Lunes 29 de Mayo de 2017 - 06:38hs. - República Argentina Edición # 1690

Revista #51 Mayo 2012 > Economía

UNA CUESTIÓN DE SOBERANÍA

La consolidación de un país con mayor justicia social aún tiene importantes desafíos. El resguardo de los intereses nacionales es un aspecto que distingue al kirchnerismo de cualquier otra fuerza, por lo que será importante que la gestión estatal no equivoque la elección de los agentes económicos más consecuentes con el proyecto de desarrollo que Argentina necesita consolidar.


 

Por Arturo Trinelli

 

Algunos daban por descontado que el segundo mandato de Cristina iba a transitar por la letanía de quien se conoce ampliamente respaldada y, a la vez, consciente del impedimento constitucional que le prohibe ir por un tercer mandato. En ese contexto, se presumía que su segundo gobierno intentaría consolidar lo logrado hasta aquí sin impulsar cambios de fondo. De esta manera, la errónea lectura que muchos hicieron de la expresión “sintonía fina”convalidaba la presunta intención de hacer meros retoques a un modelo que en adelante ofrecería poco porque, según entendían, los cambios estructurales más importantes ya habían sido impulsados.

Sin embargo, la iniciativa política que distingue al kirchnerismo de cualquier otra fuerza tiene una impronta transformadora que no se agota en un conjunto de medidas, ya que la consolidación de una Argentina con mayor justicia social aún tiene por delante una agenda de importantes desafíos en una economía golpeada por tres décadas de neoliberalismo, que desmanteló el tejido social y productivo del país.

La restitución de la soberanía energética es, pues, una ratificación de la vocación del gobierno de resguardar los intereses nacionales y enfrentar a las empresas y empresarios que los pongan en riesgo. Al mismo tiempo, reafirma que a la dirigencia política que hoy conduce a la Argentina no le tiembla el pulso frente al poder corporativo, un adversario poderoso siempre dispuesto a condicionar decisiones a favor de sus intereses. Sabido es que el país venía con un déficit energético creciente, explicado en parte por la falta de inversiones de YPF, su principal petrolera. Esa circunstancia ponía en riesgo una de las grandes fortalezas del modelo económico, que ha sabido todo este tiempo articular crecimiento con inclusión social. Y revelaba, al mismo tiempo, las limitaciones del capital privado, que muchas veces se presenta como eficiente pero que no sólo está lejos de serlo sino que, además, nunca tiene entre sus prioridades la rentabilidad social de un insumo estratégico.

 Lo que (no) hizo Repsol

Los datos económicos de los desvaríos de Repsol en estos años no dejan lugar a dudas respecto a la legitimidad de la decisión, que además está avalada constitucionalmente: entre 2003 y 2010, YPF ganó 36.800 millones de pesos y pagó dividendos por 36.500 millones. La inversión fue de apenas 300 millones de pesos, el 1% de sus ganancias. En ocho años, la producción de la petrolera cayó un 36% y las reservas comprobadas, un 38%. Esto obligó a la Argentina a importar energía por un total de 9.397 millones de dólares en 2011, con lo que se puso en riesgo el superávit comercial. Esas importaciones representaron un 110% más que en 2010. Si se le agregan los 1.140 millones de dólares que remitieron las petroleras al exterior en concepto de utilidades, dan un monto equivalente al superávit comercial de ese año. Además de las cuentas externas, la baja de la producción local de hidrocarburos afecta al presupuesto nacional y de las provincias, en el que dejan de percibirse impuestos y regalías que gravan al sector, mientras se incrementan los gastos asociados a financiar la importación de combustibles.

La situación de las reservas es peor aún. Las mismas pasaron de 144 millones de metros cúbicos en el 2003 a 90 millones en el 2010, es decir, una caída equivalente al 38%. El resto de las petroleras que operan en el país cubrieron la mitad de la caída de las reservas de YPF. De manera que la legitimidad de la expropiación frente a los números y la involución del sector no admite discusiones.

