Domingo 26 de Marzo de 2017 - 17:39hs. - República Argentina Edición # 1626

Revista #14 Febrero 2008 > Derechos Humanos

UN GENOCIDA EN LA RURAL

Primer juicio en el interior. Entrevista a Mario Federico Bosch, abogado de las víctimas


Por Liliana Díaz

El 5 de febrero comenzó en Corrientes el primer juicio oral en el interior del país por causas vinculadas al genocidio cometido en la última dictadura militar luego de la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final. En la causa están acusados el ex jefe del Ejército Cristino Nicolaides (que está internado en un sanatorio de Córdoba) y los ex capitanes Juan Carlos De Marchi, Rafael Barreiro y Horacio Losito, el ex comandante de Gendarmería Roberto Reinoso y el ex suboficial de la misma fuerza Carlos Piriz. Cristino Nicolaides, de 82 años, cumple prisión domiciliaria en el Cerro de las Rosas, Córdoba, pero no concurre al juicio por encontrarse en “terapia intensiva”. El juez federal de Misiones, Ramón Claudio Chávez le dictó prisión preventiva a raíz de una causa entablada por Amelia Báez, Subsecretaria de Derechos Humanos de esa provincia por 23 casos de desaparición de ciudadanos misioneros mientras estaba a cargo de la subzona 23 del II cuerpo de Ejército que abarcaba Misiones, Chaco, Formosa y Corrientes.

Todos los acusados están procesados con prisión preventiva por las desapariciones de Juan Ramón Vargas, dirigente de las Ligas Agrarias, y Rómulo Gregorio Artieda, militante de la Juventud Peronista, además de 11 casos de privación ilegítima de la libertad, vejámenes y tormentos.

Se trata de un hecho histórico trascendente al ser la primera causa del país en que se juzga por un centro clandestino de manera integral lo que sienta un importante precedente para el resto de las causas.

Pero además porque muestra con claridad el blanqueamiento de muchos genocidas que aprovechando el andamiaje jurídico de la impunidad y la permisividad de ciertos sectores de la sociedad siguieron ocupando lugares de importancia en la comunidad, como si nada hubiera pasado.

Es el caso de Juan Carlos De Marchi, presidente de la Sociedad Rural de Corrientes hasta el momento de su detención en el marco de esta causa, cuya figura genera incluso gestos de adhesión y respaldo al punto de enfrentar a la sociedad correntina en la apertura de las audiencias.

Durante todos estos años seguramente muchos no quisieron ver lo que casi todos sabían, que en el Regimiento de Infantería 9 de Corrientes, donde actuaron todos los imputados, funcionó un centro clandestino de detención. Los detenidos eran alojados en unos boxes en el casino de soldados,  formados por caños estructurales y frazadas, y eran custodiados por soldados santiagueños, formoseños y chaqueños exclusivamente.

En la sala de audiencias de Corrientes comenzaron a escucharse los primeros testimonios desgarradores, contundentes, de los que lograron sobrevivir a violaciones, torturas y vejámenes de todo tipo. Los imputados, excepto Nicolaides, están presentes. De Marchi se considera un prisionero de guerra y “no sabe de qué se lo acusa”

De las implicancias profundas de este caso y de la reacción de la sociedad correntina hablamos con Mario Federico Bosch, miembro de Hijos Chaco, uno de los abogados de la querella entablada por los organismos de derechos humanos de Corrientes.

¿Cómo se llega a este juicio en Corrientes?

El juzgamiento en Corrientes tiene ribetes históricos. Primero porque es el primer juicio en el interior del país que llega a la etapa oral. Hay algunos puntos de inflexión: después de cerrada toda posibilidad de juzgamiento con la obediencia debida y punto final hubo distintas estrategias de los organismos que combatieron la impunidad. Algunas estrategias judiciales como la de Abuelas que encuentran una veta con la apropiación de niños, una cuestión que no estaba comprendida en las leyes. Otras utilizando al poder judicial como un elemento de deslegitimación de la dictadura, pero principalmente con lo que tenía que ver con la construcción del consenso social como son los Juicios por la Verdad, y desde Hijos y muchos otros sectores con el escrache como denuncia social a la impunidad. Y básicamente lo que estaba claro es que la impunidad no se derrotaba desde el laboratorio de la construcción jurídica, sino construyendo consenso para el juzgamiento en una sociedad que por momentos había sido apática, en algún momento había convalidado la impunidad y tuvo como prioridad vivir una supuesta bonanza del 1 a 1 con una mirada no comprometida. Los indultos del menemismo, punto final y obediencia debida pasaron rápidamente al olvido cuando la gente se podía ir a Europa o Miami…

