Miércoles 29 de Marzo de 2017 - 00:20hs. - República Argentina Edición # 1629

Revista #32 Octubre 2009 > Educación

La construcción de una hoja de ruta común

Pensar el vínculo entre las denominadas “Organizaciones Sociales” y el Estado implica reflexionar acerca de una relación relativamente nueva en términos temporales.



Por María de las Nieves Piovani * y Horacio Bouchoux **

Pensar el vínculo entre las denominadas “Organizaciones Sociales” y el Estado implica reflexionar acerca de una relación relativamente nueva en términos temporales.

Esto es así fundamentalmente por dos razones: la primera y principal es que estas organizaciones nacieron y se consolidaron como actores de relevancia al calor de las luchas en contra de la aplicación de las políticas neoliberales que desarticularon los restos del llamado “Estado de Bienestar”.

La segunda razón es que, como consecuencia de la crisis política, financiera y social de fines del siglo pasado y del fracaso del “Consenso de Washington”, que dejaron como resultado a vastos sectores en situación de marginalidad, precariedad y pobreza,  resurgió un debate –tanto en el plano teórico como en la política y la gestión- respecto del rol del Estado en la nueva coyuntura y de la necesidad de que el mismo reestableciera su rol como regulador de la vida social. Esto implicó necesariamente grados de relación e integración con los sectores que durante lustros fueron excluidos o pensados simplemente como sujetos de políticas asistenciales y compensatorias.

En ese marco, y en términos analíticos, cuando hablamos de Organizaciones Sociales pensamos a las mismas como distintas respecto de los Movimientos Sociales.

Las primeras poseen como rasgos distintivos sus grados de identidad política, de organicidad, de estrategias en función de marcos programáticos o de conjuntos de orientaciones ideológicas.

En cambio, los llamados Movimientos Sociales dan cuenta de una construcción colectiva pluri- organizacional, a partir de la recolección de una demanda concreta que articula la protesta.

En este sentido, la aparente homogeneidad del movimiento, aglutinado y visibilizado en el espacio público en virtud de la acción colectiva, soslaya muchas veces la heterogeneidad interna y las disputas por la conducción de ese colectivo.

Desde una perspectiva histórica, podemos establecer a trazo grueso tres momentos en el vínculo entre Estado y Organizaciones Sociales.

El primero empalma con la crisis del modelo neoliberal, que se da en nuestro país entre fines del siglo pasado y el año 2003, en el cual la lógica de vinculación entre Estado y Organizaciones fue el de la demanda de soluciones inmediatas a través de la democratización de la gestión de los recursos, materializada en la  asignación directa de presupuesto administrado por las mismas.

Un segundo momento se da a partir de la asunción del gobierno de Néstor Kirchner, en el cual sin abandonar la lógica de la demanda, se produce una progresiva integración de muchas de estas organizaciones en dos espacios fundamentales del Estado: por un lado, en la gestión en general en espacios marginales dentro de la administración pública, creados “ad-hoc” para las mismas y ligados a las necesidades de los sectores sociales a los cuales estas organizaciones representan.

Por otro lado, en espacios parlamentarios y de decisión política, como consecuencia no sólo de la incipiente democratización del Estado, sino también de la llamada “transversalidad”, que redundó en la integración y fortalecimiento de diversos sectores al proyecto nacional y popular, encabezado por Néstor Kirchner.

En este segundo momento se produjo también la fractura del conglomerado de Organizaciones Sociales que, si bien con dificultades y matices, venían articulándose entre ellas y con otros sectores en el momento anterior.

   En ese sentido, el análisis del distanciamiento que se dio entre las Organizaciones que se plantearon continuar centradas en su estrategia de “resistencia” y aquellas que asumieron una posición inicialmente expectante y posteriormente decididamente “integracionista” respecto del gobierno de Kirchner, es inseparable de las tradiciones político-ideológicas en las cuales abrevaban cada una de las mismas.

