Lunes 24 de Julio de 2017 - 23:41hs. - República Argentina Edición # 1747

Revista #26 Abril 2009 > Editorial

Editorial: Las bases del acuerdo nacional

El proceso de debate encarado en nuestro país para elaborar el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) debería asentar un precedente en la política argentina.


Por Juan Manuel Fonrouge

 Al igual que ocurrió con el debate de la Ley Nacional de Educación, la participación de los sectores sociales, académicos, gremiales y políticos, permite un ejercicio que fortalece a la democracia, ya no vista como un sistema donde solamente “el pueblo gobierna a través de sus representantes”, sino como un estímulo a la participación de las organizaciones libres del pueblo siendo parte activa del debate de las políticas públicas.

 El proyecto tiene como basamento el debate colectivo llevado a cabo por cientos de medios y organizaciones con vocación democrática desde 2004.  Se sintetiza en los 21 puntos de la ‘Coalición por una Radiodifusión Democrática’, sumado a la labor desarrollada por especialistas de amplia trayectoria con un gran trabajo de legislación comparada y coronándose con un debate en los Foros Participativos de Consulta Pública que ya han comenzado a desarrollarse en todo el país, para luego sí, ser enviado el proyecto al Congreso.

 A contramano, la conferencia de prensa de la oposición para rechazar el proyecto, y la posición de Elisa Carrió al expresar que  “después discutiremos con Clarín la mejor ley”, representa  la pelea por ‘la caja’ boba, pelea ingenua y oportunista en un contexto electoral, olvidando que, incluso ganando las elecciones, no harían otra cosa que hipotecar su futuro político en manos de un monopolio que tiene como definición corporativa la extorsión al ritmo de la esquizofrénica clase media porteña. Casarse con Clarín es casarse con la viuda negra.

 Asistimos al mensaje monocorde de las empresas periodísticas autorizadas desde  la Capital Federal a transmitir en cadena, por lo que un jujeño se levanta a la mañana con un choque en la panamericana como si el país terminara en la autopista. El 80 % de los contenidos se produce en la Capital Federal. La nueva ley buscará implantar pisos mínimos de producción local y regional.

 De aprobarse la nueva ley, el total del espectro de radio y televisión se dividirá en tres partes iguales entre el sector privado (hoy tiene el 95%), el Estado, y las organizaciones sin fines de lucro, como gremios, cooperativas, fundaciones, Asociaciones Civiles, etc.

 Salir del eje de las patronales rurales para una nueva política agraria

 La manera participativa y democrática con la que se elaboró el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual debería ser el precedente para avanzar en la resolución de los grandes problemas pendientes de la Argentina.

 La metodología implementada para elaborar el proyecto de LSCA podría ser el camino para terminar con el conflicto con las patronales rurales, pero sobre todo, para avanzar en un programa agrario consensuado con los verdaderos perjudicados por el actual modelo,  donde el principal problema deje de estar centralizado en las retenciones a la soja.

¿Por qué no pensar en un esquema de foros para las economías regionales donde compartan el debate pequeños y medianos productores con organizaciones campesinas, los pueblos originarios desplazados por el desmonte, productores de frutas, verduras y hortalizas, los apicultores, las poblaciones que sufren por la contaminación, el trabajo en negro y el desempleo, todas consecuencias del modelo de “agricultura sin agricultores”?

 Del resultado del debate de estos foros regionales se elaboraría la base de una nueva ley agraria. Esta propuesta puede sonar utópica; la reforma de la Ley de Radiodifusión de la dictadura también lo era. En ambos casos, el costo político ya se pagó por adelantado.

¿Qué crisis quieren debatir?

Desde los grandes medios venimos escuchando y leyendo que lo que impera en nuestro país es el debate de la crisis internacional.

 Lo que se busca es poner en el centro del debate la rentabilidad de las grandes empresas, que el ajuste caiga sobre bolsillo de los trabajadores y que sea el Estado el que se haga cargo de las deudas, una vez más, con el postulado cavallista de que en nuestro país lo único que se socializa son las deudas y las ganancias son siempre privadas.

Los grandes grupos económicos saben desde hace muchos años que en la Argentina se puede ganar mucho más dinero apostando a la inestabilidad.

Otra mirada de la crisis, muy distinta, es frenar los despidos por un período, tratar de que las grandes empresas que han obtenido ganancias extraordinarias en los últimos años acepten ganar menos o perder un semestre, impulsar planes de reactivación centrados en la obra pública y programas de financiamiento para Pymes y cooperativas. En fin, la crisis existe, el tema está en si se mira desde arriba o desde abajo.

En ese sentido, sería más conveniente que el Estado se haga cargo de un banco o de una empresa, siendo ésto una inversión a futuro que resguarde el trabajo, antes que asistir a una nueva transferencia millonaria de fondos públicos al sector privado para “salvatajes”.

La batalla simbólica por el legado de Alfonsín

Desde mucho antes de su muerte hay una lucha simbólica por la lectura histórica de la figura de Raúl Alfonsín y su gobierno, válida por cierto.

Se busca rescatar su frustrada política de derechos humanos, su primera posición en relación al FMI y que, en palabras de Néstor Kirchner, “compartimos los mismos enemigos”.

Hoy también podemos llamar a las cosas por su nombre. Donde dice ‘hiperinflación’ debería decir ‘golpe de mercado’.

Otros sectores, en cambio, buscan rescatar una imagen de diálogo, de moderación, construcción relacionada no tanto a su gobierno, sino a posiciones posteriores, como el Pacto de Olivos, o la alianza con Eduardo Duhalde.

Sería injusto catalogar a Raúl Alfonsín como ‘padre de la deuda externa’, siendo que la dictadura ya la había engendrado, aunque se incrementó en su gobierno de 40.000 a 63.000 millones de dólares. La denominación de ‘padre de la democracia’ también es injusta, y es parte de esta batalla simbólica, que en este caso tiende a ocultar un proceso más amplio, en el cual la historia de lucha del pueblo argentino en un siglo plagado de dictaduras y resistencias, no puede llevar nombre y apellido.

Vale la pena también recordar el discurso de Alfonsín en la feria de la Sociedad Rural de 1988. Fue silbado de forma apabullante y trató de “fascistas” a quienes lo hacían, considerando que los asistentes “han aplaudido a los que han venido a destruir la producción agraria argentina (…) y se han quedado en silencio cuando han venido acá en representación de la dictadura”, por si algún “fascista” arrepentido fue parte de las exequias.

La gran deuda de la democracia no es el diálogo, la moderación ni el alineamiento a los programas librecambistas, todos sinónimos de condicionamientos a la democracia por parte de poderes que nunca fueron elegidos en las urnas.

La gran deuda de la democracia es la distribución de la riqueza. Las bases de acuerdo social no pueden ser entelequias mediáticas, buscar los “comunes denominadores” de la política nacional como planteaba Alfonsín. Deben ser la igualdad social, terminar con el hambre y la pobreza estructural, recuperar el pleno empleo, la vivienda digna y la salud pública.

Mientras el programa de algunos sea “defender a los grupos económicos” y legislar para los eternos ganadores de la patria financiera, no habrá diálogo que perdure. En todo caso, algunos preferimos un país crispado.

 

COMENTARIOS (6)

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