Sábado 27 de Mayo de 2017 - 05:06hs. - República Argentina Edición # 1688

Revista #7 Mayo 2007 > Medio Ambiente

LA REESTATIZACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA ARGENTINA.

LAS NUEVAS RELACIONES DE PRODUCCION QUE SUPERAN AL CAPITAL Y LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS PUEBLOS.


Por Nana Bevillaqua*  

El Presidente de la Nación argentina, Néstor Kirchner, a través del decreto de necesidad y urgencia N° 303, del 21 de marzo de 2006, ratificado por el Congreso Nacional, rescindió la concesión de distribución de agua potable y desagües cloacales a Aguas Argentinas SA, un consorcio liderado por la empresa francesa Suez ONDEO, en un principio Lyonnaise des Eaux-Dumez. El servicio, que se prestaba en el área concesionada en régimen de monopolio privado legal más extensa del mundo con alrededor de 11 millones de habitantes distribuidos entre la Capital Federal y 17 partidos del conurbano, ha sido traspasado a la esfera estatal quedando a cargo de AYSA, aguas y saneamiento argentinos sociedad anónima del Estado.

El Estado tendrá el 90% del capital accionario, mientras que el 10% restante quedará para los trabajadores. El sindicato se hace responsable de la conducción operativa; es el mismo que en los inicios de la década de los 90 apoyó la privatización de la empresa del Estado Obras Sanitarias de la Nación. Ello obliga a replantear la organización de sociedades que son estratégicas para el Estado, dando participación en el directorio a representantes de los movimientos sociales de la sociedad civil, una forma horizontal y flexible que introduzca permanentemente las cuestiones que afectan a los ciudadanos, sin intermediarios. Un cambio en la estructura del Estado, que no lo transforme en una forma burocrática y autoritaria de organización sino en un momento vivo de la relación permanente entre la superestructura jurídico-formal y la vida de las sociedades.

En tanto, Suez ha presentado una demanda ante el CIADI reclamándole al Estado Argentino 1.700 millones de dólares. La re-estatización de un servicio que las Naciones Unidas ha calificado de derecho humano básico de los pueblos obliga a analizar la función del Estado en relación con la sociedad civil de una manera general y de largo plazo. El servicio de distribución de agua potable debe permanecer en la esfera pública y ello modifica la organización nacional y el papel del Estado, al oponerse a su reprivatización y al impedirse que el agua sea considerada una mercancía que se incorpora al intercambio comercial entre las naciones, de acuerdo con los intereses de empresas privadas. Los fundamentos de la rescisión han sido los graves y reiterados incumplimiento acumulados a lo largo de la concesión que se inició en 1993.

La privatización de la totalidad de las empresas y sociedades del Estado, incluida la empresa estatal petrolera -YPF- se realizó en el contexto de la década del 90 y con los justificativos de garantizar la formación de capital originario por parte de las empresas, el incremento de los aportes al Tesoro nacional y el aumento de la demanda de mano de obra. Con respecto a estos objetivos, ya pasados 13 años de concesión, pudo observarse que ninguno se había cumplido; al final del primer quinquenio la desinversión en expansión de metas y obras de infraestructura era de alrededor de 700 millones de dólares en relación con el compromiso contractual de invertir 1.500 millones, y a partir de la sanción de la Ley de Emergencia Pública de enero de 2002, la empresa Aguas Argentinas SA prácticamente suspendió las inversiones. Las remesas de utilidades al exterior incluida la retribución por la función de operador a la empresa Lyonnaise des Eaux –managment fee- arrojó un saldo fiscal neto negativo y los trabajadores de la Empresa Estatal originaria Obras Sanitarias de la Nación se redujeron en alrededor del número de 5.000 operarios. A esta falta de cumplimiento en los objetivos del proceso privatizador se fueron agregando los incumplimientos contractuales por parte de la empresa en relación con la prestación del servicio. En esta instancia, los desvíos en relación con los compromisos contractuales se realizaron con el consentimiento del Estado en su calidad de autoridad de aplicación, del ente regulador y del sindicato, quienes aprobaban las omisiones empresarias frente a los derechos constitucionales de los usuarios de naturaleza patrimonial vinculado a la ecuación económico-financiera del prestador de conformidad con la determinación de tarifas justas y razonables, de defensa de las políticas monopólicas y la garantía de acceder a un medio ambiente sustentable.

