Martes 25 de Julio de 2017 - 21:42hs. - República Argentina Edición # 1748

Revista #17 Abril 2008 > Economía

Pan para hoy, hambre para mañana

Las consecuencias alimentarias del lock-out del campo


Por Daniel Sosa

Es un problema que en este país afecta relativamente a muy pocas personas. En términos proporcionales, las estadísticas oficiales dan cuenta de apenas 6 o 7% de la población alcanzada por el hambre. Son los que técnicamente se categorizan como “indigentes”, cuyos ingresos no alcanzan para cubrir el costo de una canasta básica de alimentos. Pero cuando se ve el espacio que ocupa el tema en los medios de comunicación y las agendas políticas, uno se da cuenta de que la cuestión no sería tan grave. Al fin y al cabo se soluciona con esfuerzos comunitarios o de Cáritas.

No hay que exagerar, entonces, ya que se trata de un fenómeno marginal. Por supuesto que, llevada al extremo, la falta de alimento lleva a la muerte por inanición, o a situaciones de desnutrición crónica. Pero casos como esos aparecen pocos en la prensa, donde los analistas suelen hablar de un  tema “focalizado”. A nadie se le ocurre pensar en un riesgo social, y mucho menos se recurre a conceptos que suenan alarmistas como el de amenaza a la seguridad alimentaria.

Ni sombras caben de ese fantasma en los análisis más habituales, ante el espectáculo de millones de toneladas de granos y carne vacuna que llegan a los comercios locales y encima sobran para llenar containers rumbo al exterior; la abundante oferta de pollos, peces, cerdos, una fruti-horticultura ubérrima y muchos otros recursos al parecer inagotables.

Es extraño, sin embargo, cómo los menesterosos mantienen su condición, cuya característica básica pasa por su dificultad de acceso a la comida. Por suerte, en los últimos años, a medida que la economía mejoraba, había cada vez menos pauperizados. En cantidades, el Gobierno cuenta apenas uno de cada veinte argentinos afectados. Algo así como dos millones, en números redondos. Pero puede reducirse la cifra a un millón y medio o menos todavía, considerando los ingresos obtenidos de la economía en negro. Desde luego, siempre habrá quien quiera meter en la bolsa de la indigencia a un segmento de los “pobres”. Y ahí sí que se llega fácil a tres millones o más (de hambrientos seguimos hablando).

Habría que hacer un censo, recorrer los suburbios de cada ciudad, y aún distintos recovecos de los centros urbanos. Las poblaciones rurales también suelen exhibir con crudeza esos ranchos en los que habitan las familias miserables en cuestión.

Un esfuerzo (o una voluntad) así, quizás iluminara el problema, para después empezar a pensar de forma más apremiante en encontrarle soluciones. Porque lo que vino a complicar la cuestión, en esta materia, fue el movimiento ascendente que de un año a esta parte registran los precios de los alimentos. Políticos, empresarios, economistas, le dicen a eso inflación. En los bolsillos y los estómagos de aquellos millones de desdichados, ese infortunio se parece más bien al hambre. Pero ¿por qué dramatizar si siempre se puede utilizar un eufemismo? Probablemente es mejor hablar de algunos (¿pocos?) episodios de inseguridad alimentaria.  

En todo caso, está claro que algunos indicadores relacionados con el consumo empezaron a resentirse. Estudios como el de la consultora Ecolatina revelan que hasta abril el conjunto de los precios minoristas acumulan 9,1% de alza, frente a 6,5% en igual período del año pasado (6,5%). Pero los que más crecieron en lo que va del año fueron los precios del rubro Alimentos y Bebidas (12,5%). Otras consultoras y entidades de consumidores elevan el alza hasta 20 o 25%. Justo en los rubros que más inciden en los hogares pobres, y en muchos casos imposibles de sustituir. En efecto, ¿cómo se reemplaza el pan o la leche que no se puede comprar? Simplemente, quienes no pueden, no consumen.

Según la misma consultora, el 20% de la población de menores ingresos sufrió el año pasado una inflación de 26,3%, con 18 puntos explicados por alimentos y bebidas. “Los productos de panificación, carnes, aceites y grasas, productos lácteos, huevos, frutas y verduras explican 58% de la suba” del primer cuatrimestre, precisó Ecolatina. Que como es una empresa formada por gente educada,  tuvo el buen gusto de no incluir la palabra “hambre”. Alertó, sí, que “el poder adquisitivo se erosiona” para esos ocho millones de argentinos.

Detrás de la comida encarecida, sin duda, hay factores de orden económico pero también políticos. Eso se ve en la magnitud que asumió el enfrentamiento entre los empresarios del campo y el Gobierno. Los ruralistas y aledaños pelean para que se reconozca su presunto derecho a beneficiarse exclusivamente de las rentas extraordinarias derivadas de la suba de las cotizaciones externas de su producción. Aún cuando para ello haya que hacer pagar la cuenta al eslabón más débil, los consumidores de menos ingresos.

Está claro que ningún alimento básico (trigo, pan, fideos, galletitas, arroz, aceite, polenta, leche, quesos, carnes, huevos) costaría lo que hoy cuesta, si no fuera porque existen políticas gubernamentales (desde luego, perfectibles) para evitar un violento impacto sobre sus precios. Dejar que los agricultores y ganaderos cobren los precios plenos por tales productos implicaría quitarlos súbitamente de la dieta local. Ya no sólo de los indigentes, sino hasta de amplios sectores de la llamada “clase media”.