Con algunas excepciones, podemos sostener que aquellas organizaciones cuya tradición político-cultural estaba relacionada con el peronismo y el nacionalismo popular son las que asumieron una estrategia de “integración” respecto del gobierno kirchnerista. En cambio, aquellas ligadas a la izquierda tradicional (incluyendo dentro de estas a las que se autodenominaron como “autonomistas”) asumieron una posición intransigente respecto del gobierno y continuaron en la política de “resistencia”.

El tercer momento, centrado sobre el final del gobierno de Néstor Kirchner y el comienzo de la presidencia de Cristina Fernández, se puede describir como de tensión en la integración, ya que se conjugan al mismo tiempo una reducción cuantitativa del sujeto representado por las organizaciones (derivada del mejoramiento de los índices sociales y de empleo), con cierta decepción de algunas de las mismas respecto de su no-centralidad en la construcción política del kirchnerismo, con la emergencia de tensiones latentes hasta ese momento en la política y la gestión entre los representantes de las organizaciones sociales en el Estado y los actores tradicionales del mismo.

Si intentáramos establecer un balance crítico de esta presencia en el Estado durante el segundo y el tercer momento antes mencionados, deberíamos decir en principio que, más allá de los cuestionamientos y las críticas que se puedan realizar, en términos generales el balance es altamente positivo.

 Y es altamente positivo por variadas razones, entre las cuales la más destacada es la incorporación a la gestión pública de los representantes de un sector social que estuvo excluido durante décadas no sólo de la administración sino también del usufructo de los recursos estatales en casi todas sus formas.

La incorporación efectiva de estos sectores al manejo de la “cosa pública”, por marginal que haya sido, implicó una serie de efectos (hayan sido estos buscados o no) prácticos y simbólicos que es preciso destacar. En primer término, se modificó sustancialmente la percepción de esos propios sectores acerca de lo que representó para ellos el Estado durante décadas, ya que se produjo una suerte de “apropiación” del mismo por parte de éstos.

 En segunda instancia, se incorporaron en la agenda de gobierno cuestiones hasta entonces ausentes, fundamentalmente las ligadas a la pobreza y las situaciones de vulnerabilidad social. Al mismo tiempo, el avance en la democratización de los recursos materiales, controlados de manera progresiva por las propias organizaciones, contribuyó de manera decisiva en el crecimiento y consolidación de la presencia territorial de estas.

El incipiente protagonismo de estos nuevos actores generó distintas reacciones en el escenario político, social y cultural. Por una parte, sectores ligados a la intelectualidad y a diversas expresiones del campo popular vieron decididamente con buenos ojos su participación en variadas instancias de gobierno.

Por otra parte, lo revulsiva que resultó la presencia de las Organizaciones Sociales en la gestión pública para ciertos sectores es sólo comparable a las resistencias que en determinados momentos de nuestra historia se generaron ante la masiva incorporación de la clase media o de los trabajadores durante el Yrigoyenismo o el primer Peronismo.

 Las airadas reacciones de algunos comunicadores “independientes” y de algunos sectores tradicionales de la elite dirigente son una muestra de ello. También lo son algunos más solapados pero no menos enérgicos rechazos de cierto “progresismo” académico y político que decodificó esta integración política como simple “cooptación”. Lamentablemente, también algunos actores que podrían haber saludado esta incorporación en la perspectiva de una potencial alianza para el fortalecimiento de un proyecto de corte popular, lo analizaron en términos de “amenaza” a sus posiciones dentro de la política y de la gestión pública.

Todo esto, sin embargo, no absuelve de responsabilidades a las Organizaciones respecto de ciertas dificultades que mostraron para poner en práctica lo que discursivamente sostenían acerca de una gestión de lo público con una perspectiva transformadora. Y la explicación de estas dificultades no puede ser monocausal, sino que es posible pensarla al menos en dos niveles. Por un lado, desde las resistencias de los actores estables de la administración pública, en todos sus niveles, al desarrollo de prácticas no tradicionales que interpelaban sus propias lógicas. Como contrapartida, cierta ingenuidad y voluntarismo (combinados con dosis no menores de endogamia y facciosidad política), atentaron contra las potencialidades transformadoras de esta novedosa presencia en diversas áreas de gestión del Estado.

