Viernes 23 de Junio de 2017 - 10:46hs. - República Argentina Edición # 1715

Revista #23 Noviembre 2008 > Economía

ENTRE LA VORACIDAD Y EL LAVADO

"Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores: la experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia parece así como propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas". Rodolfo Walsh


Por Adrián González

El Gobierno acaba de anunciar un plan anticrisis con el objetivo de mantener la actividad económica, la producción y el empleo. Todo ello a la luz de los primeros cimbronazos con que la debacle mundial sacude al barco del crecimiento y los buenos números que viene anunciando el desempleo.

Nótese que a diferencia del rescate en Estados Unidos,  donde la centralidad está puesta en salvaguardar el sistema financiero, aquí el estertor no golpea a los bancos que están sólidos y solventes, sino en el círculo virtuoso que venía mostrando la economía local.

Si la economía mundial se enfría o entra en recesión como ocurrió ya en algunos países, Argentina venderá menos al exterior, lo que sumado a la baja de los precios internacionales de los productos que exportamos supondrá un menor superávit comercial, y por consiguiente tendrá su correlato en los ingresos fiscales.

Los empresarios, previendo un panorama complicado, hicieron lo que siempre hacen los empresarios: piden al Estado beneficios impositivos y amenazan con despedir  o suspender empleados. Es decir, reaccionan a través de la víscera más sensible: el bolsillo. La imaginación no es su fuerte, eso ha quedado demostrado.

Siempre ganadores

Está claro también que fueron empresarios los ganadores del modelo aplicado a partir de la salida de la convertibilidad: a las exportadoras les permitió vender en dólares y pagar en pesos y a las dedicadas al consumo doméstico, una oportunidad de sustituir importaciones que reactivó el consumo, generó trabajo y por supuesto jugosas ganancias.

Despedir empleados o suspenderlos, implicaría que cada peso de salario caído resulte un peso menos destinado al consumo y a la posibilidad de producir más bienes y servicios para ese consumo, lo que en definitiva no hace otra cosa que fomentar otro círculo, pero es ente caso viciado. Es decir, despedir en este momento se asemeja más a un suicidio que a una maniobra para no ceder una porción de rentabilidad.

Las medidas anunciadas recientemente, además de incentivar la oferta y la demanda de bienes y servicios, dedicaron una buena parte al blanqueo de trabajadores en negro, con condonación de deuda incluida para PYMES y rebajas de contribuciones patronales para los nuevos empleos.

Un aparte merece el concepto de rebaja de contribuciones patronales. El diputado Federico Pinedo del PRO, sostuvo que este mismo plan fue puesto en práctica por el ex ministro de economía Domingo Cavallo y que no dio resultado. No se sabe si Pinedo lo hizo por desconocimiento o simplemente se trató de una chicana opositora.

Cavallo lo estableció para todos los empleos existentes, no sólo para los nuevos, con lo cual no sólo desfinanció al Estado en un rubro sensible como la Seguridad Social, sino que el país terminó con un 24% de desocupación y un 49% de empleo informal, cuando se nos dijo que la medida iría precisamente en sentido contrario. Esto permitió que el empresariado se alzara con unos $ 30 mil millones (pesos/dólares por entonces) entre 1995 y el 2001, que pasaron a engrosar las arcas privadas sin que nunca se pidiera explicación de nada.

Le dicen “negro”, pero es ilegal

El trabajo en negro es un mal endémico en Argentina, y debe considerárselo un flagelo. Es cierto que ha disminuido notoriamente, pero aún es una buena forma para que los empresarios laven la otra evasión a través del trabajador no registrado.

Ciertamente, para que alguien pueda pagar un salario en negro, deberá tener dinero no registrado producto de una sucesiva evasión en la cadena de comercialización. Este dinero utilizado para saldar salarios es blanqueado a través del trabajador que al gastarlo paga impuestos (cuando compra en un supermercado o paga la factura de los servicios públicos, por ejemplo).

De esta forma cambia en forma inmediata de una categoría a otra: del circuito ilegal al legal, cuyo costo es asumido por quien debe hacerse cargo de la cuestión impositiva: el empleado.

En nuestro país quedan todavía unos 4,5 millones de trabajadores en negro que constituyen un verdadero ejército. No cuentan con una expectativa de jubilación futura, una obra social para sí y su familia, asignaciones familiares, vacaciones pagas y seguro de vida. Es curioso, porque muchos dirigentes empresarios que se oponían a la estatización de las AFJP, no utilizaban ninguno de los dos sistemas existentes hasta hace pocos días.

Se calcula que la desfinanciación del sistema recaudatorio a causa del empleo no registrado ronda los $ 30.000 millones anuales. Es decir, unos US$ 8730 millones: casi una vez y media lo que nuestro país debe al Club de París.

Esta masa de dinero disponible que queda retenido en los bolsillos patronales podría destinarse a créditos blandos, por ejemplo, que permitan continuar con el círculo virtuoso de generar bienes más accesibles y mayor consumo, más empleo y por lo tanto mayor productividad, y también porqué no mayor rentabilidad.

Cumplir con la Constitución Nacional y las leyes también es preservar las instituciones y la seguridad jurídica que tanto se pregona.

Ranking sectorial

Los sectores que lideran el ranking de informalidad laboral son el empleo doméstico, la construcción y el agro. Respecto de este último, cuya dirigencia protagonizó el lock out más alevoso de la historia, tiene aproximadamente 1,3 millones de trabajadores de los cuales se encuentra sin registrar entre el 70 y el 75%.

Una cifra considerable si se tiene en cuenta que tanto la construcción cuanto el sector agroganadero resultaron claros beneficiarios del actual modelo de política económica.

Un dirigente agropecuario decía días atrás refiriéndose a la repatriación de capitales que su sector “no es de los que llevan su plata afuera, sino que lo reinvierten”. De la alta informalidad laboral no dijo absolutamente nada.

Contratos basura

Muchas veces se suele decir que el Estado (nacional, provincial y municipal) tiene trabajadores en negro. Comúnmente se hace referencia a los ya famosos contratos de locación de obra o de servicios que son renovados trimestral o semestralmente.

Si bien estos contratos deberían ser erradicados definitivamente, puesto que esconden o disimulan una verdadera relación de dependencia, no provienen del dinero no registrado y en cuyo registro se sustenta la exigencia de ser monotributista que debe ostentar el trabajador.

Vale entonces la aclaración: son contratos basura, existe en la mayoría de ellos relación de dependencia, y aunque se encuentren dentro de un marco de dudosa legitimidad no es trabajo en negro. Desde luego que alguna vez habrá que comenzar a corregir sus zonas grises.
 

 

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