Jueves 24 de Agosto de 2017 - 07:37hs. - República Argentina Edición # 1777

Revista #35 Febrero 2010 > Economía

POR QUÉ LA DEUDA ES ILEGAL

Los diferentes gobiernos que sucedieron a la dictadura, han realizado todos los esfuerzos necesarios para reestructurar la deuda externa argentina. Los préstamos solicitados fueron utilizados para su refinanciación.


Por Alejandro Olmos (h)

Con motivo del escándalo mediático y judicial, surgido a partir del dictado del Decreto 2010 de necesidad y urgencia, el tema de la deuda externa resurgió inesperadamente de los abismos donde había sido confinado, ya que ingenuamente se creía que era un tema definitivamente resuelto.
Y surgieron las opiniones de los periodistas, de los supuestos “expertos” en el tema que son los economistas, y las consabidas distinciones de deuda vieja y deuda nueva. También se ha repetido hasta el cansancio en boca del oficialismo y la oposición que no hay manera de discutir la legitimidad de la deuda, porque los gobiernos que sucedieron a la dictadura la legalizaron con sucesivos actos de gobierno, siendo uno de los más frecuentes los canjes de 1993 (Plan Brady), el megacanje del 2001 y la última reestructuración efectuada por el ex presidente Néstor Kirchner en el año 2005.

Resulta realmente notable que todos los “opinadores” del tema (aún aquellos que son abogados, como el Dr. Kirchner y la Presidenta de la Nación) no tengan en cuenta algunas cuestiones elementales que hacen al ordenamiento jurídico del Estado, y que son las que muestran que los fraudes no pueden ser convertidos en actos jurídicos por la decisión del Congreso de la Nación o por actos realizados por el Poder Ejecutivo.
Es suficientemente conocido el fallo dictado el 13 de julio de 2000 por el Juez federal Jorge Ballestero, donde se determinó que la deuda de la dictadura militar que había sido investigada era producto de actos ilegales y de operaciones claramente fraudulentas. A esa causa se sucedieron tres más que tramitan en el mismo Juzgado, actualmente a cargo del Dr. Martínez de Giorgi, donde se investiga la deuda externa hasta el año 2005.

En esas tres causas existen testimonios, declaraciones, informes oficiales, pericias, que determinan sustancialmente que: a) todos los prestamos solicitados hasta el año 2000 fueron en su mayor parte para refinanciar la deuda de la dictadura; b) la deuda privada estatizada en 1982 fue producto de créditos fraguados por un conjunto de empresas que, aprovechándose de los seguros de cambio, planificaron una operatoria para enriquecerse ilícitamente. Algunos ejemplos: Renault Argentina, Suchard, Cargill, Socma, Loma Negra, Pérez Companc, Bridas, Fiat Sevel, etc.; c) existen delitos de acción pública; d) se violaron desde la Constitución de la Nación hasta leyes fundamentales como el Código Civil.

Una cuestión fundamental que debe considerarse en cualquier análisis que se haga del endeudamiento externo está relacionada con un principio básico que hace a la esencia de cualquier ordenamiento jurídico, es el principio de legalidad y la consecuente inexigibilidad del pago de obligaciones producto de actos ilegales o ilícitos. En la confusión que rodea a todo lo que tiene que ver con la deuda, confusión muy bien articulada por los acreedores y sus sostenedores teóricos para evitar discusiones que permitan aclarar los mecanismos de su funcionamiento, ha sido dejado de lado todo principio referido a la ilicitud e ilegitimidad de las obligaciones, entendiéndose que las mismas revisten una categoría especial que no las hace susceptibles de un encuadramiento jurídico o de una eventual revisión en sede judicial.

Debido a que la política económica es diseñada por el Poder Ejecutivo, quien tiene facultades constitucionales para hacerlo, suponer la posibilidad de un cuestionamiento de la misma por la vía judicial es considerado un intento equivocado de judicializar la política, afirmándose en consecuencia que el Poder Judicial carece de facultades de enjuiciamiento para aquellos actos que por su propia naturaleza escaparían a su competencia, debido a la división de los poderes que impera en el país y en todos aquellos con una estructura republicana semejante.