Esta mirada crítica no invalida de ninguna manera la valoración positiva que hacemos de la participación de las Organizaciones Sociales en el Estado, sino que contrariamente va en el sentido de una reflexión conjunta y colectiva entre aquellos sectores que reivindicamos esa presencia y queremos profundizarla, para lo cual es imprescindible revisar y redefinir algunas prácticas y concepciones que a veces atentan contra la consolidación e institucionalización de estas experiencias.

 A partir de todo lo antes mencionado, y en un camino que no es otro que el de considerar a los espacios conquistados actualmente como el piso desde el cual continuar desplegando algunas de las potencialidades que implica esta integración, es que pensamos que es necesaria la puesta en práctica de cierta “hoja de ruta”, que permita profundizar las fortalezas y atenuar las debilidades verificadas en estos años. Y la construcción de esta “hoja de ruta” nos incumbe, al mismo tiempo, a quienes formamos parte de diversas instancias de gobierno en relación con las Organizaciones como a ellas mismas en tanto principales interesadas en la cuestión.

Sin que esto implique una pretensión de sintetizar ni clausurar un debate que para nosotros recién comienza y está abierto, desde nuestra perspectiva la construcción de esta “hoja de ruta” no puede soslayar algunos de los siguientes ejes:

- Institucionalizar el vínculo entre estado y organizaciones sociales, consolidando “nudos” que garanticen la presencia de las mismas en la gestión con cierta independencia de las coyunturas políticas.

- Fomentar espacios de integración entre las diversas organizaciones y de éstas con los distintos niveles de la administración pública.

- Crear espacios de formación y capacitación político- técnicos, con participación conjunta en el diseño de los mismos de las propias organizaciones y de los responsables políticos de las áreas de gobierno específicas.

- Ampliar y consolidar la presencia de los integrantes de las organizaciones en las distintas áreas de la administración pública, a partir de distintos mecanismos institucionales.

- Apoyar el proceso de construcción territorial de las organizaciones, a partir de políticas públicas diseñadas y gestionadas con la participación de las mismas.

En la medida en que los distintos actores implicados en la posibilidad de ampliar y concretar este plan de trabajo se comprometan tanto en la profundización del debate planteado como en la construcción colectiva de una agenda, seguramente mucho más amplia que la aquí esbozada, es que –creemos- será posible dar un salto en calidad que enriquecerá tanto a las Organizaciones Sociales como a los espacios de gestión en vínculo con ellas.

El proceso político iniciado en 2003 con la asunción de Néstor Kirchner y profundizado en los últimos dos años, debido a su originalidad y su dinámica vertiginosa nos impone la necesidad de construir el relato de nuestras propias prácticas en paralelo con la revisión cotidiana de las mismas. Y es en este marco que ensayamos algunos análisis, explicaciones y propuestas que no pretenden más que aportar un grano de arena al imprescindible debate que nos debemos aquellos que nos pensamos como parte del Movimiento Nacional y Popular.

* Lic. en Sociología y Docente universitaria (UNLP). Miembro del equipo de la Dirección Provincial de Política Socio-educativa (DGCYE- Pcia. Bs As.)

** Profesor y Docente universitario (UNLP). Director Provincial de Política Socio-educativa (DGCYE- Pcia. Bs As.)

 

COMENTARIOS (5)

Leer todos los comentarios
matzcrorkz

Do4p9I Thanks-a-mundo for the article.Really thank you! Fantastic.

matzcrorkz

mShI0L A round of applause for your blog article.Thanks Again. Fantastic.

link building

CA0c26 Thanks for sharing, this is a fantastic blog article.Much thanks again. Really Cool.

AGREGAR COMENTARIOS

La finalidad de este servicio es sumar valor a las notas y establecer un contacto más fluido con nuestros lectores. Los comentarios deben acotarse al tema de discusión. Se apreciará la brevedad y claridad de los textos, y el buen uso del lenguaje: las malas palabras y los insultos no serán publicados.