La importancia del know-how

“La gestión de Repsol no solamente fue desastrosa desde el punto de vista económico, sino que además lesionó gravemente la capacidad de managment de la compañía”, sostiene Ricardo De Dicco ante la consulta de Revista2016. De Dicco, experto en temas energéticos y director del Centro Latinoamericano de Investigaciones Cientítificas y Técnicas (CLICeT), ha sido uno de los grandes críticos de la privatización de YPF y del desempeño de sus accionistas. “Hoy la Argentina debe recuperar la enorme cantidad de talentos que, como consecuencia de la falta de inversiones de Repsol y la ausencia de una planificación energética integral, ha hecho emigrar recursos humanos locales muy valiosos que actualmente abastecen de un know-how imprescindible a compañías petroleras de otras partes del mundo”, asegura. En ese sentido, el profesionalismo con que las nuevas autoridades de YPF pretenden conducir a la empresa anticipa un auspicioso cambio de época, que para De Dicco “representa uno de los grandes desafíos que están por delante, además de recomponer las reservas y los pozos que se perdieron todos estos años”.

 El debate por el precio

“Hay que tener en cuenta los costos para establecer los precios”, señaló el viceministro de Economía e interventor de YPY, Axel Kicillof, en el debate que mantuvo en el Senado. “Para eso es necesario tener un control sobre cada pozo. La idea de Repsol fue desabastecernos para sacarnos más precio”, apuntó Kicillof. El precio de las acciones de Repsol es, por estas horas, uno de los elementos más conflictivos entre el Estado Nacional y Repsol, que incluso ha provocado desmedidas acusaciones del Gobierno de Rajoy, y seguramente será objeto de mayor debate y negociación. La posición de la empresa española es clara: Antonio Bufrau declaró que la porción accionaria de YPF expropiada “vale 10.500 millones de dólares”, aunque luego evitó seguir precisando cifras y destacó que Argentina debería pagar “lo que debe” por la porción accionaria de su firma. Bufrau, además, tuvo que desmentir que Repsol fuera a entrar en crisis como consecuencia de la decisión del gobierno argentino, aunque hay quienes consideran que, en virtud de su inserción en el mercado petrolero mundial, el hecho de perder su paquete accionario en Argentina afectará sensiblemente su rentabilidad global. Al respecto, la calificadora Moody’s puso en revisión negativa la calificación de largo plazo de Repsol, al considerar que la decisión de expropiar el control de YPF por parte del gobierno argentino podría reducir la escala y diversidad de negocios de la compañía española. Así, mientras persisten las amenazas de Brufau, las acciones de Repsol continúan desplomándose en la Bolsa de Madrid.

El Tribunal de Tasaciones será en definitiva el organismo encargado de fijar el precio que el Estado Argentino pagará por la parte expropiada, el mismo que fijó en cero el monto por la nacionalización de Aerolíneas Argentinas a expensas del Grupo Marsans, otro holding español de pésima gestión en el país. Según indica la norma sancionada, el proceso de expropiación se rige por la ley 21.499, que establece que el precio de los bienes sujetos a expropiación se determinará conforme a lo previsto en el artículo 10 y concordantes. Allí se faculta al Tribunal de Tasaciones de la Nación a estimar el precio de las acciones, y se fija que “la indemnización sólo comprenderá el valor objetivo del bien y los daños que sean consecuencia directa e inmediata de la expropiación”. La postura de Repsol es que los criterios de valuación tomen el valor máximo de cotización de mercado, que en el caso de YPF se produjo el 4 de marzo de 2011 a 52.30 dólares en Nueva York, lo que valuaría a la compañía en un total de 20.560 millones de dólares, con un equivalente de 10.485 millones de dólares por el porcentaje expropiado.

 Conclusiones

El desafío de la gestión estatal a partir de ahora será no equivocar el camino en la elección de los agentes económicos más consecuentes con el proyecto de desarrollo que Argentina necesita consolidar por sobre los gobiernos de turno, como bien afirmó la Presidenta. Uno de los instrumentos necesarios para conseguirlo, es recuperar soberanía nacional en la administración y gestión de recursos estratégicos, entre los cuales el petróleo es central. Los hidrocarburos son recursos indispensables, y tratar de lograr el autoabastecimiento es fundamental para el desarrollo de la economía de cualquier país, por la transversabilidad que implica abarcar a todos los sectores y agentes económicos. Por lo tanto su producción debía ser considerada de interés público, tal como plantea la ley que acaba de ser sancionada con un respaldo político de los mayores que se recuerden en democracia. 

COMENTARIOS (3)

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