Esta situación, con distintas variantes, se reiteró en el resto de los servicios privatizados. ¿Qué había sucedido en el Estado argentino que provocaba la indefensión del pueblo frente a las grandes empresas privatizadas? Mientras las empresas en general, acumulaban ganancias extraordinarias sobre el patrimonio neto y las ventas, se profundizaba en el discurso oficial la necesidad de la reforma del Estado que había provocado la transferencia de la totalidad de los activos físicos públicos a la esfera privada, en tanto que en el sector autodenominado progresista se extendía una teoría del convencimiento acerca de la realidad que ahondaba la pobreza, la fragmentación social, el retroceso en la teoría de masas hasta colocarlos en el lugar oscuro del desconcierto y la fatalidad. El padecimiento parecía inmutable, por ejemplo, frente a la situación de desbalance hídrico provocado de manera aguda en las zonas más vulnerables de la concesión por Aguas Argentinas SA, donde el desborde de las napas freáticas se produce a través de los pozos ciegos y el agua contaminada es una presencia diaria que resalta el oprobio de la miseria y las necesidades insatisfechas; la inhumanidad de un hecho consentido para garantizarle mayor rentabilidad a la empresa. Aguas Argentinas SA que transportaba agua de superficie del Río de la Plata para abastecer el área sin considerar el nivel ya saturado de las napas locales, a pesar de su responsabilidad por el uso del recurso hídrico y las disposiciones de la Agenda 21 de Río de Janeiro que establece para las zonas húmedas el uso prioritario de las aguas locales. Sólo las voces y la lucha de las organizaciones sociales se fueron transformando en una especie de letanía para sostener una verdad transgredida por la razón instrumental del mercado sostenido durante la década del 90 por las clases políticas en general.

LA DECADA DE LOS AÑOS 90 Y LA UNIFICACION DE LA ECONOMIA MUNDIAL

Esta historia de un largo error nacional de más de 13 años, de endeudamiento externo creciente, genocidio social, desempleo estructural, pérdida de soberanía, prórroga absoluta de jurisdicción sobre los asuntos nacionales, desesperanza en el pueblo; no fue casual; en realidad no fue un error. Obedecía a la etapa del sistema capitalista que ya desde principios de los años 70 había dado lugar a los grandes Grupos Económicos que comienzan a trazar un nuevo orden mundial. La unificación de la economía mundial, desbordando los viejos límites de la soberanía nacional para concentrarse en un mercado globalizado, es el hecho novedoso que se agrega y a la vez diferencia de los mecanismos utilizados hasta entonces por el imperialismo, para apropiarse de los recursos y ganancias de los países subdesarrollados. El ciclo económico comienza a separarse del mercado interno y por ello el salario deja de ser un componente de la demanda para transformarse en un costo del capital que debe ser sistemáticamente reducido. Hay algo que es distinto; que corta dialécticamente la línea de expansión y radicación de los capitales de los países desarrollados en el resto del mundo dependiente; que se corresponde con la nueva etapa que expresa el mayor poderío tecnológico, económico y militar, especialmente de los Estados Unidos, para compensar la caída de la tasa de ganancia en términos generales y apropiarse de cuotas crecientes del mercado mundial.

La masa de capitales que los grupos económicos han acumulado y el tipo de tecnología que por consiguiente controlan, les permitió establecer un diferencial de productividad inalcanzable para las demás empresas, hacerse así hegemónicos dentro de cada economía desarrollada y expandirse luego hacia la periferia. Allí, han desplazado a las empresas nacionales: una parte de ella es apropiada, el resto queda subordinado a sus encadenamientos productivos y la mayoría de pequeños empresarios se ve forzada a superexplotar a sus trabajadores. Este proceso de expansión geográfica por el cual un sector monopolista centraliza los capitales existentes consiste, desde 1970, y especialmente en la última década del siglo pasado, en el despliegue de las relaciones de producción que estructuran una economía mundial unificada. En efecto, el hecho de que los oligopolios integrados en grupos económicos dominen todas las economías, a partir del diferencial de productividad basado en la industria informatizada que tienen en su poder, y dispongan además de transportes y comunicaciones avanzados, les permite también descentralizar la producción a escala mundial en función de su propia división técnica del trabajo y simultáneamente planificar esa producción porque mantienen bajo su dominio la propiedad de los capitales, la investigación científica y sus aplicaciones en alta tecnología dentro de los países centrales. Las filiales conforman, desde sus distintas localizaciones una única unidad económica. Simultáneamente planifican esa producción.

