Sábado 29 de Abril de 2017 - 04:25hs. - República Argentina Edición # 1660

Revista #36 Marzo 2010 > Medio Ambiente

Papel, contaminación, tijera

Es cuestión de darse una vuelta por San Pedro. Allí está la planta de Papel Prensa que controla el Grupo Clarín. Un predio de 150 hectáreas, 40 mil metros cuadrados construidos. Se producen 170 mil toneladas de papel de diario por año y usan 360 mil toneladas de madera. Pero la planta arroja efluentes al río Baradero. Hay causas iniciadas por probable contaminación y otras que indican que la planta no tiene certificado de aptitud ambiental ni permiso de la autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires para arrojar químicos al río. Aquí, el estado de las investigaciones. Clarín no quiere que el Estado nacional inspeccione.


POR PABLO LLONTO

En sus profundas arengas sobre cómo deben comportarse los argentinos, el diario Clarín editorializó el 23 de diciembre del año pasado: “es necesario asumir cuanto antes los costos de la adaptación de las formas de producción y de consumo, que siempre serán menores de los que provocarán las modificaciones en los entornos naturales y en las condiciones de vida de amplias franjas de la población”. La firma del texto editorial, cómo ha sucedido siempre en Clarín, se ha ausentado. Pero responde a la página de los editoriales, conocida como “la página del tercer piso”, es decir, aquella que controlan personalmente las dos personas más poderosas de la empresa. Ernestina Herrera viuda de Noble (84) y Héctor Magnetto (66).

El texto, para algarabía de los militantes ecologistas, es una proclama verde. Muy al tono con la época. El texto, para la inquina de los militantes ecologistas, es una tremenda hipocresía.

A 160 kilómetros de Buenos Aires, se encuentra la planta de Papel Prensa, en San Pedro. Allí, la empresa, cuyo control ejerce el monopolio Clarín, pero cuyos accionistas minoritarios son el diario La Nación y el Estado, lleva adelante un sofisticado mecanismo de ocultamiento que impide determinar con certeza cuál es el grado de contaminación que dicha planta vuelca sobre el río Baradero, y en consecuencia sobre el Paraná.

 En agosto del 2007 Papel Prensa inició un juicio contra el Estado nacional,  la Jefatura de Gabinete y la secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación ante el Juzgado Federal 1 de San Nicolás, solicitando que la Justicia declarara que el Estado nacional no tiene jurisdicción para ejercer poder de policía ambiental contra la planta. Argumentaba que la planta Papel Prensa no está en la circunscripción territorial de los Juzgados Federales de San Nicolás.

En lenguaje de la calle: “a mí, el Estado nacional no me va a controlar un carajo”.

La demanda era una respuesta a los intentos que se realizaban desde el Plan de Reinversión Industrial de Pasta de Celulosa y Papel de la Secretaría de Ambiente, por aquel entonces a cargo de Romina Picolotti. Ese organismo había obtenido información sobre el proceso industrial de fabricación de papel de diario en San Pedro, y por primera vez se habían efectuado varias inspecciones en serio por la Dirección de Residuos Peligrosos que comandaba Raquel Bielsa.

Papel Prensa había impedido –entonces- a la secretaría de Nación que se tomaran muestras sobre sus efluentes líquidos.

Junto con la demanda, el Grupo Clarín pedía - como medida cautelar, que se ordenara a la secretaría de Ambiente que se abstuviera de realizar nuevas inspecciones en la planta.

En lenguaje de la calle: “minga que van a entrar acá”.

 La planta utiliza un sistema químico-mecánico que obtiene un blanqueado con agua oxigenada, diferente al que logran otras pasteras que utilizan cloro. Como Papel Prensa fabrica papel para diarios, ese papel no precisa un blanqueado perfecto.

Vamos al texto científico: los residuos de lignina (componente de la madera) que se arrojan mediante los efluentes líquidos, impiden que la empresa tenga aprobado el certificado de aptitud ambiental por parte del OPDS, Organismo para el Desarrollo sustentable de la provincia de Buenos Aires (ex Secretaria de Medio Ambiente de la Provincia), y que el ADA (Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires) no le haya otorgado autorización para arrojar esos efluentes en el río Baradero, brazo del río Paraná de las Palmas.

