Lunes 24 de Julio de 2017 - 23:45hs. - República Argentina Edición # 1747

Revista #26 Abril 2009 > Educación

Leyes de educación superior y de servicios audiovisuales: parte del “todo”

La crisis financiera del mundo globalizado, no es sólo una crisis económica, también es una discusión de modelos. Es una crisis de paradigmas económicos, sociales y culturales.


Por Adriana Puiggrós*

El Congreso de la Nación, protagonista como hacía tiempo no se lo veía en la resolución de los grandes temas de debates sociales, tendrá la oportunidad, con seguridad, de llevar al recinto dos proyectos que son deudas pendientes de años, como lo son la Ley de Educación Superior (LeNES) y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA). Dos leyes que como muy pocas en la historia legislativa serán el resultado del debate social y del aporte que éste haga a cada una. Y son, a su vez, cuestiones sobre las que urge legislar.

 En el primer caso, porque el tema de Educación Superior viene a cerrar un ciclo de reformas necesarias, como lo es el comenzado por la Ley de Educación Técnico Profesional, la Ley de Financiamiento Educativo y la Ley de Educación Nacional 26.206. En el segundo, no sólo porque la actual Ley –Videla- de Radiodifusión 22.285, es la letra de un gobierno dictatorial transformada en algunos artículos por el gobierno menemista en función de los grandes intereses de los grupos mediáticos, sino, además, porque ha quedado en desuso ante la revolución tecnológica de los últimos años y porque los bienes culturales de una Nación no deben ser jamás propiedad privada.

¿Qué es lo que está en juego en el debate profundo?

El campo de disputa en el mundo globalizado no sólo es el que se refiere al sector financiero. La pelea es por quién ocupa el lugar de poder en todos los sentidos. La pretensión de las políticas neoliberales de avanzar en todos los campos, a pesar de su ¨debilitamiento¨, no exceptúa de una disputa al ámbito social y cultural. En este sentido, los modelos neoliberales han avanzado sobre diversos sitios del entramado, no sólo apropiándose del mercado en todos sus aspectos, sino, también pretendiendo apropiarse del mundo educativo y del mundo cultural. Es necesario en este escenario, entonces, no sólo poner en marcha políticas y planes para salir de la crisis económica. Es necesario crear herramientas para fortalecer a nuestras sociedades en materia de cultura y educación y del acceso a éstas. Los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández, han propiciado la defensa del ámbito cultural y educativo de forma democrática, muy por el contrario de lo que han sostenido ciertos sectores oportunistas con mezquindades políticas. No es poco para la defensa y construcción de espacios sociales considerar a la educación como un derecho y un bien social y no es poco intentar tener otras reglas de juego para el sistema mediático de la Argentina. No es casualidad que luego de 28 años estemos debatiendo una ley de medios audiovisuales.

Es cierto, como quedó demostrado, que el mercado no es el que equilibra la distribución justa de las riquezas ni el que derrama hacia los que menos tienen. Y está demostrado que menos lo hace en lo que se refiere al acceso de las sociedades a los bienes culturales.

En este sentido hay desafíos por delante. En principio no creer que es el fin ni del neoliberalismo, ni de sus políticas, por más que estén aggiornadas y maquilladas. Si bien hay una tendencia a aplicar políticas anticrisis que le dan al Estado un rol más protagónico como equilibrador –como han sido las decisiones de los mandatarios de las naciones más poderosas-, lo cierto es también, que han sido mucha de ellas tendientes al salvataje de los grandes bancos antes que a los ciudadanos. Muy por el contrario, las medidas de gestión gubernamental que se han llevado a la práctica en la Argentina, tienen como fin proteger a los sectores más castigados y vulnerables de los grandes intereses de los grupos de presión.

Ley de Servicios Audiovisuales y educación

Se han debatido y aprobado leyes que han sido de importancia para el bienestar de la sociedad. Hemos revertido mediante la sanción de ellas situaciones de injusticia social. Las leyes de Educación Nacional, la de  Movilidad jubilatoria, el rescate de Aerolíneas Argentinas, la recuperación para los trabajadores, a través del Estado, de los recursos económicos de sus pensiones y jubilaciones que estaban en manos de las AFJP, entre otras, eran deudas pendientes. Todavía quedan otras que a su vez son deudas con la democracia.

Los medios masivos de comunicación social, como bien lo sostiene la periodista Mar de Fontcuberta,  están jugando en esta sociedad la redefinición de  sus roles y, en ese juego, tienen una dimensión socializadora de pautas de comportamiento cuyos destinatarios son receptores de todo tipo, edad y condición. También los medios de comunicación, y ayudados en parte por el avance de las nuevas tecnologías, se han convertido en un espacio de ejercicio de la ciudadanía. El tercer aspecto que remarca esta autora es que son agentes educativos y tienen un protagonismo importante en la gestión del ocio de las personas.

