Lunes 21 de Agosto de 2017 - 14:47hs. - República Argentina Edición # 1774

Revista #16 Marzo 2008 > Economía

UN PROBLEMA DE INTERESES

LA INFLACIÓN


Por Daniel Víctor Sosa

El paso del joven Martín Lousteau por el Ministerio de Economía será largamente recordado, por múltiples motivos. Entre ellos, la creación del esquema de retenciones móviles a la exportación de granos. Pero hay ciertos asuntos que el mega-poder empresario (y sus voceros institucionales en la política y los medios) procura que caigan en el olvido, tan pronto como sea posible. Se trata de determinados puntos de su “carta de despedida”, en los que se vincula la creciente remarcación de precios con la profundización de la estructura oligopólica (los “mercados”, según la terminología eufemística al uso).

Lousteau dejó trascender, el mismo día en que se tramitaba su renuncia, un documento con propuestas de medidas anti-inflacionarias. De ese conjunto de iniciativas, los grandes diarios (seguidos por sus radios, canales de TV y sitios de Internet) dieron fuerte difusión sólo a una parte. En particular, los consejos que fueron interpretados como una tentativa de enfriamiento de la economía, y que se refirieron concretamente a:

  1. No reabrir las negociaciones salariales ya pactadas este año, y cerrar las que restan, con una pauta similar.
  2. Recortar partidas de subsidios por unos 4.500 millones de pesos (20% de las partidas incluidas en el Presupuesto de este año) mediante aumentos en las tarifas de gas y electricidad para sectores de alto poder adquisitivo.
  3. Sujetar el gasto en obra pública e infraestructura a lo presupuestado, ante presuntos desbordes en que estaría incurriendo el ministro Julio de Vido.
  4. Cesar la “intervención” en el INDEC y dar paso en el organismo a un equipo idóneo, para recuperar la credibilidad de las mediciones sobre variación de precios.

Desde luego, cada uno de esos puntos conlleva una polémica propia. Más cuando uno de los principales motivos del recambio en el Palacio de Hacienda tuvo que ver con el salto que pegó la inflación en marzo y abril. Y como no se trata de una discusión abstracta, intervienen en ella desde el nuevo ministro de Economía, Carlos Fernández, hasta los representantes de los asalariados; desde las compañías concesionarias de servicios energéticos y las petroleras, hasta los grandes contratistas del Estado.

Pero ese debate sería incompleto si no se incluyeran otros aspectos que lucieron tanto o más preocupantes que los anteriores en la carta de Lousteau. Vale la pena la transcripción textual:

“Los márgenes de los supermercados crecieron muy fuertemente en los últimos años. En la actualidad, son entre dos y tres veces superiores a los de otros países, incluidos los de la región. La Secretaría de Comercio debería concentrarse casi con exclusividad en este tema, que alienta la inflación e impacta directamente en la capacidad de consumo de la gente”.

“El modo más efectivo de mantener el poder de compra de alimentos por parte de la gente, que es donde la inflación se siente más, es cerrar un acuerdo de fuerte reducción de márgenes de los mismos con los supermercados. Hay que actuar con Defensa de la Competencia para controlar que no esté habiendo abusos y también cerrar con los productores, que en muchos casos etiquetan directamente los productos para los supermercados (…)”.

“(Debe actualizarse) el estudio de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia del nivel de concentración y abuso de mercado existente en los quince principales sectores de insumos industriales. La comercialización de estos insumos (entre los que se cuentan el acero, el aluminio, el cemento, el vidrio, la química básica, el petróleo, los envases de hojalata, los cables, etc.), donde el poder de mercado es grande, es fundamental para la construcción de los precios de un amplísimo sector de la economía. En 1997 se realizó un estudio muy amplio, que es necesario actualizar para analizar posibles cursos de acción”.

La gran pulseada

La discusión técnica y política sólo podrá avanzar cuando se pongan estos y otros puntos en la mesa, algunos de los cuales no figuraron en el documento de Lousteau. Lo que no se podrá hacer es obviar el problema, que será sin duda materia de una dura pulseada en los próximos meses.

El cuadro de situación, para muchos analistas, empieza a ser dramático, porque afecta a los segmentos sociales más desprotegidos. Diez millones de personas habrían perdido, al calor de las subas de precios de los últimos meses, las chances de salir de la pobreza. Peor aún, el flagelo, en lugar de reducirse, se habría ensanchado y afectaría hoy a dos millones más, desde fines del año pasado. Eso afirman especialistas como el sociólogo Artemio López y otros que ven el dilema principal en el encarecimiento de los productos de la canasta alimentaria básica.   

El lock out de los empresarios del campo, con su secuela de desabastecimiento, fue responsable en gran medida del agravamiento de la situación en marzo-abril. Pero hay que reconocer que otros factores venían empujando desde antes. De allí que el propio INDEC haya reconocido que el índice de precios nacional (sin incluir el registro metropolitano, al que se le atribuyen graves distorsiones) subió 2,6% en marzo y 14,9% en los últimos doce meses. Los casos más notorios en el tercer mes del año fueron los de Santa Fe (con un alza de 4,2% en el nivel general), San Luis (4,1%, y 7,5% para alimentos y bebidas), Neuquén (no incluida en el relevamiento nacional, 2,1%) y Tucumán (2%).

