Sábado 27 de Mayo de 2017 - 04:56hs. - República Argentina Edición # 1688

Revista #16 Marzo 2008 > Medios de Comunicación

La realidad en pocas manos

La apertura del debate por una nueva Ley de Radiodifusión generó tensiones y conflictos entre Gobierno y grupos de medios de comunicación. El debate, que en la superficie se centra en la libertad de expresión, de prensa, el valor del periodismo independiente y la responsabilidad social de informar, terminará dirimiendo quién o quiénes tendrán el control sobre la producción de la información.


Por Gonzalo Annuasi y Christian Tovar
(docentes investigadores FPyCS-UNLP)


Poco más de seis años pasaron para que los medios de comunicación vuelvan a ser actores clave en medio de una añeja disputa de poder. En aquel momento de corralitos, devaluaciones y asambleas barriales, podía leerse por algunas calles del barrio porteño de Constitución “Nos mean y Clarín dice que llueve”. Hoy, los afiches que denuncian abiertamente “Clarín miente” o “TN Todo Negativo” muestran que las empresas periodísticas vuelven a estar en el centro de la polémica.

Mientras que en 2001 las pintadas críticas al rol de los medios durante la presidencia de Fernando de la Rúa eran obra de quienes formaban parte de asambleas que juntaban a sectores de la clase media porteña con los piqueteros del conurbano -y por lo tanto ignorados en las páginas y pantallas de los medios de comunicación al provenir de un sector tan anónimo como “la gente”-, hoy la crítica proviene del Gobierno y sectores políticos, sindicales y sociales afines, lo que provocó una reacción inmediata por parte de los medios y ciertos sectores del periodismo.

La interpretación realizada por la presidenta Cristina Fernández a una caricatura de Hermenegildo Sábat publicada en Clarín y el relanzamiento del Observatorio de Medios contra la Discriminación -que ya funcionaba desde 2006 y cuenta en su breve historia con una serie de fallos que no fueron vinculantes para los medios auditados-, fueron la chispa para una reacción de los medios de comunicación que evaluaron la situación como un intento de avasallamiento  a la libertad de expresión, la libre prensa y el periodismo independiente.

Este discurso se maximizó, sin diferenciar el tenor de las distintas acciones, cuando el conflicto decantó en la iniciativa gubernamental de impulsar una nueva Ley de Radiodifusión, que dé fin al decreto-ley de 1980 que, con la ideología dictatorial del 76 y las enmiendas neoliberales de los 90, regula hoy la adjudicación de licencias de radio y televisión.

Si bien la legislación intenta ser clara en cuanto a las limitaciones a las prácticas de monopolio/oligopolio de medios, lo concreto es que hoy el mercado informativo está concentrado en pocas manos. Es por ello que el régimen de propiedad es uno de los puntos más sensibles para los grupos de medios en el debate de una nueva Ley.

Cuando el gobierno entronizó al Grupo Clarín como “el enemigo”, decidió enfrentar, para bien o para mal, en forma equivocada o no, para lograr una mejor democracia o fomentando el autoritarismo, a la principal empresa periodística de la Argentina, la única nacional con proyección internacional y que cotiza en la Bolsa. La estructura del holding posee una particularidad empresarial inédita: controla todas las etapas de producción informativa, desde autoabastecerse de papel hasta la distribución de sus productos.

A modo de síntesis, entre las principales unidades de negocio del grupo pueden encontrarse: Papel Prensa (productora de papel de diario); AGR (imprenta); Gestión Compartida (recursos humanos, administración y finanzas); Agencia de Noticias DyN; diarios Clarín, Olé, La Razón, La Voz del Interior y Los Andes; las radios AM Mitre y FM 100; Canal 13, Canal 12 y Canal 7 (TV de aire); TN, Volver, Metro, TyC Sports, Teledeportes y Magazine (canales de cable); Multicanal y Cablevisión (distribuidoras de TV por cable); Flash, Fibertel, Fullzero (proveedoras de Internet); Ciudad (portal de internet); Pol-Ka, Patagonik e Ideas del Sur (productoras); masoportunidades.com (compra y venta en Internet); Tinta Fresca (editorial educativa), Impripost (packaging, entre otras actividades) y Unir (distribución y logística).