Pero a partir de los Juicios por la Verdad se fueron reconstruyendo muchos casos y hay ahora una conciencia de la enormidad de cosas que todavía no sabemos…

La verdad es tan dura que hay muchos que todavía no están dispuestos a tolerarla. Por ejemplo cuando sale el fallo del juez Cavallo en la causa Poblete que declara por primera vez la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final en marzo de 2001, publica Clarín una encuesta en Buenos Aires según la cual el 76% de la sociedad porteña estaba de acuerdo con que se juzgara. La sociedad argentina no prioriza, pero comienza a cobrar conciencia la idea de que la verdad debe ser conocida y que las víctimas, sus familiares, tienen derecho tanto al conocimiento de la verdad como al juzgamiento de los hechos aberrantes. El caso Poblete marca un punto de inflexión: llega por vía del absurdo a juzgar por la apropiación de Claudia Poblete y no por la desaparición de sus padres, lo que fuerza a revisar todo el marco normativo con mucha profundidad a raíz del trabajo del CELS. Esto genera ese fallo que recoge todo lo que es el derecho internacional en cuestiones de derechos humanos y pone en crisis y evidencia la inconstitucionalidad de estas leyes que luego serían anuladas por el Congreso de la Nación.

Y a partir de ese proceso de construcción de consensos, ¿cómo ves el desarrollo del juicio en Corrientes, el primero en el interior después de la anulación de las leyes?

Tal vez llame la atención para el resto del país que en Corrientes se produjo una situación que no se daba en otros lados: hubo grupos de personas que fueron en apoyo a los genocidas. Ha sido sumamente meritorio, casi milagroso, el trabajo que llevaron adelante los familiares y los organismos de derechos humanos de Corrientes. La sociedad correntina es sumamente cerrada, conservadora. Aquí lo que causa revuelo social es que a quien se está juzgando entre otros, es al capitán De Marchi, que hasta ser detenido era presidente de la Sociedad Rural correntina. Este es un claro caso de blanqueamiento de genocidas que caminan por la calle y que fueron señalados a través del escrache para generar el repudio de la sociedad. En Corrientes sucede lo mismo que en Tucumán con el reciclamiento de Bussi, en su momento en el Chaco de Ruiz Palacios. Lo de Corrientes es realmente llamativo, una provincia oligárquica, ganadera y tradicionalista como Corrientes moviliza en defensa de quien reprimía en defensa de los intereses de su clase. Es mucho más patente la relación que hay entre represión y oligarquía y mucho más expresa. Entonces, que la sociedad correntina haya sido conmovida, que los organismos correntinos hayan logrado llegar a esta etapa juzgando al general Nicolaides, a dos coroneles, a otro oficial, un comandante general de gendarmería, es sumamente meritorio. Más allá de que en este juicio no se agotan las expectativas porque comprende nada más que una parte del universo de casos de desapariciones forzadas y tormentos de personas que pasaron por el Regimiento 9. Hay otros casos que todavía no han sido juzgados. Esto significa un avance difícil de conmensurar para quien no conoce la sociedad correntina. Es importante por ejemplo que los partidos tradicionalistas Autonomista y Liberal gobernaron durante más de un siglo con alternancia de poder donde el patrón de una estancia era liberal y el de la de al lado autonomista, y en el fondo cuando irrumpe el peronismo poniendo en crisis el establishment de la sociedad ganadera correntina terminan en una alianza con alternancia en el poder. Es mucho más complicado generar conciencia sobre estas cuestiones en una sociedad como la correntina. Por eso, más allá de las cuestiones jurídicas, desde lo social es sumamente importante.

Hubo también una ayudita externa: estuvo Cecilia Pando como en el juicio a Von Wernich.

