Martes 27 de Junio de 2017 - 14:14hs. - República Argentina Edición # 1719

Revista #43 Octubre 2010 > Educación

Historia, presente y desafíos para la educación pública

Transcurridas ya varias semanas de conflicto, la última asamblea de la Coordinadora Unificada de Estudiantes Secundarios (CUES) resolvió dejar a criterio de cada escuela la posibilidad de continuar o no con las tomas. Entre quienes están involucrados en la protesta se han anunciado nuevos reclamos para los próximos días pero reconsiderando los métodos para evitar perder más jornadas de clase.


Por Arturo H. Trinelli

Teniendo a la educación pública en el centro del debate sería interesante repensar cuestiones vinculadas a su desarrollo histórico y vigencia ¿Se solucionan sus problemas actuales solamente arreglando los techos de las escuelas? En efecto, esto parecería ser apenas una parte de un problema mayor que involucra a la educación pública en su conjunto y al sistema donde opera. Sin dudas, el deterioro de las instituciones educativas constituye un indicador de lo que representa la educación para la actual gestión de PRO. Pero desde una perspectiva más amplia deberíamos intentar indagar sobre las razones por las cuales una fuerza política como la que es hoy gobierno en la Ciudad de Buenos Aires pudo ganar una elección dándose el lujo de desatender de manera tan explícita a la educación. En este sentido, ningún porteño podría mostrarse sorprendido, porque después de todo Macri nunca mostró interés suficiente por ella cuando decidió orientar su campaña electoral sobretodo a propuestas en materia de seguridad y reordenamiento del tránsito.
La educación pública en la Argentina tiene un recorrido histórico importante.

La ley 1420 fue la primera ley de educación, sancionada en 1884. Allí se establecía una educación común, laica, gratuita y obligatoria. En 1905 se sancionó la Ley Lainez, que autorizaba a la Nación a instalar escuelas de su jurisdicción en las provincias que así lo solicitaran. Fue un intento de la elite política de la época por unificar el territorio e integrar a la gran cantidad de inmigrantes que llegaban a la Argentina a fines del siglo XIX. El propósito encubierto era limitar la influencia de ideas socialistas y anarquistas promoviendo la integración al Estado desde la educación. Se trató de un plan que combinó algunas leyes explícitamente discriminatorias (Ley de Residencia de 1902 y  de Defensa Social en 1910) junto a otra que ampliaba la participación política, como fue la Ley Sáenz Peña que en 1912 consagró el voto obligatorio y secreto para el universo de población masculina local mayor de 18 años. Juan Suriano (Anarquistas, Editorial Manantial, 2003) reconoce que esta política fue exitosa en relación al objetivo propuesto, pues a partir de allí las tendencias contestatarias en aquella Argentina excluyente y autoritaria del primer Centenario quedaron reducidas a expresiones aisladas.

Concluida la etapa del sistema educativo como cohesionador social, durante los noventa pasó a ser eje de una de las reformas más emblemáticas de la etapa neoliberal. Como sostiene Myriam Feldfeber (Una transformación sin consenso: apuntes sobre la política educativa del gobierno de Menem, Revista Versiones, Nº11), la Argentina impulsó una serie de reformas con la justificación de mejorar el rendimiento del sistema educativo y descentralizar los sistemas escolares, con una paulatina transferencia al sector privado y tendiendo a la flexibilización de la contratación docente. La implementación de estas medidas buscaba seguir al pie de la letra las recomendaciones del Banco Mundial, el FMI y el BID, impulsores de propuestas de ajuste estructural a través de políticas homogéneas para la región. Así, la Ley Federal de Educación (1993) fue el emblema de la manera en que la educación, hasta entonces considerada tradicionalmente en la Argentina un bien social, comenzaba a verse como un elemento más del mercado que debía estar regulado por la oferta y la demanda. La estrategia de transferencia de escuelas secundarias a las provincias, que se había iniciado durante la última dictadura militar con establecimientos primarios, terminó generando una situación de confusión y desconcierto que agudizó la fragmentación del sistema educativo.

