Domingo 26 de Marzo de 2017 - 17:54hs. - República Argentina Edición # 1626

Revista #15 Marzo 2008 > Economía

ANGURRIENTOS

La exagerada reacción del campo en defensa de sus ganancias hiper-extraordinarias


Por Daniel Víctor Sosa

Hace cinco años, Cristina Fernández ocupaba una banca en el Senado y Roberto Lavagna era ministro de Economía de Eduardo Duhalde. Por esos días de 2003 nada hacía pensar en que se estaba inaugurando un sexenio de crecimiento, a una tasa cercana al 9% anual. Ya entonces, la dirigencia del sector agropecuario –uno de los ganadores del nuevo modelo- clamaba contra las retenciones a la exportación de sus productos. Para descalificarlos, Lavagna los tildó de “angurrientos”, por no conformarse con recibir tres pesos en vez de uno, como cobraban en los 90, por cada grano enviado al exterior.

La soja cotizaba en aquel tiempo a 470 pesos la tonelada, menos de la mitad del precio actual. Pero evidentemente era buen negocio, y así lo entendieron los productores que desde aquel momento destinaron crecientes extensiones de tierra al cultivo. Se desplazaron así otros cultivos y tropillas de ganado, se sembró hasta en el borde de las rutas e inclusive se deforestaron bosques para abrir paso a los laboreos agrícolas. El desahogo financiero, el buen clima, una dosis de reinversión en maquinaria, novedades genéticas y la imparable demanda asiática sustentaron luego las fabulosas cosechas de cereales, oleaginosas… y de ganancias. Hasta que pasó lo que pasó.

El 10 de noviembre, días antes de dejar la posta a Cristina, Néstor Kirchner aplicó una suba a las retenciones de la soja y sus derivados (también a la exportación de hidrocarburos y productos minerales). Se entendió, entre los analistas de la economía, que la medida apuntaba a reforzar el alicaído superávit fiscal, erosionado durante el año electoral. La disposición fue aceptada y no causó inconvenientes, en parte porque coincidió con un momento de repunte de las cotizaciones. El grano de soja disponible en Rosario estaba en 760 pesos la tonelada, pero cerró el mes en 820. Y diciembre iba a ser todavía mejor: 2007 concluyó con valores por encima de los 900 pesos la tonelada. La fiesta continuó en enero y febrero, hasta los increíbles 1.150 pesos. Fue en ese contexto que nació el resistido esquema de retenciones móviles.

El tremendismo de la dirigencia del campo se sumó a la habitual exageración mediática. El diario “Ámbito Financiero” habló en su tapa de una “reforma agraria encubierta”. El analista –y productor agropecuario- Mariano Grondona comparó las protestas con las realizadas ante el Plan Gelbard, en 1973-74. Y forzó un símil entre aquellos supuestos (y los actuales) “campesinos harapientos” y los de la Revolución Francesa (?). El director del suplemento “Clarín Rural”, Héctor Huergo (titular, además, de la Asociación Argentina de Biocombustibles) se extremó en sus diatribas. Lo menos que afirmó fue que la política gubernamental está dictada por ignorantes-ambiciosos, que ponen en serio riesgo la gallina de los huevos de oro. Carlos Melconian –frustrado postulante al Senado por el PRO porteño- aseguró por su parte que el campo quedó “herido de muerte” por la voracidad fiscal.
    
Tanta ira, sin embargo, contrasta con la calma que mostraban todos ellos –incluidos el diario “La Nación” y los variados sitios web dedicados al sector- al despuntar 2008. La cadena sectorial contaba en los primeros días de enero las abultadas ganancias que le estaba reportando una cosecha que ya pintaba para récord absoluto. Se marchaba con entusiasmo a la auto-glorificación de la fastuosa ExpoAgro (organizada a comienzos de marzo en Armstrong, Santa Fe, por ese matutino en sociedad con “Clarín”). La super-rentabilidad era un hecho, y encima las cotizaciones en Chicago se empinaban hasta extremos insólitos. Muchos creyeron que iban a quedarse con todo, dueños una vez más de los beneficios de la renta extraordinaria llovida de China. Fuera del espacio y el tiempo, solitarios en la burbuja del tesoro.