Estuvo en una actitud totalmente provocadora. Son un anacronismo de la historia. Intentó un cruce de palabras con Tati Almeyda que con su entidad no se va a rebajar a eso… Intentó impedir que la hermana Pelloni ingresara a la sala. El defensor de uno de los acusados intentó que las Madres se quitaran los pañuelos, lo que el presidente del tribunal cortó en seco. Te imaginás que Videla no logró sacar el pañuelo a las Madres… Hubo gestos de provocación de los que han perdido ante la historia y la sociedad argentina. En tantos años de impunidad después de la barbarie del genocidio jamás hubo un hecho de venganza, una acción directa hacia ellos, lo que se reclamó siempre fue verdad y justicia. Hay mucha experiencia como para no caer en las provocaciones.

¿Qué expectativas hay con respecto a los resultados del juicio?

La prueba es contundente. Además de las desapariciones, los casos de tormentos y privaciones ilegales de la libertad, la identidad de uno de los desaparecidos, Rómulo Artieda, es confirmada con el Equipo Argentino de Antropología Forense en una exhumación de un cadáver encontrado en abril del 77 en la zona de Empedrado. Está probado que aquellos que lo tenían privado de su libertad son quienes le efectuaron dos disparos y lo mataron aprovechando el estado de indefensión en que lo habían colocado. Esto es homicidio agravado por alevosía, que conduce necesariamente como pena única a la prisión perpetua.  Para dos de los acusados en relación a este hecho sin duda la situación se va a agravar penalmente. En relación a los otros estimamos que las penas serán temporales, en el orden de los 20 o 25 años conforme a la cantidad de hechos que están absolutamente demostrados. Los defensores han planteado un sinnúmero de incidencias, todas fueron contestadas por parte del ministerio público y de las querellas, finalmente fueron todas rechazadas.

En el caso de De Marchi, ex presidente de la Sociedad Rural de Corrientes, ¿qué es lo que está probado?

Era capitán, oficial de inteligencia. Está probado que era uno de los que dirigían el centro clandestino de detención que funcionaba en el Regimiento 9, y su participación concreta en más de 11 secuestros, privaciones ilegales de la libertad agravadas por lo prolongadas en el tiempo, vejámenes y torturas. La de él es sin dudas una de las situaciones más complicadas. Además, la responsabilidad es mayor cuanto mayor es su responsabilidad. Es más aberrante cuando estos delitos son cometidos por personas que tienen un mayor rango de responsabilidad. El capitán De Marchi, más allá de los hechos en los que fue denunciado como el autor de los secuestros tenía poder de hecho, al igual que el general Nicolaides, que Losito y que Barreiro sobre la totalidad de los detenidos en el Regimiento 9 y que muchos otros militares de alto rango que hoy no están porque han fallecido, y otros porque sigue la investigación en relación a ellos. Además tenemos el caso de Losito, que además de estar imputado en esta causa está procesado como autor de la masacre de Margarita Belén por homicidio agravado de 11 hechos y 4 desapariciones forzadas de personas. La suerte de Losito está echada, con prueba testimonial, con prueba documental. Más allá de que aquí recibirá una fuerte condena, lo espera una prisión perpetua en el Chaco.

Seguramente ustedes en Hijos sabían hace mucho que el presidente de la Sociedad Rural de Corrientes tuvo semejante nivel de participación. ¿Qué sentían ante eso?

Sabíamos lo del presidente de la Rural, sabíamos que el ex juez federal de Santa Fe Bruzza asistía a los centros clandestinos de detención, teníamos blanqueados y en funciones a ex represores y genocidas en el Chaco. Cuando se hicieron acciones de escrache en Corrientes hemos acompañado. En el Chaco tenemos dos fiscales generales, uno renunció en diciembre cuando se elevó el jury por su participación en hechos de tortura pero hasta entonces estaba en ejercicio, siendo que estaban denunciados por su participación en la masacre de Margarita Belén. Se trata de Carlos Flores Leyes, a cargo de la Fiscalía de Primera Instancia Federal de Resistencia y Roberto Domingo Mazzoni, Fiscal de Cámara. Varios personajes que están presos en la causa Caballero son dueños de agencias de seguridad del Chaco, como la agencia de Cardozo o la de Manader por dar algunos ejemplos (Se refiere a SMG agencia que tiene a su cargo actualmente la vigilancia de la Brigada de Investigaciones, uno de sus propietarios, Gabino Manader, está procesado como autor material de la masacre de Margarita Belén). Es tanta la impunidad, son tantos los personajes reciclados que no nos da el tiempo siquiera para ocuparnos de todos los del Chaco. Los organismos correntinos han hecho acciones de señalamiento, escraches a este personaje. Es tan grande y tan transversal esta lucha…

Margarita Belén

Y continúa con las nuevas generaciones… ¿Cómo es el caso de Dafne que estuvo recién aquí con su hijo Nazareno?