Esta composición implica que el grupo tenga una importante penetración  en la conformación de la opinión pública: se estima que sólo el diario Clarín lo leen 830 mil personas a diario (vende en promedio más de 400 mil ejemplares), posee más de 3 millones de abonados a TV por cable, controla 750 mil conexiones a Internet y, sólo Canal 13, tiene una participación en la audiencia de la TV por aire del 34%. Paradójicamente, este imperio se erigió gracias a las políticas del gobierno de Carlos Menem, al que Clarín criticó en la etapa final de su gobierno, y de Néstor Kirchner, ya que durante su mandato se prorrogó la licencia licitatoria de Canal 13 y la fusión de Multicanal con Cablevisión.

La independencia se obtiene al no depender de nadie o nada. Permitan esta verdad de perogrullo que sirve para una desmitificación: las empresas periodísticas asumen el rol social de informar, pero al mismo tiempo persiguen intereses económicos, y en consecuencia políticos, lo que las hacen dependientes de los vaivenes locales e internacionales.

En este contexto, un grupo de medios como el que ejemplifica Clarín -y que puede ser emulado a menor escala por los emprendimientos mediáticos de empresarios como Daniel Hadad, José Luis Manzano, Daniel Vila, Rudy Ulloa, Francisco de Narváez o decenas de políticos del interior y conurbano que armaron sus emprendimientos mediáticos- se constituye como un actor importante en la construcción de la opinión pública.

Fueron los principales medios nacionales quienes acompañaron e impulsaron desde sus páginas y columnistas la devaluación del peso en 2001-2002, y luego lograron sanear sus economías gracias a la pesificación de las deudas, modificación de algunas leyes y, en especial, la sanción de la Ley de Protección de Bienes Culturales. Medidas todas que denotan la interrelación entre la construcción de la información realizada por los medios de comunicación y los estamentos económico-ejecutivo-legislativo del país.

Sin embargo, también las actuaciones del Estado -desde cualquiera de sus poderes- resultan disparadores de arremetidas periodísticas cuando se ven afectados los intereses corporativos de las empresas de medios:
El avance en las investigaciones sobre una supuesta contaminación del Río Baradero por parte de Papel Prensa (propiedad de Clarín, diario La Nación y el Estado Nacional), tensó las relaciones entre el Grupo y Gobierno, que incluso designó al jefe de Gabinete, Alberto Fernández, en el directorio de la empresa. Mientras esto se gestaba, se publicó una investigación periodística que involucraba a la secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti, en una serie de supuestas irregularidades en las contrataciones de personal de ese organismo.

La indefinición estatal sobre la norma que adoptará la Argentina respecto de la televisión digital plantea un nuevo escenario de conflicto: las principales empresas audiovisuales del Grupo Clarín, tanto de emisión como de distribución, tienen toda su estructura preparada para la norma norteamericana (ATSC). Las inversiones en este sector comenzaron en 1998 con la “pre adopción” de esa norma impulsada por la Resolución 2357/98 de la Secretaría de Comunicaciones. Sin embargo, las presiones por parte del Grupo Telefónica por adoptar la norma europea (DVB) no son menores. El holding español pretende además ingresar en el negocio de la distribución de TV por cable, posibilidad que las telefónicas tienen prohibido. Las casualidades hicieron que mientras Clarín criticaba con dureza al Gobierno en el “cacerolazo por el campo”, César Alierta, Presidente de Telefónica, se reunía con Cristina Fernández y el ministro de Planificación, Julio De Vido, para anunciar inversiones por 6.000 millones de pesos.

Estos son tan solo algunos ejemplos que generarían la sana suspicacia de cualquier periodista, y dan cuenta de la necesidad de debatir en el marco de la nueva Ley de Radiodifusión sobre el régimen de propiedad de los medios. Debate que debe ser un tema de Estado, ya que no debe estar atado a las necesidades-enojos-caprichos-interesas de un gobierno, partido político, universidad o empresa, sino representar el interés de una sociedad que necesita de un plural acceso a la información que brinde las herramientas para un análisis crítico de la realidad, con conclusiones propias.

Hoy, la construcción de la esa realidad pasa por los medios. Y los medios están en pocas manos.



 

COMENTARIOS (5)

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