Todos somos el campo

Lástima. No están apenas ellos y las llanuras cultivadas. Ese paisaje, en rigor, forma parte de un país en el que existe también casi un quinto de la población en condiciones de pobreza y varios millones de habitantes sin trabajo. Y muchos más (el 90% que no es productor, ni familiar directo, ni se vincula indirectamente con el agro), que vive con crudeza el riesgo de tener que pagar más caros los alimentos. Es decir, de transferir más recursos a quienes ya se vienen enriqueciendo hace años. Claro que esas “exacciones” a los consumidores (tanto más gravosas cuanto menos recursos se tengan) no son las que preocupan a los grandes agricultores. Ni las históricas postergaciones sociales, en beneficio de esos pocos mega-propietarios de tierras o grandes arrendadores, que son apenas una ínfima porción de los aproximadamente 380 mil productores censados. Pero que en el reciente paro supieron auparse sobre las genuinas demandas de decenas de miles de minifundistas o familias chacareras con esquemas de mera subsistencia.

Desde luego, la carga indiscriminada de las retenciones sobre el conjunto del agro le añadió fuerza a la protesta convocada por la dirigencia. Distinto hubiera sido el cantar si se hubiera separado la paja del trigo. Es decir, si se hubiese aprovechado la oportunidad para dar un paso más claro hacia la redistribución de la riqueza. Lo que sólo puede lograrse en la medida en que favorezcan transferencias desde los grandes ganadores del nuevo modelo rural hacia aquellos que a duras penas ganan lo suficiente para mantenerse en pie. Algunos entienden que, en el campo, eso se llama reforma agraria integral (la Federación Agraria, economistas del Plan Fénix y la Central de Trabajadores Argentinos, entre otros). Ese cambio tan moderno que se aplicó, o se aplica aún hoy, en muchos países desarrollados, podría complementarse con una profunda reforma tributaria de signo progresivo, para que los más ricos tributen más. Pero no ha sido ese el estilo del kirchnerismo, acostumbrado a operar sobre una marea que presuntamente sube para todos por igual.

El caso, vale recordar, es que en los últimos años el negocio del campo se basó tanto en la innovación tecnológica (incorporación de un paquete tecnológico centrado en los transgénicos, procesos de siembra directa, etc.) como en la creación de condiciones internas propicias por parte del Estado. Es decir, con el aporte de la sociedad en su conjunto. Todos pagamos la refinanciación de deudas que acarreaba el agro en 2002 (de lo contrario se hubieran rematado miles de propiedades). Todos sustentamos el tipo de cambio elevado que –hace ya siete años- hace super rentables los cultivos. Todos sostenemos al Tesoro, que subsidia el precio del gasoil y de los fertilizantes. Todos sacamos algo (¿demasiado?) de nuestro bolsillo para que se puedan conceder compensaciones a distintas actividades agropecuarias. Compensaciones que, dicho sea de paso, fueron en casi dos tercios hacia una decena de empresas. Las más conocidas, acaso, sean  La Serenísima, Molinos Cañuelas, Molinos Río de la Plata, Aceitera General Deheza, Cargill, etcétera. También somos todos los que pagamos alimentos relativamente caros (cuando la abundancia real justificaría su abaratamiento) en beneficio de los productores. Todos financiamos además los organismos técnicos (INTA, Senasa, Oncca, etc.) que respaldan la productividad de las chacras. De modo que no parece tan inequitativo que, por una vez, se busque evitar un mayor desequilibrio en el reparto de una utilidad extraordinaria específica.    