La contrapartida de este poderío es sin embargo, la circunstancia de que el sistema capitalista se encuentra en su etapa culminativa en términos de función histórica: el aumento del trabajo informal aún en los países desarrollados, el desempleo estructural en los países dependientes, la caída del salario real, la indigencia, la guerra referida a la defensa de un absoluto que es como está concebido el Imperio. En fin, territorios y vidas personales declaradas inviables, naciones concebidas como reservas estratégicas para sostener artificialmente la existencia de un sistema histórico que ha llegado a su fin.

La automatización de las fuerzas productivas que comienza a desplazar al trabajo físico de la producción material de bienes y servicios requiere de nuevas relaciones de producción que desplacen la ley del valor y la plusvalía para dar lugar al trabajador social, a la cooperación en el trabajo, a la unión del movimiento del trabajo con el movimiento social para constituir la conciencia crítica que garantice el pasaje a un sistema en cuya base se encuentre la socialización de la producción, del conocimiento y de la vida social. Mientras esto no suceda, el capitalismo se apropiará sin legitimación a través del monopolio del know how que controlan, de la obra científica concentrada en el sector monopólico de la economía, o en caso contrario a través de la fuerza expropiará al mundo subdesarrollado de los recursos estratégicos que hagan posible su desarrollo.

Las regulaciones privadas son las del grupo que hegemoniza la economía capitalista mundial. Por lo tanto, no son supletorias de la regulación estatal, sino que constituyen al Estado en una institución política cada vez más privada, en tanto representante de ese grupo minoritario y excluyente de la acumulación social. Por ello, a diferencia de la tesis de Negri, el Estado-nación no termina, sino que se transforma  a partir de los estados centrales en la superestructura global de una estructura concentrada, con la participación de organizaciones internacionales como la OMC –Organización Mundial del Comercio- que no sólo regula las relaciones mercantiles entre los estados sino las relaciones de producción dominantes. En tanto que, en la periferia el Estado ha perdido su carácter nacional para convertirse en parte del aparato administrativo de la organización mundial en formación, con la función de garantizar desde el orden local del proceso de acumulación intensivo que centralizan los Grupos Económicos y excluye a la masa de la población del trabajo productivo.

En la sociedad burguesa envejecida el ser social ya no se reproduce plenamente porque la fuerza del trabajo social decae. Se amplía un proceso de agotamiento de la capacidad productiva del capital, en cuyo marco no caben de manera generalizada las nuevas formas del trabajo intelectual dado que la plusvalía es rebasada por la socialización del trabajo intelectual; se agota la competencia, reemplazada por la hegemonía de un grupo minoritario de empresas que sostiene sus tasas de ganancias extraordinarias a expensas de las que les transfieren el resto de los sectores sociales y también se agota el mercado por pérdida de la capacidad para invertir en el sector de las empresas no monopólicas, falta de empleo productivo e insuficiencia de las retribuciones del trabajo.

Estas son las razones por las cuales durante la década de los 90, los Estados dependientes transfirieron los activos del pueblo a los grandes Grupos Económicos para garantizar que la centralización del capital contrarreste la desproporción del sistema entre la socialización de la producción y la apropiación privada del excedente, en el contexto de mayor contradicción de las leyes del capitalismo, cuando la automatización hace que el número de trabajadores por unidad de capital invertido no alcance ni para producir plusvalía suficiente ni a consumir lo que se produce. Se explica entonces la enorme grieta social que se produjo en la Argentina durante la década del 90, así como las políticas de expropiación de los derechos patrimoniales y sociales de los usuarios por parte de las empresas privatizadas. La época del contubernio entre los dueños del capital en su etapa tardía y el Estado, los sindicatos y las clases políticas actuando como si realmente se tratase del fin de la historia.