De este modo, el ranking anual hasta marzo lo encabezaban Neuquén, con 34,6%; San Luis (28,4%); Mendoza, 17,2%); Santa Fe (16,2%); y Córdoba (12%), todas muy por encima del promedio nacional (10,6%) y de la Ciudad de Buenos Aires (8,6%).

Como se ve, cualquiera sea el punto geográfico en que se quiera situar la controversia, está claro que existe una fuerte puja -intersectorial e intra segmentos sociales- por lograr un mejor posicionamiento. Esa disputa es mucho más extensa y compleja que la que se ve en el litigio campo-gobierno, dado que existen cuestiones de alcance superior al mero reparto coyuntural de unos ingresos hoy crecientes.

Los riesgos

La ambición por quedarse con rentas extraordinarias que provienen de alzas en las cotizaciones externas (de granos, lácteos, carne, petróleo, etc.) es un tema de libro, que incluye extremos de súper ganancias extraordinarias para grupos oligopólicos y súbitas pauperizaciones de millones de habitantes vulnerables. Por eso los Estados intervienen en cada caso, de acuerdo con sus tradiciones y signos políticos.

En la batalla que se libra en la Argentina actual, sería ilusorio suponer que los sectores concentrados del agro, la industria, el comercio, la banca, etc. van a aportar en forma solidaria a un esquema que apunte a morigerar el impacto sobre los sectores de menores recursos, y redistribuir la riqueza acumulada durante decenios y los reforzados ingresos del presente.

El gobierno, en esta encrucijada, verá reducir radicalmente su espacio de maniobra si se limita a pronunciar discursos altisonantes sin modificar aspectos estructurales, sin tomar medidas de fondo. Esas definiciones, aunque se las pretenda obviar, son urgentes, por cuanto la inflación va mellando las bases del modelo vigente, en el mismo movimiento que  convalida escabrosas maniobras de acumulación empresaria.

Es cierto que, de momento, no parece haber riesgos de espiralización de los incrementos de precios, como ocurrió en los años 80. Economistas reputados como Carlos Melconian (ex candidato a senador porteño por el PRO) aseguran que el fenómeno, por ahora, quedó ceñido a estacionarse en un piso más alto con tendencia al alza. Señalan, con todo, que lo previsible es un extenso período de “alta inflación”, similar al de otros períodos históricos de la Argentina.

Los temidos desbordes no ocurrirían mientras se mantienen las “anclas” en la política monetaria (una emisión bajo control) y fiscal (un ahorro público que rondaría este año el récord de 4% del producto bruto interno). Sin embargo, hay muchos –especialmente en el elenco neoliberal- que recomiendan avanzar aún más (mucho más) en esos frentes.

Son, justamente, los que creen necesario “enfriar” la economía, reducir el ritmo de crecimiento a 5 o 6% anual (frente al 7% que todavía se proyecta en el promedio de los pronósticos privados para este año). Para eso recomiendan un importante ajuste en el gasto estatal y subas de tarifas, que reducirían el peso de los subsidios. Sugieren además un apretón monetario vía encarecimiento de los créditos y, por supuesto, congelamiento de salarios.

Retenida la demanda interna,  dicen esos “guías del buen camino”, se frenaría la presión sobre los precios, mientras el Estado elevaría su margen para pagar los altos vencimientos de deuda de 2008-2001 y renacería la confianza inversora.

Desde luego, en este esfuerzo habría ganadores y perdedores. Un amesetamiento de la actividad, por caso, tendría un claro reflejo en la rentabilidad empresaria, aunque más relevante sería la menor creación de puestos laborales.

Las decisiones   

Entre las muchas decisiones a las que se enfrenta el ministro Carlos Fernández figura asimismo la del nivel del tipo de cambio. Precisamente, ese motor de la competitividad local se ve desgastado en forma permanente por la inflación. La suba permanente de costos es una de las argumentaciones preferidas del empresariado agrícola. Los industriales, en tanto, vienen siendo ampliamente beneficiados con el avance del euro frente al dólar  y la revaluación del real brasileño, que hace más competitivos los productos locales en Europa y en el socio del Mercosur.

Pero en cualquier caso, tocar la paridad entre el dólar y el peso no sería posible sin echar leña al fuego a la suba de precios. De allí que la mayoría de los pronósticos (y los encargos del propio Lousteau) hablan de la necesidad de no exceder el nivel de 3,25 a 3,30 pesos por cada unidad de la moneda estadounidense, hacia fines de año.

Como demostró la “mini corrida” que rodeó la caída del ex ministro, no es momento para generar desconfianza y hacer que la gente se vuelque hacia el dólar.

Ahora bien, ante una inflación inquietante pero no explosiva, no pocos analistas (en particular los vinculados a centros de estudios de universidades nacionales, entidades gremiales y de PyME) creen que pueden explorarse caminos nuevos para anclar las expectativas.

De hecho, el problema en esta cuestión nunca fue técnico, sino político. Y si las fórmulas que hoy se escuchan desde la derecha política, mediática y empresarial son similares a las que siempre recetó el Fondo Monetario Internacional, nada obliga a mantener esquemas que invariablemente dañaron a los sectores populares y pusieron en peligro la integración social.

A esos fines ayudaría una decidida desconcentración (y, por qué no, des-extranjerización) de la economía. Como demostró la experiencia reciente, los recursos locales y la creciente incorporación al consumo de millones de trabajadores dieron pie a un crecimiento nunca visto en la historia. El paso siguiente exige un mayor espacio de maniobra y autonomía, seguir alejándose de los viejos catálogos  




 

COMENTARIOS (2)

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