Miércoles 29 de Marzo de 2017 - 04:16hs. - República Argentina Edición # 1629

Revista #37 Abril 2010 > Medios de Comunicación

Once años de denuncias e injerencias

La SIP en Venezuela


Por Esteban Collazo

En la última Asamblea de la SIP en Aruba, los poderosos dueños y editores de los medios de prensa se ocuparon de Venezuela, como es costumbre, para “denunciar y condenar las acciones del gobierno del presidente Chávez contra la libertad de expresión y el derecho a la información”. Proyectaron decenas de críticas y declaraciones, pero en ningún pasaje se destacó que Venezuela es el país que mayor medios de comunicación ha creado en los últimos años, donde en el 2000 poco más del 3 por ciento de la población tenía acceso a Internet y hoy se encuentra por encima del 30 por ciento, ni que ningún periodista ha sido asesinado, perseguido o desaparecido por cuestiones políticas o editoriales como ocurría en décadas anteriores, aún con gobiernos supuestamente democráticos que la SIP jamás denunció.

En los últimos días de marzo se pudo ver que la justicia venezolana, por iniciativa del Parlamento, detuvo al empresario Guillermo Zuloaga, máximo accionista del canal Globovisión que apoyó públicamente el golpe de Estado de abril de 2002. Zuloaga fue detenido y luego puesto en libertad debido a sus declaraciones en la Asamblea de la SIP. Está imputado por “ofensa y vilipendio a la primera autoridad del Presidente de la República” y por afirmar que el presidente Chávez había ordenado “disparar y echarle plomo a los venezolanos” durante el golpe de Estado de 2002.

Zuloaga, además, había sido acusado por delito de usura el 5 de junio de 2009, por estar relacionado directamente con el presunto almacenamiento irregular de 24 vehículos, encontrados en un allanamiento en su residencia en Caracas. Asimismo, el canal de noticias Globovisión tiene varios procedimientos administrativos en curso por las abiertas violaciones al marco legal venezolano.

En cuanto a la SIP, su accionar no siempre ha sido el mismo. En Venezuela durante los gobiernos Rómulo Betancourt (1959-1964) y Raúl Leoni (1964-1969) se han cerrado los periódicos Tribuna Popular, El Independiente, Dominguito, Clarín, La Pava Mancha, El Venezolano, La Extra, En Letra Roja, El Siglo, Qué pasa en Venezuela, Tal Cual, Venezuela Gráfica, La Hora, Crítica, Tiempo, El Día, Libertad, entre otros, y la SIP nunca emitió ningún comunicado denunciando la censura y la clausura de periódicos independientes.

Tampoco la SIP condenó la detención, expulsión y en muchos casos tortura, de más de 150 periodistas en los gobiernos de Betancourt, Leoni, Rafael Caldera (1969-1974 y 1994-1999), Carlos Andrés Pérez (1974-1979 y 1989-1993) y Jaime Lusinchi (1984-1989). Guardó silenció también cuando asesinaron al periodista Fabricio Ojeda el 21 de junio de 1967, entre tantos casos que se pueden citar.

Pero a partir de 1999 la SIP comenzó a denunciar la presunta “persecución chavista a la prensa independiente”. En octubre de ese año, en una clara injerencia en los asuntos internos de Venezuela, inició una campaña de ataques en contra de la aprobación de un artículo de la nueva constitución. Luego criticó la aprobación de dos artículos de la constitución que, en su opinión, eran un retroceso en materia de libertad de expresión. Los artículos están relacionados al “derecho a la información veraz” y “el derecho a réplica”, que consideran contrarios a la libertad de prensa.
En el 2000, en su informe señala que hay amenazas a la libertad de expresión en el continente, cuyo ejemplo a destacar es el caso de Venezuela. La SIP, además, manifestó que se mantendría alerta ante lo que ellos llaman “la situación de inseguridad” que enfrentan los periodistas venezolanos. En febrero de 2001 señalaron al presidente Hugo Chávez como el “máximo responsable” de que en Venezuela no “haya libertad de prensa”, tras una visita que una delegación hizo al país.

El 11 de abril de 2002, de manera insólita, la SIP condenó y repudió el “cierre” de los canales de televisión privados ordenado por el presidente Chávez, mientras que los canales alentaban a la población a sublevarse contra las autoridades y llamaban al golpe de Estado que luego ocurriría. Al día siguiente, la SIP elogió la instauración del gobierno de facto de Pedro Carmona Estanga, al expresar “que la situación venezolana brinda nuevamente la enseñanza y el ejemplo a todas las naciones del mundo sobre que no puede haber verdadera democracia sin libertad de expresión y de prensa”. De igual forma, la Sociedad Interamericana de Patrones no diría nada cuando a través de los medios de comunicación se apoyaba el paro petrolero que llevaría a la población al desabastecimiento de alimentos durante tres meses.

En 2003 junto con la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) consideraron que el proceso de investigación iniciado a dos canales de televisión en Venezuela, RCTV y Globovisión, que violaron la legislación venezolana, constituyó “otro nocivo intento del gobierno por callar a la prensa y limitar el derecho público a la información”.  Dos años más tarde, en otro acto de intromisión en los asuntos internos de Venezuela, la SIP expresó su preocupación frente a la sanción de la reforma al Código Penal de Venezuela por parte de la Asamblea Nacional.

Durante los siguientes años sus declaraciones e intervenciones no se modificarían. Proclamas “democráticas” e injerencias en los asuntos internos fueron la receta elegida por la CIA para que la SIP  ayudara a debilitar a Venezuela.

En palabras de Andrés Izarra, director de TeleSur, “La historia contemporánea de América Latina demuestra que la tarea de la SIP ha sido apoyar a las dictaduras disimulando el encarcelamiento y asesinato de periodistas, y atacar a los gobiernos que promueven la libertad y progreso de sus pueblos, acusándolos de “enemigos de la libertad de expresión.”
 

COMENTARIOS (2)

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