Domingo 26 de Marzo de 2017 - 17:41hs. - República Argentina Edición # 1626

Revista #38 Mayo 2010 > Derechos Humanos

Los derechos humanos en el Bicentenario de la Revolución de Mayo

De las montoneras federales a los desaparecidos. El genocidio como práctica recurrente de la clase dominante.


Por Federico Casiraghi*

El quiebre de la impunidad que gozaban los represores de la última dictadura militar hasta el año 2003 representa, sin lugar a dudas, un hito significativo en la formación de la conciencia nacional de los argentinos. La revalorización de la justicia, con eje en la multiplicación de las condenas, su difusión y el debate que instalan en el seno de la sociedad, nos habilita para desentrañar las realidades menos visibles del “Proceso” y recuperar el rumbo de nuestro destino colectivo. El fallo dictado el pasado 27 de abril por la Corte en la causa “Martínez de Hoz” avanza decididamente en ese sentido.

En efecto, la importancia tal vez más decisiva que tengan estos juicios sea su capacidad de desanudar una compleja madeja de relaciones simbólicas e interpersonales que han atado nuestras conciencias a la lógica perversa del Terrorismo de Estado y su devenir neoliberal. Es precisamente desde este lugar que pretendemos polemizar con la sociedad argentina, con aquellos abogados y abogadas del progresismo, del campo nacional y popular o de la izquierda (la nacional y la “abstracta”).

Hasta el momento, a los represores se los ha venido condenando por “crímenes de lesa humanidad”. Aunque explicar en profundidad el sentido de la figura exceda el alcance de esta nota, es importante puntualizar que alude a una serie de delitos cometidos por el Estado y sus funcionarios, o por civiles amparados por la estructura estatal (en términos del Estatuto de la Corte Penal Internacional: “de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer ese ataque o para promover esa política”), como parte de un ataque sistemático y generalizado contra una población civil. Si bien comprende una serie de actos de naturaleza inhumana, ninguno de estos hechos logra alcanzar la envergadura del “genocidio”, por sus características propias y por los efectos que este produce en los pueblos en donde es ejecutado.

La Convención para la Sanción y Prevención del Delito de Genocidio, acordada en el seno de la Organización de las Naciones Unidas en 1948, refiere que “se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal: a) Matanza de miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo”. Similar definición brinda el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Como podrá advertirse, estamos en presencia de un hecho social específico, un delito típico con características propias muy definidas, distinguido principalmente por la intención del que lo ejecuta de modificar la estructura de su sociedad, eliminando a un grupo que él percibe como “lo otro diferente”, y que es perpetrado bajo formas “evidentes”, como la matanza, o por otras sutiles, como la inoculación paulatina de una cultura propia del grupo opresor hacia el  grupo oprimido, o bien -por ejemplo- a través de la apropiación de niños.

Ahora bien, ¿por qué nuestros Tribunales vienen encuadrando mayoritariamente los delitos cometidos por la represión ilegal bajo la figura de “crímenes de lesa humanidad”, y desplazan una figura más trascendente como la del “genocidio”, que tiene una raigambre sociológica profunda, hundida en los meandros de nuestra historia nacional? ¿Por qué gran parte de la sociedad habla de los “genocidas” o del “genocidio”, y esa percepción social no se traslada al campo jurídico?

Tan sólo el juez Carlos Rozanski, entonces presidente del Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata, en sus ejemplares fallos dictados en las causas Etchecolatz y Von Wernich, y algunas sentencias aisladas o dictámenes del Ministerio Público en el interior del país se refieren a lo ocurrido en la Argentina como “genocidio”, lisa y llanamente. Las razones para que no pueda prevalecer esta interpretación son políticas. Y encuentran explicación en la derrota de los sectores populares a partir de la muerte de Juan Perón y en la revancha oligárquica que se impuso a sangre y fuego en 1976, y se extendió sin solución de continuidad hasta estallido de diciembre de 2001. A su vez, esta imposibilidad guarda una relación inescindible con la visión de nuestra propia historia, en el sentido de que aún no hemos sido capaces de derrumbar los mitos de la historiografía mitrista -en sus variantes de izquierda y de derecha-, lo que nos impide advertir que el genocidio ha sido una metodología recurrente de la clase dominante de Caseros en adelante.
De esa manera, lograríamos reconocer los antecedentes de lo ocurrido en el período 1976-1983 en las matanzas generalizadas de los pueblos del interior perpetradas por la dictadura mitrista, la eliminación de una parte sustancial de la población paraguaya en la Guerra Civil de la “Triple Infamia”, en la persecución y exterminio de los pueblos originarios en la “Conquista al Desierto”. Sólo una mirada histórica retrospectiva permitirá la visibilización del último genocidio nacional, en la medida en que seamos capaces de exorcizar los efectos que ha tenido sobre la sociedad a lo largo de ciento cincuenta años.