Un enfoque desde la sociología de la educación

Hacer un recorrido histórico de la educación en nuestro país es importante para analizar la trayectoria de la educación pública en la Argentina, aunque en sí mismo resultaría insuficiente para intentar abordar su crisis actual. En este sentido, tal vez sea interesante sugerir alguno de los aportes que se vienen haciendo desde la sociología de la educación. Uno de sus referentes, François Dubet (La escuela de las oportunidades, Gedisa, 2005), proporciona elementos para abordar lo que debería ser la principal discusión del sistema educativo en la actualidad: la problemática de la equidad y la igualdad. Así, incluyéndolo dentro de la lógica competitiva y económica propia del mercado, identifica una serie de problemas puntuales que involucran nociones como las de autoridad docente, revalidada día a día en al aula y desprovista de cualquier tipo de investidura de antaño; incompatibilidades entre la cultura de masas donde los jóvenes interactúan y la cultura escolar donde se educan y, fundamentalmente, una disociación muy marcada de la escuela con el mundo del trabajo, donde los títulos educativos terminan siendo bienes escasos que pueden ser alcanzados apenas por una elite minoritaria, luego con mayores posibilidades de inserción en ese mercado laboral.

Su cuestionamiento central es hacia el principio que está en la base del sistema educativo republicano y moderno: el de la igualdad meritocrática de oportunidades. Según este principio, si todos los ciudadanos nacen iguales, la justicia en materia educativa se alcanzaría con garantizar el acceso universal y gratuito para todos. Luego, las diferencias que vayan surgiendo entre los más capaces, y los menos favorecidos, estarían determinadas por el “mérito” de cada estudiante. Por lo tanto, si las “reglas de competencia” son objetivas y justas, las desigualdades que surgen al interior de la escuela, y que marcan de por vida a los estudiantes, también pasarían a ser justas. La consecuencia más evidente de esta situación sería reducir y naturalizar las diferencias de rendimiento educativo a la voluntad de estudiar que tenga cada uno.

Sin embargo, este principio deja de lado el hecho fundamental de que la escuela es parte de una sociedad que es desigual. Preocupado por la suerte que les repara a los “perdedores” de la competencia educativa, a los menos favorecidos, Dubet postula que la escuela debe hacerse cargo de las desigualdades sociales que condicionan a los alumnos antes de su entrada al sistema educativo, y no limitarse a ser un mero reproductor de las mismas.

Tal vez en estos planteos radique la razón principal de la crisis educativa. Retomando la pregunta inicial, quizás el problema sea mucho más profundo que el estado actual de los establecimientos escolares, que en definitiva expresan no solo el menoscabo de las autoridades políticas en la materia sino también la depreciación del valor simbólico de un mecanismo que en algún momento de nuestro país fue concebido como promotor de integración, cohesión y ascenso social. ¿Es esperable recuperar el interés por la escuela sin volver a dotarla de esa expectativa de movilidad social ascendente que durante décadas constituyó el horizonte de sectores populares? Aún reconociendo en la protesta de los estudiantes un hecho educativo en sí, que los identifica en un reclamo común proveedor de valores indentitarios, la cuestión educativa en la Argentina requiere de un involucramiento de todos sus actores, donde entre otras cosas se reconozca al fracaso escolar como un fracaso colectivo más que individual, y se trabaje en pos de adecuar los contenidos curriculares mínimos contemplando los nuevos mecanismos de socialización que existen entre los adolescentes. Al mismo tiempo, se requiere también de un replanteo de padres y docentes para acentuar su compromiso con la educación.

La crisis educativa entonces involucra a la propia conceptualización de la educación pública y su relación con un sistema económico desigual y excluyente que lo excede pero del cual es fiel reproductor, como señala Dubet, privilegiando siempre a los que más tienen. Por lo tanto, se impone una profundización de políticas igualadoras, como las encaradas en la Argentina desde el 2003, que profundicen la redistribución de la riqueza absorbiendo la mayor cantidad de fuerza laboral posible. El intento por retener a los adolescentes en las aulas debe ir acompañado, pues, con un trabajo en paralelo que no sólo promueva el retorno de quienes abandonan sino también la integración de aquellos que, aún escolarizados, continúan excluidos.

*Politólogo UBA-CLICeT

 

COMENTARIOS (21)

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