Lunes 29 de Mayo de 2017 - 06:32hs. - República Argentina Edición # 1690

Revista #28 Junio 2009 > Medios de Comunicación

Cambio de estado

Sólo dos de las principales leyes creadas durante la última dictadura militar que gobernó la Argentina, aún perduran: la 22.285 y la de entidades financieras.


Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual

Por Francisco Niggli y Gonzalo Annuasi

(Docentes investigadores FPyCS-UNLP)

Luego, el marco  regulatorio de la radiodifusión sufrió una decisiva transformación durante el primer gobierno de Carlos Menem cuando se reemplazó el inciso (e) del artículo 45, que imposibilitaba a las empresas periodísticas editoriales ser permisionarias de canales de TV o radios; y los incisos (a) y (c) del artículo 46, que  situaban que el "objeto exclusivo" de un licenciatario debía ser la radiodifusión y que no podía haber más de 20 personas integrando las sociedades radiodifusoras. La disolución de esos obstáculos forjó una progresiva carrera de concentración casi oligopólica en el mercado comunicacional.

Recién en 2004 comenzó a vislumbrarse una luz de esperanza en la búsqueda de una ley democrática, pluralista y antimonopólica. En el vigésimo primer aniversario del retorno de la democracia, se presentaron en el Congreso los "21 puntos" de la "Iniciativa Ciudadana por una ley de Radiodifusión para la Democracia ", una declaración de principios suscripta por sindicatos de prensa y comunicación, entidades de derechos humanos, universidades, carreras y académicos de la comunicación, organizaciones ciudadanas, de base, territoriales y religiosas e incluso algunos funcionarios nacionales.

Pluralismo informativo y cultural, derecho a la información, participación ciudadana, federalismo y compromiso con la educación y los derechos humanos, son los principales valores propuestos. En América Latina, el impulso de los medios de comunicación desde sus inicios, ha tenido como objetivo el desarrollo mercantilista y no el de un servicio público al servicio de la sociedad. Las estrategias comunicacionales de los licenciatarios no reconocieron fronteras en estas latitudes y apuntaron a crear medios de comunicación comerciales. El Estado, que colaboró durante décadas por omisión o complicidad, es el responsable de la administración del  espectro radioeléctrico, el cual cuenta con una capacidad limitada.

Desde sus orígenes hasta la actualidad, salvo casos muy puntuales y ocasionales, los medios masivos en manos no estatales han seguido su rumbo original de lucro. Y en este marco es interesante considerar que si la producción de los contenidos tiene como objetivo conseguir dividendos, su objetividad, excelencia y credibilidad es, por lo menos, cuestionable.

Estado presente

El proyecto de Ley de Servicios Audiovisuales plantea un interesante avance en cambiar la lógica mercantil de los las empresas periodísticas y asegurar el desarrollo de medios como servicios públicos. Pero además, da un paso gigantesco en asegurar un Estado presente, regulador, que asegure el derecho de cualquier habitante a la difusión de sus ideas, costumbres y creencias. Así se refuerza la idea de democracia participativa y pluralista.

En el plano de lo concreto, el nuevo proyecto prevé la distribución de frecuencias equitativamente entre organismos del Estado, organizaciones privadas comerciales y organizaciones privadas sin fines de lucro, lo cual asegura la inclusión de muchos actores vivos de la vida social.

El Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad dependiente del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales da cuenta de la existencia de más de 10.000 organizaciones registradas, que podrían acceder a licencias. Al mismo tiempo, la Secretaría de Culto de la Nación tiene 493 cultos no católicos oficialmente reconocidos sólo en la Ciudad de Buenos Aires. El número alcanza los 2089 si se suma a la provincia de Buenos Aires.

A nivel educativo, sólo en el plano universitario, existen 40 universidades públicas que albergan a más de 1.300.000 estudiantes, que podrían realizar un proceso de transferencia educativa, técnica y cultural a la comunidad sin precedentes.

Sin embargo, además del concepto de pluralidad, uno de los mayores desafíos estará en actualizar el marco regulatorio en cuanto al concepto de tecnología y medios. Hoy, la legislación vigente entiende a las radios FM y la TV por cable como medios complementarios, lo que limita profundamente su regulación. Cuando la Ley 22.285 fue ideada hacía dos años que la Argentina tenía televisión a colores. Y no sólo no existía la telefonía celular: todavía no se habían inventado el compact disc (1983), el mouse para computadoras  (1983), ni el videojuego Pacman (1981). En 1980 recién el mundo era testigo del lanzamiento comercial del primer walkman.

Es por ello que un crecimiento tan vertiginoso en el campo de las comunicaciones y de la información necesita de un marco regulatorio acorde con los tiempos en que se vive. Hoy existen tecnologías comunicacionales impensadas en aquellos años. Y que dejaron de ser servicios de privilegio para pasar a ser indispensables en la cotidianeidad. Si bien la TV por cable nació en la Argentina en la década de 1960, fundamentalmente en el interior del país, durante los 80, cuando se expandió en el área metropolitana, fue un servicio de lujo para unos pocos. El nuevo milenio encontró a cientos de pueblos que sin el servicio de la TV por cable, no tendrían acceso a la televisión (a excepción de Canal 7). Frente a esto, la situación del mercado televisivo se encuentra concentrado y genera excelentes ganancias.

Más del 80% de los hogares argentinos afirman tener al menos dos televisores, y sólo el 0,6% no posee ninguno, lo que posiciona al medio con una capacidad de penetración muy importante. Al mismo tiempo, el 52% posee TV paga, el porcentaje más alto entre los principales países de América Latina que implica una facturación anual para las cableras de 6000 millones. Y de todo ese mercado Cablevisión-Multicanal (del Grupo Clarín) concentra más de 3 millones de clientes, equivalente al 48% de todos los abonados del país

En la Era de la Información, el abono básico del servicio de TV paga llega a representar el 10% del salario mínimo. El avance hacia una tarifa social que permita el acceso igualitario a la información también resulta indispensable para hablar de pluralidad.

Por primera vez, desde la sanción de la Ley de Radiodifusión en 1980, el Estado se abre al debate extra legislativo-partidario, y se pone a la cabeza de generar espacios donde puedan llegar todos los actores para plantear sus ideas: empresarios, organizaciones civiles, universidades, sindicatos, credos, funcionarios y cualquiera que desee realizar su aporte.

Y esto significa mucho más que el debate por una ley. Resulta el recupero de un rol que el Estado había perdido: el ser el encargado de regular las relaciones sociales para asegurar el desarrollo equilibrado de la sociedad.

 

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