Jueves 27 de Abril de 2017 - 10:02hs. - República Argentina Edición # 1658

Revista #26 Abril 2009 > Historia

Perón y la cuestión agraria: La reformus interruptus

“La tierra no puede ser un bien de renta en nuestro país. El que tiene tierra tiene que sacarle el jugo, porque ella es la riqueza del Estado. El día que pueda ponerse la tierra al alcance de la gente se solucionará el problema (…) encarado y resuelto este problema, no habrá un solo argentino que no tenga derecho a ser propietario de su propia tierra". Las palabras del entonces coronel Juan Domingo Perón, pronunciadas en una conferencia de prensa, el 17 de noviembre de 1944, denunciaban la explotación de que estaba siendo víctima el trabajador rural y advertía a los propietarios acerca de la forma en que el Estado procuraría dar una solución a esa problemática.


Por Luis Freitas

Desde el programa del Partido Laborista de 1946 se proponía la división de la tierra para eliminar el latifundio (fueron expropiados cientos de miles de hectáreas a terratenientes como Patrón Costas Pereyra Iraola), la aplicación de un impuesto progresivo a la herencia y a la tierra, la implementación de una política en favor de los pequeños productores ayudando al nacimiento de numerosas colonias al dar en propiedad miles de hectáreas a pequeños chacareros mediante préstamos del Banco Nación. Además se extendió la justicia social a los trabajadores del campo, la formación de cooperativas de productores con el apoyo y participación del Estado, y la nacionalización del comercio exterior.

Una vez en el gobierno Perón hizo suyas medidas adoptadas antes de 1946 como el Estatuto del Peón Rural  (1944), el Estatuto del Tambero Mediero, así como la propuesta de reforma agraria sustentada por el Consejo Agrario Nacional. Desde el ámbito -y desde Junta Nacional de Granos- se desarrollaron políticas de subdivisión, distribución y poblamiento de tierras rurales, en el primer caso y de aliento referidas al acopio, el transporte y la comercialización de granos, en el segundo. Muchos -entre ellos la Federación Agraria y el abogado Moisés Lebensohn, a través de su diario Democracia- defendieron entonces la puesta en marcha de una reforma agraria con ribetes revolucionarios.

Sin embargo, los hechos también demostraron algunos acuerdos que iban a contrapelo del discurso. Como afirma en su trabajo Ayer y hoy de la Argentina Rural, la investigadora del CONICET, Noemí Girbal-Hacha, “la titularidad de la cartera de agronomía, durante los inicios del gobierno peronista, quedó en manos del hacendado Juan Carlos Picazo Hardoy, con intereses agropecuarios en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, y hombre de la Sociedad Rural Argentina. También su sucesor, el ingeniero Carlos Alberto Emery, pertenece a la Asociación de Criadores de Ganado Holando Argentino”.

Época de vacas gordas

El diseño e implementación de la política agraria, sobre todo en relación a la democratización del acceso a la propiedad rural, ocupó un lugar destacado en el discurso y también en la práctica política en la provincia de Buenos Aires, dada la centralidad del agro en su estructura productiva. El gobernador de dicha provincia, Domingo Mercante (1946/50 y 1950/52) impulsó con mucha fuerza la democratización de la propiedad rural. Su gestión fue una de las más fecundas en la provincia, con numerosas obras públicas. Entre ellas la construcción de 146 barrios obreros, la Planta de Tratamiento de agua para las ciudades de La Plata, Berisso y Ensenada, el edificio del Instituto Tecnológico de Bahía Blanca, numerosas obras de pavimentación y construcción de caminos en distintos partidos de la provincia, el Viaducto Sarandí, la inauguración de más de 1600 escuelas y de diversos centros de salud en La Plata, Necochea y Tandil, centros materno infantiles, casas cunas y ampliaciones hospitalarias.

Para Mercante, una de las ideas rectoras de su política agraria era la colonización. Estaba convencido de que garantizar a la "familia campesina" el acceso a la propiedad de la tierra era el medio básico para fomentar su asentamiento y detener las migraciones hacia los centros urbanos. En este sentido la creación del Ministerio de Asuntos Agrarios y la sanción de una nueva ley de Colonización, son dos disposiciones claves de su gestión. Para implementar esta última se crea el Instituto Autárquico de Colonización de la provincia de Buenos Aires, investido con las más amplias atribuciones que evidencian el mayor compromiso con la causa agraria al contemplar aspectos sociales antes desatendidos.