Esa consideración está fundada en una conceptualizacion sofística del orden institucional, al confundirse cuestiones que son absolutamente diferentes y mezclar artificialmente las competencias de los poderes del Estado, para evitar así que se ponga en evidencia cualquier acto defraudatorio en perjuicio del mismo.
Si bien es cierto que el Poder Ejecutivo elabora la política económica, ello no lo habilita para convalidar actos irregulares o infracciones legales de diversa naturaleza, a los efectos de instrumentarla, ni a desconocer el orden jurídico que hace a la legitimidad de sus decisiones.
La existencia de una investigación judicial sobre el endeudamiento externo no tiene nada que ver con cuestionar una política económica en particular, sino en el hecho de poder demostrar que la deuda se estructuró sobre la base del desconocimiento de normas constitucionales y preceptos legales, configurándose así un sistema que escapó al control de legalidad que deben tener los actos de gobierno. Eso no supone judicializar la política económica del Gobierno, sino simplemente poner en evidencia la conformación de diversos actos ilícitos, que partiendo de decisiones políticas solamente pudieron cometerse a través del desconocimiento del sistema legal que nos rige.

Al hablar de ilicitud, ilegalidad o ilegitimidad no estoy utilizando criterios subjetivos para analizar una problemática determinada. Tampoco uso consideraciones de naturaleza política, que pueden ser materia de natural controversia. Lo que intento mostrar es la existencia de una enorme cantidad de operaciones ilícitas que han conformado un fraude institucional sin antecedentes en nuestra historia política, tal como se encuentra ya acreditado en las causas que se han mencionado, donde existe abundante documentación probatoria que muestra una verdadera estructura delictiva, que se está investigando con una absoluta carencia de medios, y que el Poder Ejecutivo pareciera que pretende ignorar.

Además, hay que considerar que sin perjuicio de las actuaciones judiciales existen leyes dictadas por el Congreso Nacional que han sido desconocidas, como la ley 23.062, que determina que carecen de validez jurídica las normas y los actos administrativos emanados de las autoridades de facto surgidas por un acto de rebelión, y la ley 23.854, que rechazó todas las cuentas de inversión desde 1976 hasta 1984. Es decir, que el propio Congreso de la Nación desconoció las operaciones económicas de la dictadura, por lo que resulta un absurdo y un atropello al estado de derecho que esas obligaciones externas hayan sido posteriormente reconocidas y renegociadas.

Que torpemente se efectúa la división de la que hablábamos al principio sobre dos clases de deudas, pero la realidad que surge de los documentos oficiales muestra que se trata de un enfoque artificial y es por eso que la forma más notable de sostener la imposibilidad de cuestionar la deuda de hoy es desvincularla de la deuda del período 1976-1983, y afirmar que la de la década de los 90 y la actual es simplemente producto del déficit fiscal. De tal manera se pretende obviar la circunstancia de que ese déficit fue producido exclusivamente por el pago de los servicios de la deuda (intereses y amortizaciones).

Ahora bien, para compensar al referido déficit se emitía nueva deuda, y de esa manera continuábamos insertos en un sistema, cuya lógica perversa era siempre la misma.

La deuda de la dictadura fue parcialmente refinanciada durante el gobierno de Alfonsín y se elevó al final de su gobierno a 63.000 millones de dólares. Cuando el gobierno de Menem se acogió al Plan Brady, se reestructuraron obligaciones por 31.000 millones de dólares, entregándose bonos globales en canje de la deuda morosa que tenían los bancos acreedores. Esos bonos significaban una permanente erogación para el tesoro, que debía recurrir a nuevas emisiones y a tomar nuevos préstamos para cancelarlos
 
Es tan cierto que los servicios de la deuda se pagaron con la mayoría de los títulos hoy "defaulteados", y en manos de los conocidos bonistas, que en los respectivos presupuestos y tomando el año 1996 como punto de partida —sin perjuicio de las emisiones realizadas en años anteriores—, se hace constar que la emisión de títulos fue la siguiente:

  • Año 1996 ............................. us$ 4.500 millones
  • “ 1997 .............................. “ 5.900 millones
  • “ 1998 .............................. “ 12.000 millones
  • “ 1999 .............................. “ 16.013.7 millones
  • “ 2000 .............................. “ 18.000 millones
  • “ 2001 .............................. “ 21.000 millones

 
Tales sumas totalizan para esos seis años us$ 77.400 millones, sin contar las emisiones que no se hicieron constar en los presupuestos y las permanentes refinanciaciones y la obtención de nuevos préstamos por parte de los organismos multilaterales.

Como la simple emisión de títulos no alcanzaba para pagar todos los servicios de la deuda, se recurría a los préstamos de los organismos multilaterales que financiaban el gasto público. Y esto no es una simple apreciación especulativa, sino que surge claramente de los diferentes mensajes de elevación de los presupuestos efectuados por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación. En el mensaje elevado en 1998, correspondiente al presupuesto del año siguiente, se dice textualmente: “Los préstamos a mediano plazo de organismos internacionales ocupan un importante papel en el financiamiento del gasto público”. En ese mismo mensaje y en la página 103, el Poder Ejecutivo consigna que las fuentes financieras —es decir, la emisión de títulos y los préstamos de los organismos multilaterales— estaban “destinadas a cubrir déficit financiero, inversión financiera y amortización de la deuda”. Para que no queden dudas de que esas emisiones de títulos (cuya reestructuración se ordenó) se realizaban para pagar deuda, está la expresa mención del Poder Ejecutivo, que en el mensaje de elevación del presupuesto para el año 1997, afirma que la falta de divisas “obligó al Gobierno Nacional a requerir mayor financiamiento para afrontar los servicios de la deuda”.
 
En síntesis, se pagó deuda fraudulenta con la emisión de nueva deuda, la que en sus modalidades de emisión respondió a las mismas irregularidades operativas que aquélla.
 
Desde luego, estos son cálculos aproximados, porque resulta imposible contar con datos confiables por parte del Ministerio de Economía, que mantiene en un impenetrable secreto las cifras que serían fundamentales tener a la vista para determinar con exactitud cómo se realizaron todos estos procesos, como así también mantiene en secreto todos los honorarios, comisiones y gastos que se pagaron durante más de veinticinco años, y las condiciones en que se firmaron los contratos con los bancos acreedores, que determinaron toda la operatoria financiera desarrollada entre los años 1992 y 1995, y la realizada con posterioridad a estas fechas.

Al finalizar el gobierno de Menem, la deuda había trepado a 150.000 millones de dólares y la que heredó Kirchner, producto del blindaje y del megacanje de de la Rúa, fue de 191.000 millones, reestructurándose en el año 2005 85.000 millones de esa moneda. En todos los casos fue la misma deuda, que se pagaba parcialmente y era refinanciada en todas aquellas sumas que el Estado no podía pagar.

Existe, de esta manera, una clara continuidad operativa entre la deuda de la dictadura militar y la deuda de hoy, y una auditoría podría establecerlo de manera categórica como se pudo hacer en el Ecuador en el año 2008.

También es necesario recordar que el Código Civil establece que la novación, es decir la transformación de una obligación en otra, sólo puede realizarse cuando tiene objeto lícito, ya que nadie puede trasmitir un derecho mejor del que tenía, y en este caso ese objeto nunca existió, aunque se haya pretendido convalidarlo mediante las distintas renegociaciones efectuadas por los gobiernos democráticos.


 

COMENTARIOS (19)

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fkLJwMpm

Not bad at all fellas and galals. Thanks.

m46jsnVGe83

Me encanta mi cuadid, aqued naced, creced y he vivido momentos extraordinarios y aunque faltimamente hemos tenido solo ladrones de cuello blanco que no hacen me1s que romperla, afan ased sigue cultivando su hermosura.

crorkzz

tz315s Thank you for your blog.Really looking forward to read more. Fantastic.

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