LAS FUNCIONES DEL ESTADO EN LA TRANSICION DEL CAPITALISMO AL SOCIALISMO

La estatización por parte del gobierno de Aguas Argentinas SA significa la recuperación de un servicio esencial, en un momento de gran superávit fiscal de las cuentas públicas. Existe por lo tanto la posibilidad de concebir la función del Estado en un sentido que revierta los principios del modelo de los 90 que Estados Unidos trata de seguir imponiendo en la región a través de organizaciones como el ALCA, los tratados de inversión para garantizarles las condiciones de su reproducción al margen de las crisis de las naciones dependientes o directamente la militarización de las zonas donde se encuentran los recursos estratégicos. El Estado argentino debe desarrollar un sector de producción de bienes y servicios de alto valor agregado y tecnología avanzada que le permita competir en la división internacional del trabajo entre alta y baja tecnología, a la vez que desarrollar un sector real que generalice la producción de conocimiento. Únicamente a través de la creación de un sector real que sustituya al capital por una relación social que devuelva capacidad productiva a la fuerza del trabajo e incorpore las formas del trabajo intelectual, el Estado de las naciones dependientes podrán contribuir al pasaje a una sociedad que permita socializar el excedente y dar lugar al trabajador colectivo en quienes recaerá el control de los procesos de trabajo para evitar la burocratización de las empresas re-estatizadas.

Esta nueva concepción que debe resultar de un plan de gestión a mediano y largo plazo, garantizado por el Estado, debe poder incidir en el debate y la organización regional de los recursos estratégicos. Encontrar la forma histórica de trascender la organización agotada del capitalismo frente a las necesidades de los pueblos; recuperar en un orden globalizado que le permite expandirse a la humanidad, las cuotas de soberanía elementales para contribuir a resolver la nueva contradicción entre socialización del trabajo excedente- apropiación privada del excedente. Mientras el Documento Santa Fe IV sostiene a favor de Estados Unidos que “…. Los recursos naturales del hemisferio están disponibles para responder a nuestras prioridades nacionales”, el ser humano está en condiciones de dirigir nuevamente el progreso siempre y cuando advierta que es necesario abolir la relación del capital para desatar las fuerzas de la historia.

El agua potable es un recurso escaso que en el siglo XXI será objeto de guerras impulsadas por el afán expropiatorio de los países desarrollados. Como lo han sido el caso del petróleo y del gas en Irak, el Medio Oriente y el Golfo Pérsico. No se puede reclamarle a un Imperio que la lógica de funcionamiento sea diferente; es siempre expansiva en beneficio propio, y en este caso valiéndose además de las leyes orgánicas del capitalismo. Argentina no posee una Ley Nacional de Aguas que defina el uso de los recursos hídricos. Unicamente el artículo 2340 del Código Civil que dice que las aguas subterráneas y de superficie son del dominio público. La creación de AYSA es una oportunidad para desarrollar un plan hídrico nacional que incorpore los resultados sobre el tratamiento de aguas subterráneas compartidas con los países limítrofes, que tienen a su cargo otros organismos del Estado en razón de la competencia.

EL ACUÍFERO GUARANÍ

En este aspecto, el acuífero Guaraní, ocupa el tercer lugar en el mundo. Se extiende por las cuencas de los ríos Paraná, Uruguay y Paraguay. Tiene una superficie aproximada de 1.194.000 kilómetros cuadrados de los cuales 839.000 corresponden a Brasil, 226.000 a Argentina, 71.700 a Paraguay y 59.000 a Uruguay. De acuerdo con un estudio realizado por Elsa Bruzzone se desconoce el límite sur en la Argentina, pudiendo continuar hacia las regiones pampeana y patagónica hasta llegar a conectarse con la zona de los grandes lagos precordilleranos. Sostiene la autora que es probable que la masiva compra de tierras cercanas a ríos y lagos que llevan a cabo compradores norteamericanos y europeos en la Patagonia, obedezca a una temprana toma de posiciones en relación con el futuro negocio del agua. Además de ello, el área más importante de recarga y descarga es el corredor transfronterizo entre Paraguay, Brasil y Argentina, ubicado en la zona de la Triple Frontera. Los gobiernos de la región que comparten el acuífero Guaraní, decidieron entregar al Banco Mundial el proyecto de investigación, utilización y preservación del recurso hídrico, renunciando a la intervención directa en su condición de Estados propietarios de las aguas del acuífero que se encuentran en sus territorios.