En ese marco, es relevante analizar la propia mirada de quienes en los distintos momentos de la historia encarnaron esta concepción genocida de la clase dominante. Por ejemplo, recrear a Bartolomé Mitre, cuando se regodeaba de la “guerra” que pensaba hacerles a las montoneras federales del interior: “Mi idea se resume en dos palabras. Quiero hacer en la Rioja una guerra de policía […] declarando ladrones a los montoneros, sin hacerles el honor de considerarlos como partidarios políticos ni elevar sus depredaciones al rango de reacción; lo que hay que hacer entonces es muy sencillo […]”. O reproducir a Domingo Faustino Sarmiento, que respondía a ese “llamado” y daba piedra libre a la furia de sus jefes sanguinarios: “La guerra civil establece los derechos de los sublevados a ser tratados con las consideraciones debidas al prisionero de guerra […]. Cuando no se conceden los derechos, entramos en el género de la guerra contra vándalos y piratas […]. Es permitido, entonces, quitarles la vida donde se les encuentre” (Correspondencia entre Mitre y Sarmiento, citada por Galasso, Norberto,  Felipe Varela y la Lucha por la Unión Latinoamericana, Colihue, Buenos Aires, 2010, pág. 38).

O bien, remitirnos a los “proyectos” del presidente Nicolás Avellaneda en relación con los pueblos originarios, en ocasión de presentar en sociedad el plan de “Conquista al Desierto”: “La guerra más expectable que ha presentado la América del Sur después de las de su independencia, tendrá en breve su último episodio (…) para ofrecerse al comercio, a la habitación y a la industria de todos los hombres” (Avellaneda, Mensaje en el Congreso Nacional. 1876). A su vez, en clara sintonía ideológica, el Coronel Manuel José Olascoaga, partícipe del exterminio, aludía poéticamente al traslado de prisioneros a las ciudades, finalizada la “Campaña” en cuestión: “…Ver entrar humilde y juiciosamente a las ciudades aquellas muchedumbres de indios de todas edades y sexos: distribuirse entre las familias, los establecimientos educación y de industria, instándolos inmediatamente en la vida civilizada, era el espectáculo más satisfactorio y moralizador que pudiera ofrecerse a un pueblo civilizado; la transformación patente de la barbarie en la civilización – el momento de la significación de la humanidad…” (Citado por Masés, Enrique H., Estado y Cuestión Indígena. El destino final de los indios sometidos en el sur del territorio, 1878-1910, Prometeo, Buenos Aires, 2002).

La misma matriz de pensamiento expresó al represor Jorge Rafael Videla, en abril de 1983, al referirse al informe final sobre desaparecidos dado a conocer por la última Junta Militar como “un acto de amor”,  y dictaminar que “El terrorista no sólo es considerado tal por matar con un arma o colocar una bomba, sino también por activar a través de ideas contrarias a nuestra civilización occidental y cristiana”.

En síntesis, siguiendo a Daniel Feierstein, “la caracterización de ‘grupo nacional’ es absolutamente válida para analizar los hechos ocurridos en la Argentina, dado que los perpetradores se proponen destruir un determinado tramado de las relaciones sociales en un Estado para producir una modificación lo suficientemente sustancial para alterar la vida del conjunto…El aniquilamiento en la argentina no es espontáneo, no es casual, no es irracional: se trata de la destrucción sistemática de una ‘parte sustancial’ del grupo nacional argentino, destinado a transformarlo como tal, a redefinir su modo de ser, sus relaciones sociales, su destino, su futuro” (Daniel Feierstein y Guillermo Levy. Hasta que la muerte nos separe. Prácticas sociales genocidas en América Latina, Ediciones Al margen, Buenos Aires, 2004, pág. 63/64).

Por lo demás, los juristas tampoco debemos olvidar que el Derecho Internacional -y dentro de él, el Derecho de los Derechos Humanos- es fundamentalmente consuetudinario, es decir, que se construye sobre la costumbre de los pueblos, y evoluciona dialécticamente sobre su propia conciencia histórica. Para los argentinos, parece haber llegado la hora de reconocernos en aquellos compatriotas que la clase dominante quiso eliminar, en tanto “grupos nacionales” incompatibles con su concepción “civilizadora y cristiana”. Identificarnos con ellos, con sus luchas, con los símbolos nacionales, populares y latinoamericanos, es el mejor antídoto para no desaparecer bajo los efectos persistentes del genocidio.

* Abogado Laboralista y de Derechos Humanos.
 

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