Teniendo en cuenta éstas y otras cuestiones, la sanción de una nueva ley en materia de comunicaciones, muy por el contrario de lo que sostienen quienes defienden los intereses corporativos, es más que necesaria puesto que protege los derechos de libertad de expresión de los ciudadanos y de acceso, a su vez, a una herramienta de construcción y sostenimiento de la educación y la cultura. Todos los días la sociedad debe enfrentarse a la lectura de la realidad que hacen mediante la selección, jerarquización y construcción de la información que de acuerdo a los intereses políticos, sociales, culturales y económicos, los medios hacen. Los medios hace muchos años que son actores políticos y que en función a esta lógica actúan. Hoy los medios de comunicación no sólo determinan la agenda temática sobre lo que se hablará durante el día, sino a su vez silencian las voces -en el perverso juego de lo que es noticia y no lo es-, de muchos que piensan lo contrario de lo que ellos sostienen.

Como bien lo hemos aprendido con sólo encender el televisor o navegando por Internet, “la verdad no existe y es del orden del discurso”. ¿Cuánto hay de la actualidad / realidad a la que no accedemos?, ¿cuánto hay que pasa de bueno, y no lo sabemos?¿Acaso no es más peligroso muchas veces ocultar que decir?

Y qué hay con respecto a la construcción cultural y los contenidos educativos. Más de cuatro horas, por ejemplo, es lo que un chico pasa frente a un formato de comunicación que puede ser televisivo o de Internet. El televisor, como ningún otro artefacto del hogar, tiene un espacio y un lugar privilegiado. Se calcula que en muchos hogares hay mínimo tres aparatos digitales.

Hay quienes se oponen a una nueva legislación al respecto, sosteniendo que la ley –que será consultada con la sociedad en su conjunto- es para controlar a los medios de comunicación, limitar la libertad de prensa y censurar. En realidad, quienes sostienen esto, parecen representar más los intereses de las corporaciones mediáticas que los de los ciudadanos que los han elegido para pensar políticas diversas que los protejan, justamente, de este tipo de manipulaciones.

Si poner un límite a la cantidad de licencias y poner reglas claras, por ejemplo, para poder “ver sin pagar”, como debería ser el derecho ciudadano de acceso a un bien cultural, es ir contra la libertad de prensa, entonces ¿qué deberían decir los que todos los días son invisibles a los ojos de los que viven en la Capital Federal? Porque en el interior del país cada vez son menos las producciones que no se emiten en cadena desde el “mostrador” del mundo argentino. Cada vez más, las grandes radios o grupos de televisión, imponen su transmisión sin importarles qué necesidad existe en esas comunidades en lo que se refiere, no sólo en materia informativa, sino cultural y social, sin respetar en absoluto la multiculturalidad.

Una nueva legislación en este sentido, teniendo en cuenta que sólo con la actual pueden acceder a las licencias las sociedades comerciales o las personas físicas, permitirá que asociaciones civiles, cooperativas, organismos de derechos humanos, instituciones educativas, diversos sectores sin fines de lucro, puedan contar con un canal o una radio, lo que convierte al espacio del mapa de la comunicación en uno más democrático, con múltiples voces  y representativo de todas las realidades y comunidades.

En este sentido, los temas educativos han ido perdiendo su espacio en  el ranking de noticias publicables, a no ser que sean aquellas que se refieren a los conflictos. Sólo en aquellos medios públicos como lo son Canal 7 y/o Encuentro, esta área tiene un lugar privilegiado. Tenemos la obligación de generar, en este particular, contenidos que no sólo puedan estar en la palabra del libro tradicional, sino, que es una gran oportunidad para la creación de contenidos digitales como herramientas de formación.

Esta Ley es la posibilidad de que todos tengamos los mismos derechos de acceso a los bienes culturales, que son un derecho social y que no pueden estar controlados por las empresas monopólicas, porque éstas tampoco pueden ser la expresión representativa de toda una Nación.

El proyecto que hoy se está debatiendo no es el proyecto de un gobierno, de una presidenta, es el proyecto de toda una sociedad que deberá  pensar qué tipo de comunicación democrática quiere para su futuro y sus hijos. La Ley 22.285 no sólo está invalidada por su origen, que data de uno de los gobiernos de facto más crueles de la historia argentina, sino, también porque el salto tecnológico necesita de un soporte jurídico que establezca reglas de juego claras. Debemos considerar al acceso a la información como un bien social.