Sin embargo el accionar  del gobernador bonaerense comienza a verse con frecuencia demorado desde algunos sectores oficialistas dentro de la Legislatura provincial, como si los postulados del Justicialismo, a través de su compromiso con la causa agraria, parecieran ser olvidados desde el Gobierno Nacional. Según algunos historiadores, Mercante formaba parte de la segunda línea del movimiento y -como muchos otros- fue alejado de la escena política al crecer la conducción personalista dentro del peronismo, a partir de 1950-52.

La gestión del sucesor de Mercante, Vicente Aloé (1953/54) no tuvo entre sus prioridades la reforma agraria. En la "vuelta al campo" promovida desde el gobierno nacional, y conforme a los principios del Segundo Plan Quinquenal, la democratización en el acceso a la propiedad de la tierra dejó de ser un tema central, para ocupar una posición poco menos que marginal. El énfasis se puso en el incremento de la productividad, para lo cual se volvió imprescindible congelar el conflicto social que la retórica discursiva de los años anteriores había contribuido a generar. Era necesario estimular nuevamente las inversiones en el agro, largamente deprimidas por una coyuntura legal "amenazante" para los intereses de la gran burguesía agraria. Se iniciaba así la "segunda revolución agrícola" con epicentro en el núcleo cerealero bonaerense. La nueva política -a través de una renovada intervención estatal- buscó conformar a los sectores no-propietarios mediante alicientes distintos a "la propiedad de la tierra que trabajan". El énfasis entonces pasó a estar puesto en el incremento de la producción, y la nueva conducción bonaerense fomentó la defensa contra las plagas, la distribución de maquinaria agrícola, la organización de la comercialización, la organización cooperativa de los productores y el incremento de la producción de trigo y maíz.

Poco a poco, durante su segunda presidencia, Perón iría cediendo a las presiones del gran capital de la industria y el campo. Así fue que quedó en el olvido una medida que, como afirma Alberto Lapolla -ingeniero agrónomo e investigador de temas históricos- en un artículo publicado en la revista La Memoria de Nuestro Pueblo, “hubiera acabado con el poder de la oligarquía de una vez y para siempre: la confiscación del latifundio malhabido desde la enfiteusis rivadaviana y base material para todos los coloniajes y restauraciones oligárquicas, mediante una Reforma Agraria profunda que hubiera transformado definitivamente a la Argentina”. Seguramente para no aumentar el número de sus enemigos -en ese momento la Argentina estaba bloqueada económicamente por los Estados Unidos- o por una incomprensión del rol del latifundio en nuestra estructura económica, Perón decía en 1948 que “la Revolución peronista terminó”, sacando del programa del peronismo la Reforma Agraria. Tamaña claudicación le haría decir a Don Arturo Jauretche años más tarde: “nos equivocamos, les quemamos el Jockey Club pero no les sacamos los campos”.

Cuando tenga la tierra

Por reforma agraria se entiende un conjunto de medidas políticas, económicas, sociales y legislativas cuyo fin es modificar la estructura de propiedad y producción de la tierra. Por lo general, apuntan a paliar el drama del latifundismo, es decir la concentración de la propiedad de la tierra en pocos dueños  y la baja productividad agrícola debido al empleo de tecnologías o a la especulación con los precios de la tierra que impide o desestima su uso productivo.

Gustavo Zarrilli, investigador del CONICET y experto en historia rural afirma que en la Argentina nunca existió una reforma agraria. “Esta idea, actualmente, solamente es impulsada por grupos menores de productores agropecuarios, que son casi marginales”. Según él durante el primer peronismo se propuso realizar la reforma agraria, pero solamente se logró hacer unas pocas expropiaciones, que tuvieron un carácter meramente simbólico.

“Lo que hay que tener en cuenta -dice Zarrilli- es que la Argentina, a diferencia de otros países como Brasil, no tiene grandes masas de campesinos sin tierra. Por eso la presión social no es tan fuerte. Lo que necesita nuestro país es que haya, como proponen algunos sectores, un nuevo marco regulatorio de la actividad agropecuaria, para que los grandes sectores financieros no se queden con las tierras y terminemos por quedarnos sin productores”.

 

 

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