Dafne era muy chiquita. Tenía 6 años recién cumplidos cuando sucedió. Hacía un tiempo prolongado que no veía a su papá que tuvo que pasar a la clandestinidad porque era fuertemente perseguido. Fue detenido en Misiones, traído a la Brigada de Investigaciones de Resistencia alrededor del 6 o 7 de diciembre del 76. El último recuerdo que Dafne tiene de él es en la Brigada, muy torturado. Fueron trasladados a la Alcaidía, y el 12 de diciembre fue muy fuertemente torturado, se finge un traslado a Formosa y el 13 fueron fusilados en la masacre de Margarita Belén. Su historia es como la de cualquier hijo de fusilado o desaparecido. Una historia que la sociedad a veces niega, a veces es apática, a veces habla mal de lo ocurrido. El caso de Dafne en particular, como muchos otros, ella supo desde muy chica lo que había pasado con su padre. Hay otras situaciones que no son iguales. Ella siempre fue acompañada, como su abuela, la madre de Carlos Zamudio que declaró en el Juicio a las Juntas. Es terrible a esa edad saber que lo fusilaron a tu viejo, pero también es terrible no saber qué pasó con tu viejo. La problemática de la desaparición no es ni más grave ni menos grave, inciden y te marcan de formas distintas. Chaco es una provincia más joven, culturalmente más abierta. Si bien aquí también los sectores de poder acompañaron la dictadura, cuando ocurre la masacre de Margarita Belén es un hecho demasiado expuesto, demasiado abierto. Las desapariciones en otras provincias eran más silenciosas. Aquí el 14 o 15 de diciembre ya todo el mundo sabía que los habían matado, más allá de no conocer los detalles de cuántos eran, quiénes eran, quiénes los mataron, nunca la sociedad chaqueña creyó las versiones oficiales de supuesto enfrentamiento donde fallecen todos los detenidos, todos los presuntos atacantes, personas presas en los centros clandestinos, y no resulta herido ningún militar. Es insostenible pensar que personas que eran trasladadas vendadas y esposadas pudieran participar de un enfrentamiento en un intento de fuga. Y hay tantas versiones encontradas provenientes del ejército sobre el número de víctimas, quiénes estaban prófugos, que muy rápidamente se supo que había sido una masacre. Esto fue un secreto a voces durante la dictadura. Ya desde 1983 todos los años se hacen importantes caravanas a Margarita, actos, hay una ley provincial que declara el día de la memoria, verdad y justicia con las banderas a media asta, está incorporado a los planes de estudios, se realizan trabajos en los colegios… Esto tiene que ver con la constancia de los familiares, pero también por eso señalo que es muy meritorio lo de la sociedad correntina, porque es más fácil  construir con un tejido social abierto como el chaqueño donde uno encuentra interlocutores que con un tejido social de una sociedad estrictamente conservadora donde hasta hoy se escucha en la radio cosas como “algo habrán hecho”.

¿Qué pensás de los discursos que aparecen nuevamente como el de la Vicejefa del gobierno porteño que opinó que se debería haber juzgado también a los guerrilleros?

Primero que nos digan dónde están. También escuché decir en la ciudad de Formosa que por qué no se juzga a los que coparon el Regimiento 29. Es cierto que hubo un enfrentamiento el 5 de octubre del 75, pero también es cierto que hubo algunos que cayeron muertos del lado de lo que eran las fuerzas populares combatientes, y otros fueron capturados con vida y ninguno fue puesto a disposición de la justicia, están desaparecidos. El cuerpo de Petraglia aparece en La Perla. Cómo se explica entonces que según los militares participó del copamiento y apareció muerto en La Perla. En realidad esto de pedir que si se juzga a unos también a los otros, esconde el discurso de pedir que no se juzgue a nadie. ¿Se nos ocurriría juzgar a Güemes, a San Martín, a French y Berutti? La violencia política es absolutamente distinta al terrorismo de estado. En un caso se ejerce desde grupos de particulares en contra del poder, en el otro caso se ejerce desde el poder, utilizando todos los resortes del estado de un modo ilegal. Esto marca una diferencia conceptual. Además tenían todos los resortes del poder, hubieran juzgado y encarcelado a cientos de argentinos. Hubo quienes fueron puestos a disposición de la justicia, una minoría entre los presos políticos, el resto simplemente no tenían causa. Esto es una payasada sinceramente.