La seguridad alimentaria o su ausencia (digamos ¿para la mitad de los argentinos? ¿para un tercio?), no es entonces una mera abstracción. Aunque sí se la puede representar mediante una ecuación simple. A mayor precio de los productos comestibles, menor consumo interno. Salvo que mejoren en forma proporcional los ingresos de esos consumidores populares. Sobre esto último los empleadores, sin distinción entre los que se desempeñan en ciudades y en el campo, prefieren no hablar mucho. Porque elevar salarios (dicen en público) es echar leña al fuego de la inflación; porque no están dispuestos (no lo dirán nunca) a ceder su cuota en la apropiación de la riqueza generada.

Queda, entonces, como desafío, producir en cantidad, calidad y valores de mercado masivo adecuados para dar de comer a todos. Sortear el riesgo de que mucha gente pase hambre no es función del mercado, sino una tarea que por su alcance recae en el Estado. A condición, por cierto, de que el punto de vista del gobierno de turno no se vea empañado por el afán de utilidades que afecta por naturaleza a los empresarios. De hecho, es la apetencia de ganancias (y no que "les tocaron la dignidad", como le gusta decir a Mariano Grondona) lo único que explica la feroz rebeldía fiscal de los dueños de tierras, arrendatarios, acopiadores de granos, exportadores, pooles de siembra, aceiteras, proveedores de semillas, maquinarias y otros insumos.

El problema es el reparto que quieren esos sectores que fueron (o acompañaron con el corazón) al acto en el Monumento a la Bandera de Rosario. Si un producto (soja, maíz, girasol, carne o el que fuere) vale 100 en el mercado externo de referencia (Chicago, por ejemplo), lo que les parece bien es que se distribuya entre todos los que forman la "cadena" productiva (donde, por más que se rebusque no está el consumidor). Pues bien, en ese prorrateo, a todos los que no son "el campo" les toca pagar la cuenta que le presenten. O dejar de consumir.
Esa es la lógica del modelo que alienta la agricultura de exportación y desplaza hasta casi extinguir los cultivos para la alimentación local.

Los defensores de esa visión dicen que es el Estado el que debe apartarse de la distribución y no abusar con su absorción de recursos. Sin embargo, lo establecido como correcto (por la academia y la política, aquí y en cualquier parte del planeta), es que el producto de una renta extraordinaria, como la que beneficia hoy a los productos primarios, sea captada por el Estado y (perdón por los términos) socializada. Del mismo modo que recae sobre todos el deber de socorrer con fondos generales a los afectados por inundaciones, sequías, terremotos u otras catástrofes. De lo contrario la balanza se inclinaría siempre para el mismo lado y no es eso lo que quieren las entidades agropecuarias, ¿no? Y mucho menos cuando de lo que se trata es de comer, de que la seguridad alimentaria sea para todos, aun los que tienen menos plata o directamente no la tienen.

El argumento de la supuesta presión impositiva luce bien débil, además, cuando se ve que gran parte de lo recaudado día a día en pequeños pueblos y en ciudades provinciales grandes regresa al "interior" a través de inversión pública en obras de todo tipo, subsidios, créditos baratos. En rigor, si se quiere buscar un desequilibrio entre cargas tributarias y capacidad de pago, donde hay que mirar no es al empresariado, sino justamente a los consumidores llanos, el trabajador, el jubilado o el desocupado. Son estos los que, reciben ingresos desproporcionadamente reducidos (o nulos) y por añadidura sufren fuertes exacciones a través del IVA, aportes previsionales y hasta Ganancias.

Los dueños de empresas agrarias se lamentan además porque las retenciones a la exportación de granos afectan en mayor medida a los productores más alejados de los puertos. Ese sería el caso de tucumanos, salteños, chaqueños. Hasta allí llegó la soja, después de la deforestación o el traslado de otros cultivos, y de ahí no se van a mover, afirman, porque así lo imponen los "mercados". Los dirigentes de las sociedades, federaciones y confederaciones afirman que hay que asegurar rentabilidad a esos agricultores, pero eso implicaría (esto no lo dicen) mega-ganancias simultáneas para los que explotan la tierra en zonas centrales (Buenos Aires, sur de Córdoba y Santa Fe, principalmente).

Esas súper utilidades tienen base además en la elevada productividad del agro, que en su mayor parte tiene que ver con la incorporación de semillas mejoradas genéticamente, todavía seriamente cuestionadas. En primer lugar, porque favorecen el monocultivo depredador de los recursos genéticos, lo que equivale nuevamente a poner en riesgo la seguridad alimentaria. De ese modo se limita la biodiversidad, mediante el recambio de plantas comestibles por forrajeras (alimento para animales) de elevada demanda externa. Que además, son producidas por empresas de mayor tamaño, que arrinconan la agricultura familiar, concentran las propiedades y expulsan chacareros.
 

COMENTARIOS (2)

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Muito bom Beto. Sem vocea jamais tomearis estes momentos registrados. Espero que a ABES tenha como armazenar este acervo para no futuro relembramos o nosso passado. As coisas boas que estamos fazendo Uma abrae7o, Vitorio.

fFDhTVOjYQjDtRwBxFf

Halleljuah! I needed this-you're my savior.

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