De esa magnífica plus ganancia dan cuenta los vertiginosos movimientos recientes. Conviene no perder de vista esos saltos en los precios para hacerse una composición de lugar. En apenas cinco meses el valor internacional del complejo soja (grano, harina y aceite) subió 200 dólares: de 350 en octubre de 2007 a 550 en febrero / marzo. Un salto equivalente a lo que valió en promedio durante cincuenta años (230 dólares), según precisó una consultora con corazón puesto en lo más concentrado de la economía en general y del agro en particular: la del ya mencionado Melconian. No hace tanto tiempo, durante la gestión de Fernando de la Rúa (2000-2001), el valor de la soja en dólares por tonelada puesta en los puertos argentinos era de 180 dólares. Cuando asumió Néstor Kirchner ya estaba en 235, pero un año después había ascendido a 270 y hacia fines de 2004 trepó a 450 dólares. Con Cristina, como se sabe, continuó la suerte y el precio a comienzos de marzo llegaba a 550 dólares (600 si vemos cómo terminó el mes). Algo parecido ocurrió con el maíz y el girasol.

Gracias a ese envión de precios y de producción, este año el valor de la producción sojera puede rondar los 26 mil millones de dólares, una magnitud ocho veces mayor que en el mejor momento de precios de los años 90. Otro economista que brilla en la City por sus posiciones neoliberales, Miguel Angel Broda, estimó el valor bruto de la producción agrícola de este año en 39 mil millones de dólares, es decir, 160% más que si se valuara a los precios de 2002. Las exportaciones del sector, en tanto, llegarían a 31.200 millones de dólares, mientras a los buenos precios de 2007 serían de sólo 18.800 millones (a los valores de 2002 los envíos de granos apenas alcanzarían a 12.400 millones). Frente a esa catarata de dinero, las retenciones que calculaba cobrar el fisco con las retenciones móviles (no se sabe si finalmente se aplicarán tal como se habían anunciado) hubieran ascendido a 14 mil millones de dólares. Además, como la tendencia sigue siendo alcista, se calcula que cada 100 dólares que aumenta el precio internacional del complejo soja, las exportaciones suben cinco mil millones de la misma moneda. Esas son las porciones por las que lucha el campo (vale reiterar: los pocos que se quedan con la parte del león y el chiquitaje que abriga ilusiones de mejorar su situación con el sobrante).

El paro del campo, y la negociación que se abría al cierre de esta edición entre sus dirigentes y el gobierno, cambió el panorama. Pero ya se descontaba que una parte de esos recursos fiscales extra (habrá que ver en qué magnitud quedan), volverían al agro (muy probablemente con preferencia para beneficio de pequeños productores) en forma de nuevos subsidios, créditos a tasa negativa, exenciones tributarias y otras medidas de estímulo. Es previsible asimismo que la ganadería y los tambos, así como los productores avícolas y de cerdo, reciban tales cuotas, que no estaban previstas en sus cálculos iniciales.

Pero en cualquier caso, las retenciones seguirán reforzando las cuentas públicas, sin que eso signifique que los impuestos a las exportaciones se hayan convertido en una pieza tributaria central. Posiblemente al terminar este año no superen 14% del total de los recursos tributarios (fueron poco más de 10% en 2007). El IVA, que pagan todos los argentinos, sigue siendo el principal gravamen, mientras otra contribución sustancial proviene de los aportes jubilatorios, que se descuentan de los salarios de los trabajadores formales.

Algunos de los objetivos del resistido esquema de retenciones móviles seguirán en pie. Por caso, la necesidad de evitar la profundización del monocultivo sojero, que hoy conspira contra la producción de alimentos básicos (trigo, maíz, carne, leche). El ministro Martín Lousteau sigue pensando que el 11 de marzo sólo se trató de poner en marcha un mecanismo para reducir los efectos indeseados de un agronegocio que, sin duda, cobró dimensiones impensadas. Y las presiones inflacionarias provenientes del sector alimentos continúan. Por eso, como pocas veces, quedó claro que se trata de una distribución de ganancias y pérdidas. O más precisamente, de la posibilidad de socializar beneficios extraordinarios. Claro que esta es una discusión que sigue abierta, y en la que, lamentablemente, todavía abundan los "angurrientos" de los que hablaba Lavagna.
 

COMENTARIOS (5)

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crorkz

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