Más allá de que se haya roto el dique de contención del andamiaje jurídico de la impunidad, ¿creés que se puede saldar el hecho de no saber dónde fueron a parar los restos de militantes, pero también de padres, hijos, amigos? Hay gente que sabe dónde están.

Sin dudas hay quienes saben dónde están los desaparecidos, los nietos que les faltan a las abuelas, los hermanos que faltan a sus hermanos. Vivir con la idea de tener un hermano apropiado es un calvario cotidiano. Esto va más allá del juzgamiento y es algo que ninguna reclusión perpetua puede reparar. Debe hacerse todos los esfuerzos para tratar de que de alguna forma se conmuevan los que tienen la información. Esta es una situación que a veces se vuelve desesperante. Está el caso de Amanda Mazón de Piérola, quien recorrió el mundo denunciando la impunidad, las desapariciones, desde su lugar que era el arte, desde su condición de muralista, desde su condición de madre de Fernando Gabriel Piérola, desaparecido en Margarita Belén, que llevó una lucha colectiva e individual. En sus últimos años envió múltiples cartas de lectores a ver si algún genocida al menos entendía su dolor de madre y no quería morir sin velar a su hijo, y es irreparable porque se murió y no pudo hacerlo.

Cenizas quedan

Diego Cazorla Artieda es sobrino del desaparecido correntino Rómulo Gregorio Artieda, uno de los hechos por los cuales se desarrolla el juicio en Corrientes. En honor a su tío escribe que “el 21 de abril de 2006 es publicada una carta en el diario El Litoral de Corrientes, de autoría de Juan Carlos De Marchi, el principal acusado de la causa que investiga la desaparición forzada de personas en el Ex -Regimiento de Infantería 9 de esa ciudad. En la misiva De Marchi (recordado por sus víctimas con el apelativo de “el electricista” por su destreza con la picana) se autodefine como “prisionero de guerra”.

Nuestros desaparecidos eran sometidos a vejámenes que no los asimilaban siquiera a los prisioneros de guerra (protegidos por la Convención de Ginebra y con ciertos derechos básicos).
De Marchi fue Presidente de la Sociedad Rural de Corrientes y funcionario de la Sociedad Rural Argentina hasta el momento de su detención, estaba inserto en la sociedad correntina, merced a las leyes de impunidad felizmente anuladas. ¿Cuántos De Marchis estarán insertos aún en nuestra sociedad, inconscientes de que la Dictadura Militar terminó hace más de dos décadas y con la misma caracterización de “los enemigos” que derivó en el genocidio?

Saludos a Pancho

"Los presidentes de la Sociedad Rural Argentina y de Corrientes, Luciano Miguens y Osvaldo Benítez Meabe, respectivamente, realizaron este domingo una reivindicación de Juan Carlos Demarchi, uno de los militares detenidos actualmente en la Liguria en la causa ex Regimiento de Infantería 9", decía el título de la información.

"Quiero enviar mi saludo desde aquí a Juan Carlos Demarchi, quien fuera un firme representante de esta institución y hoy se encuentra atravesando una situación difícil", dijo Osvaldo Benítez Meabe en su discurso de inauguración de la septuagésima edición de la Expo- Rural y "fue ovacionado por la gente que participaba del acto, en el que también se encontraba el gobernador de la provincia junto a funcionarios de su gabinete".

Por su parte, el titular de la Sociedad Rural Argentina, Luciano Miguens declaró su "total apoyo" a las palabras de Meabe cuando le llegó el turno de realizar su discurso en el acto. 'También nosotros apoyamos a Juan Carlos Demarchi, una persona honorable que también integra nuestra casa", señaló en referencia al ex militar.

-Voy a reiterarlo cuantas veces se quiera y voy a apoyarlo cuantas veces sea necesario. Es un hombre de bien, ha sido nuestro presidente y ha aportado a nuestra institución con su trabajo -remarcó Meabe, presidente de la Rural de Corrientes en torno al genocida.” 22 de agosto de 2005.


 

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