispuestos a que se investigue todo, queremos una justicia independiente que realmente se encargue de investigar el plan sistemático, clandestino, de eliminación de la oposición política en la que no sólo participaron los militares sino sectores de la sociedad civil, sectores encumbrados del poder económico, del poder religioso, sindical, y sectores encumbrados del poder político. Nunca nos vamos a olvidar de la cantidad de intendentes radicales que hubo durante el “proceso de reorganización nacional” en la Argentina, o los embajadores socialistas en la Unión Soviética. Pero que no nos olvidemos no significa necesariamente proceso penal. Sólo quienes hayan cometido delitos van a tener que pasar por ese camino de la justicia y esperamos que realmente suceda.

¿Cómo definirías la importancia del juicio, más allá incluso de la propia sentencia?

Más allá de la investigación de la verdad real, lo que sucedió, la atribución de responsabilidades individuales, el mensaje para Latinoamérica en general es muy importante. Hemos sufrido gobiernos dictatoriales y las clases dominantes en nuestros países son voraces y rapaces. El mensaje de que la impunidad, aunque pase el tiempo, no supervive, no sobrevive, es un buen mensaje para las generaciones futuras. Esto que sucedió respecto a quienes llevaron adelante el terrorismo de estado en Argentina, puede también implicar algún día un juicio para los que endeudaron a la República a niveles inconmensurables y encima cobraron coima, como Cavallo y compañía. Es el mensaje fundamental que nos están dejando nuestros queridos compañeros detenidos-desaparecidos: que luchando se puede.

Ni olvidos ni perdón

Luciano Benjamín Menéndez cumplió 81 años en medio del juicio. Si bien gozaba del beneficio de prisión domiciliaria por tener más de 70 años, en el transcurso del juicio estuvo detenido en el Casino de Oficiales del III Cuerpo de Ejército. La multitud estalló en lágrimas cuando el presidente del Tribunal leyó la sentencia: prisión perpetua y cárcel común para Menéndez. Lejos de arrepentirse reivindicó todo lo actuado y cuestionó que se castigue a los vencedores de una guerra. Atacó al gobierno diciendo que “los terroristas de los 70 están hoy en el poder”. Miles de cordobeses lloraron, se abrazaron y recordaron a tantos compañeros masacrados sin juicio ni ley. Esa noche, el genocida más feroz de la dictadura durmió en una cárcel común del servicio penitenciario de Córdoba.
 

COMENTARIOS (8)

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G1qPUeLomG

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