Ley de Educación Superior, otro bien social     

Más allá de que el principio de este 2009 esté signado por la crisis internacional, la prepotencia del sector de la patronal agropecuaria que no quiere pagar impuestos y las elecciones nacionales, es necesario, de cara al bicentenario, no dejar que nos distraigan con falsas necesidades. Algunos sectores de la oposición, y otros que no son oposición -pero que sólo tienen intereses particulares empresariales-, tienen la costumbre, la mala costumbre, de imponer temas de agenda que justamente no son las prioridades.

Hay que fortalecer las políticas educativas en todos los sentidos. Una nueva ley de servicios audiovisuales fortalece el campo de la educación y viceversa. Pensemos, sólo como un ejemplo, en aquellos contenidos que podrían difundirse en los medios de comunicación de diversas universidades, organizaciones sociales, el propio Estado como lo hace a través del canal Encuentro, una de las mejores experiencias en lo que se refiere a medios de consumo cultural.

Hoy para proyectar el futuro educativo, no debe olvidarse, como lo sostuve en otras oportunidades, que las consecuencias sociales de la crisis global son mayores que las que trataron de disimular las llamadas “políticas sociales y educativas de segunda generación”, aquellas que buscaron enfocar programas en sectores sensibles para el sostenimiento del orden, financiados mediante préstamos internacionales o los escasos aportes de las fundaciones privadas. Trataron de evitar la intervención del Estado, que no es posible en esta sociedad sin mediar una fuerte recaudación impositiva entre los sectores que más acumulan y su justa distribución. Extender y fortalecer el sistema educativo que sostiene el Estado es condición para enfrentar aquellas políticas generadoras de pobreza y exclusión.

La comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación llevó a cabo una amplia consulta sobre los contenidos de una nueva Ley de Educación Superior. En noviembre del año pasado se llegó a acuerdos entre los diferentes bloques con respecto a los contenidos. Ahora en la Comisión se encuentran esperando para su debate cuatro proyectos, entre ellos el del Frente para la Victoria (FpV) que sintetiza en su articulado las sugerencias de los diversos sectores.

Una nueva LeNES es necesaria porque la actual ley es resistida y la comunidad educativa del nivel superior reclama una nueva legislación al respecto. La educación superior es uno de los ámbitos más adecuados para la generación de nuevas ideas, modelos productivos y energéticos y tecnologías, que permitan ir dando pasos hacia la construcción de una sociedad distinta, en pos de las estrategias para el desarrollo nacional. Pero también debe ser un ámbito de oportunidades para el conjunto, para una mayoría, mucho más amplia de la que hoy asiste. Porque en los recursos humanos que forma también estarán las posibilidades de repensar modelos y soluciones. Hay que fomentar la generación de una mayor masa crítica en beneficio del conjunto.

Al decir educación superior no me refiero sólo a las universidades,  sino a todas las instituciones que han ido desarrollándose en las últimas décadas y  que convierten a la educación post secundaria en un campo poblado de diversas demandas y posibilidades.

Hoy las universidades tradicionales no alcanzan a responder las demandas del mundo productivo respecto a capacitación, desarrollo tecnológico, innovación, formación de técnicos, formación de personal especializado en diferentes áreas, entre otras cuestiones. Nos encontramos frente a un problema.

El problema es que existe una demanda del sistema productivo distinta a las de las producciones tradicionales. La necesidad de nuevos paradigmas requiere de investigadores, científicos, alumnos, docentes y tecnólogos que puedan formular y formularnos nuevos interrogantes y soluciones; es decir, planificar el futuro. Además, existe una demanda territorial, porque muchos estudiantes que terminan el secundario golpean las puertas de la educación superior, y algunas universidades han establecido un ingreso limitado disimulado, cuestión que no se admite abiertamente, pero que existe en la Argentina.

En un país que considera a la educación como un “bien social”, que cuenta con un Estado que garantiza su gratuidad y acceso y que siendo una Nación con alrededor 40 millones de habitantes -dicho ahora, que la secundaria es obligatoria-, la tendencia a cursar estudios superiores irá en aumento. Más cantidad de jóvenes golpearán las puertas de la educación superior para ingresar y es auspicioso que eso ocurra.

En este sentido, la ley universitaria de los 90 quedó desactualizada. Ya hay grandes universidades con sus estatutos reformados que no se adecuan a esa norma. También en la comisión de Educación de la Cámara baja se llegó a acuerdos entre los distintos bloques que apuntan a la necesidad de tener una ley nueva. Es muy peligroso poner simplemente parches. Hace falta una política integral para la educación superior que organice y delinee los caminos.

Si bien es cierto que una nueva Ley Nacional de Educación Superior y una de Servicios Audiovisuales son parte del todo, lo cierto es, también, que son indispensables.

 * Presidenta de la comisión de Educación de la HCDN


COMENTARIOS (8)

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