La importancia que posee el acuífero como fuente de un recurso esencial escaso y distribuido asimétricamente en relación con la densidad demográfica mundial, así como el estado de contaminación de las aguas en los países desarrollados de Europa y Estados Unidos –este país tiene el 40% de sus ríos y lagos contaminados- explica la presencia de efectivos militares en la región y los informes sobre terrorismo internacional que accionaría en la Triple Frontera. Los Informes Anuales sobre Terrorismo Mundial elaborado por el Departamento de Estado Norteamericano, determinaron a pesar de ello, que en la zona de la Triple Frontera no existían bases terroristas; no obstante se hizo mención al Diálogo Antiterrorista del 3 más 1, firmado por Brasil, Argentina y Paraguay con Estados Unidos para garantizar el control de la región. El avance del Imperio sobre el acuífero es una garantía futura para las empresas transnacionales, que operarán el negocio del agua potable embotellada de acuerdo con la potencia económica que poseen o resguardadas por el poder militar, el mismo que encendió las noches de Bagdad con ataques aéreos provocando muerte y mutilación a cambio del control de las reservas gasíferas más importantes del mundo.

CONCLUSIONES

El derecho humano de acceso al agua peticionado por los pueblos, y la concepción mercantil de los grupos internacionales que operan el servicio del agua han confrontado a lo largo de la concepción del negocio en manos privadas y ello dio por resultado la rescisión del contrato de Aguas del Aconquija SA, liderado por la empresa Vivendi en Tucumán; la rescisión de Azurix en la Provincia de Buenos Aires, en la que intervenía el grupo Enron, y Aguas Argentinas SA, liderada por la Suez. En Bolivia, los movimientos sociales desplegaron sus fuerzas a través de la Guerra del Agua en el año 2000 y expulsaron de Cochabamba  a la empresa que prestaba el servicio a través de la multinacional estadounidense Bechtel; del mismo modo Aguas del Illimani fue expulsada de El Alto boliviano. En todo el Perú, bajo la conducción de la Federación de Agua Potable del Perú, adherida a la CGTP, se han formado frentes de resistencia contra la privatización que ha intentado permanentemente el presidente Toledo. También fue re-estatizado el servicio en Grenoble, Francia, y rescindido el contrato a la Suez en Atlanta, EE.UU., así como la retirada de Manila en Filipinas, etc. La política de estas empresas que desataron la resistencia popular se ha reproducido de modo análogo en los lugares de prestación: tarifas altas irrepresentativas de los costos del servicio, desinversión en relación con las comprometidas contractualmente, fallas en la calidad del servicio, mal manejo de los recursos hídricos.

El sistema capitalista reproduce las condiciones de su existencia en el hemisferio, a través de regulaciones jurídico-económicas y la presencia y amenaza militar. Del mismo modo, los pueblos deben producir las condiciones de su liberación y para ello el control de recursos estratégicos como el agua y el petróleo, son esenciales. A ello debe sumarse, la función que desarrolle el Estado en la esfera real de la producción de bienes y servicios, para introducir relaciones de producción que suplanten al capital como relación de apropiación del trabajo producido a favor de una minoría concentrada. El Estado debe sentar las bases reales para la formación del trabajador colectivo que una el movimiento del trabajo no alienado con la práctica social, dando lugar así a la conciencia crítica de una nueva sociedad que supere a la vieja sociedad capitalista. En el caso del agua, los Estados que presten el servicio tienen ante sí el desafío de lograr la organización que haga de los empresas públicas un momento de las necesidades de la sociedad civil, así como un administración eficiente y racional económicamente. Debe tenerse en cuenta que el servicio del agua es regulado y en consecuencia, cuando la tarifa deja de ser una fuente de ganancias extraordinarias, que superan holgadamente el costo marginal de producción, los grandes consorcios eligen otros países como, por ej. Asia, después de haber expoliado a los nuestros. Este es el momento, cuando los Estados que han recuperado el manejo de los recursos hídricos demuestren que existe una forma distinta a la que rige el capitalismo, para desarrollar con eficiencia el negocio; sin trabajo improductivo, corrupción y desinversiones. Esto no es sino un paso más en el pasaje a una nueva sociedad que base el progreso en el ser humano, como destinatario y como sujeto de su propia construcción histórica.

*Abogada y Ex Adjunta del Defensor del Pueblo de la Nación Argentina
 

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