El argumento de los abogados de Clarín era bastante curioso: como el río Baradero recorre territorios provinciales, no pueden aplicarse las normas de una ley nacional, la 24.051de residuos peligrosos. Argumentaban, además, que Papel Prensa siempre se había sometido pacíficamente al poder de policía ambiental de la provincia de Buenos Aires.

Una consulta a ex integrantes de comisiones internas de Papel Prensa, en cambio, nos dio como resultado que los funcionarios de anteriores gobernaciones de la provincia siempre fueron condescendientes con Clarín y que el grupo jamás tuvo problema en “resolver” inspecciones que no eran tales.

En la actual causa actúa Juan Patricio Murray, fiscal federal de San Nicolás y uno de los pocos funcionarios judiciales que tiene la Argentina que trabaja sin temores para hacerles cumplir la ley a multinacionales, genocidas y monopolios. Según Murray “ el argumento de Papel Prensa carece de sustento desde un punto de vista hidrográfico, toda vez que un brazo de un río no es un afluente, y aunque así lo fuera eso no quiere decir que la contaminación presunta efectuada sobre un afluente no pueda producir contaminación en otras jurisdicciones, por ejemplo en la provincia de Entre Ríos o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que daría competencia federal a la cuestión para enmarcarla dentro de la normativa nacional y no meramente provincial”.

Los análisis practicados sobre la planta por parte del ADA han arrojado índices de sus efluentes líquidos industriales (DBO y DQO, demanda bioquímica y demanda química de oxigeno) diez veces superior a las autorizadas en la normativa vigente.

En lenguaje de la calle: “están contaminando a cagarse”.

¿Cómo sigue el asunto? El Juez federal de San Nicolás corrió vista sobre la competencia al fiscal Murray, dictaminándose que, como se estaba pidiendo que se citara al juicio a la provincia de Buenos Aires, correspondía la competencia ordinaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así lo resolvió el Juez Federal y el expediente fue enviado a la Corte, donde se encuentra dando vueltas desde diciembre de 2007.

Este cronista averiguó sobre la situación de expedientes en la Corte y observó que “el caso Papel Prensa” lleva dos años pasando de mano en mano de los ministros, va y vuelve de los despachos, sin que a la fecha se haya resuelto nada. Ni el pedido de Clarín ni la continuidad de la investigación sobre la contaminación.

De todos modos, el fiscal Murray, con los elementos que surgían de los propios escritos de Papel Prensa, promovió otra investigación (llamada preliminar) y luego una causa judicial ante el Juzgado Federal  2 en lo Criminal de Instrucción y Correccional de San Nicolás, por presunta infracción a la ley de residuos peligrosos.

Después de un tiempo de impunidad, Papel Prensa fue allanada para poder efectuar las tomas de muestras que se le negaban a la secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación. Esos análisis confirmaron que los índices de DBQ y DBO (Demanda Bioquímica o Demanda bioquímica de oxígeno) exceden los límites establecidos por la ley.

Los allanamientos también se efectuaron en la sede central de la empresa en Capital. El objetivo era secuestrar libros de Asambleas y reuniones de Directorio que determinen quiénes fueron los directivos o administradores responsables de las conductas que podrían ser delictivas si se comprueban hechos de contaminación.

Hasta hace unas semanas se intentaba producir una pericia de ecotoxididad crónica (de alto costo y de complejidad y extensión en el tiempo), la que finalmente determinará el grado de contaminación.

En la causa es querellante la municipalidad de Baradero, ya que esa zona y sus habitantes son los principales perjudicados. Si bien la planta está ubicada en el partido de San Pedro, se encuentra en el límite con Baradero y es allí donde se estarían produciendo los perjuicios mayores: disminución de fauna ictícola, perjuicios turísticos por el efecto sobre las aguas del río que pasan por su ribera y daño a la salud de los pobladores, ya que el agua del río Baradero es tomada para su potabilización por dicho municipio.

El escaso compromiso de nuestra justicia con las cuestiones de derecho ambiental vinculadas al derecho penal son algunas de las causas que impiden que cuestiones como Papel Prensa tengan el tratamiento debido en los Tribunales.

Ni hablar de los medios de comunicación. ¿O usted ha visto algo de esto en la llamada Enciclopedia Visual de la Ecología, una maravillosa obra que editó el Grupo Clarín en 1996?

Sin dudas, una buena nota para TN Ecología, que conduce Sergio Elguezabal.
 

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