Martes 27 de Junio de 2017 - 14:12hs. - República Argentina Edición # 1719

Revista #18 Mayo 2008 > Educación

Educación superior


Por Horacio A. Gegunde*

Un bien público social

 “La Educación Superior es un bien público social, un derecho humano y universal y un deber del Estado. Ésta es la convicción y la base para el papel estratégico que debe jugar en los procesos de desarrollo sustentable de los países de la región.” La Conferencia Regional de la Educación implicó una amplia y comprometida participación en un trabajo que no culmina en Cartagena, sino que plantea, en un contexto definido, los retos, avances y desafíos de la Educación Superior, para hoy y el futuro, identificando los objetivos para la consolidación, expansión y creciente calidad y pertinencia de la Educación Superior en América Latina. Los retos y oportunidades se dimensionan entonces, a la luz de la integración regional, y a su vez exigen que se configuren escenarios nacionales que refuercen el compromiso social, articulándose en forma sustentable a nivel regional. En este contexto, las Universidades Nacionales Argentinas y el Consejo Interuniversitario Nacional deberán abocarse a la defensa de los espacios de calidad y de los principios de gratuidad garantizando la orientación de fondos públicos para el sostenimiento y mejora del nivel de educación superior, en pos de limitar las corrientes mercantilistas que se encuentran en vías de consolidación a través de proveedores transnacionales, exentos de control y orientación, y que favorecen una educación descontextualizada, donde los principios de equidad y pertinencia corren el riesgo de desaparecer. Para ello el principio de autonomía responsable que se ha venido trabajando desde el ámbito de lo público compromete a las instituciones universitarias en la construcción de una sociedad más justa y solidaria y no en una forma de vallado institucional. La responsabilidad adjetiva la autonomía en la medida que nos obliga a desarrollar y fortalecer el sistema universitario en pos del avance social y la generación de riqueza, el fortalecimiento de las identidades culturales, la cohesión social, la lucha contra la pobreza y el hambre, así como la promoción de la paz.

* Presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)

Hacia una Ley Siglo XXI para la Educación Superior

Por Adriana Puiggrós *

Desde el siglo pasado, la educación superior latinoamericana estuvo conformada por dos modalidades, los “terciarios”(que desde la Ley 26.206 son de 4 años) y las universidades. La valoración de cada uno de ellos es distinta, aunque muchas veces compartieran los docentes y fueran equivalentes partes de sus programas. La diferencia estriba en el sector social que accede a cada modalidad, puesto que sostener los estudios en universidades situadas generalmente en grandes ciudades sólo está al alcance desde sectores medios hacia arriba de la pirámide social, en tanto han tenido más posibilidades de acceso a “terciarios” cercanos a sus lugares de residencia y que proporcionan títulos habilitantes para el trabajo en plazos razonables. En la década de 1990 se avanzó en casi todos los países intentando responder a la creciente demanda y articular ambas modalidades como sistemas de educación superior, pero se lo hizo con una lógica de mercado. Así, se habilitó el crecimiento de instituciones cuantitativamente inoperantes por muchos o por pocos alumnos, ubicadas geográficamente al azar, cuyos planes de estudio y carreras se superponen y fuera de toda planificación estratégica. Sólo recientemente han comenzado a presentarse propuestas de reforma de los sistemas de educación superior que tienen una perspectiva sistémica y atienden las cuestiones regionales y nacionales. El evento realizado entre el 4 y el 6 de mayo en Cartagena por el  IESALC/UNESCO) sobre Educación Superior estuvo cruzado por el antagonismo central de la educación superior latinoamericana actual: aceptar su inscripción como bien transable o integrar sistemas territorialmente expandidos, que integren las nuevas tecnologías y desarrollen la pedagogía universitaria al servicio de brindar oportunidades de estudio al conjunto de los graduados en la secundaria. Para ello se requiere de planificaciones estratégicas comprometidas con el desarrollo cultural y económico socialmente justo de la región.

*Presidenta de la comisión de Educación de la HCDN


 









 

COMENTARIOS (5)

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