Lunes 24 de Julio de 2017 - 23:36hs. - República Argentina Edición # 1747

Revista #27 Mayo 2009 > Medios de Comunicación

Pobreza, exclusión y accionar policial

En situaciones de coyunturas políticas como las actuales, a menudo se suele analizar la situación de la seguridad pública a través de índices estadísticos y de variables de análisis que no son las mejores o las correctas formas para interpretar el complejo entramado de la realidad social.


Otras miradas posibles desde donde interpretar la seguridad pública

 Por Lic. Ignacio Fittipaldi

En muchos casos se omiten datos o se tergiversan otros a favor o en contra del gobierno de turno. Entonces decir que “hay más robos” o que “los menores delinquen más que antes” no constituye una información que aporte algo esclarecedor al debate general.

En épocas de campañas electorales puede ser que ese manejo de la información sea malintencionado y obsceno.

La estrategia de construir un Mapa de la Inseguridad, tal cual lo ha hecho uno de los candidatos del Peronismo Disidente bonaerense -aún nos deben la explicación de cómo se disiente con el peronismo sin salirse de él, sin convertirse en otro partido, en el PC por ejemplo- es un golpe de efecto mediático que busca traumatizar las cervicales del electorado, tiende a generar pánico y luego a instalar la irrisoria idea de que dicho candidato,  sí sabe cómo se logran umbrales aceptables de seguridad pública. Eso sí, lo hace proponiendo un instrumento tan ilegítimo e inútil como necesaria la posibilidad de chequear ese mapa temerario con uno confeccionado desde las instituciones gubernamentales pertinentes; inexistente por cierto.

Es ilegítimo porque no hay manera de constatar que el ciudadano que carga su denuncia allí, haya sido afectado o víctima de lo que denuncia. Y es inútil porque al ser sólo una herramienta de campaña queda por afuera del alcance operativo que las fuerzas de seguridad provincial o federal pudieran dar. Ello se deduce de una advertencia que figura al pie del mapa, verificable en su página web: “Si querés ingresar tu caso por teléfono llamá al 0800-7778-MAPA. Esta línea no es el número de emergencia 911, ni reemplaza la denuncia policial/judicial.”

(http://www.mapadelainseguridad.com/ 21 de abril de 2009)

Si la denuncia en el mapa no conlleva respuesta policial, si la llamada al cero ochocientos no es válida para obtener una respuesta oficial y si no hay manera de constatar que los hechos que se denuncian allí son hechos realmente acontecidos ¿Cuál es la validez y la utilidad de dicha herramienta?

La cuestión social

En una reciente entrevista publicada el domingo 29 de marzo en Página 12,  Eric Hobsbawn-  añejo y no menos lúcido historiador - decía y se preguntaba: “… con libertad absoluta de mercado, ¿quién atiende a los pobres?”. Una pregunta notable por la sencillez y una gran pregunta, por la unilateralidad de la respuesta (no inducida) y por la gravedad que reviste. El tenor de la respuesta que cada uno de los lectores encontró en el silencio de la mañana dominical nos llevó a preguntarnos: ¿qué vamos a hacer mientras los candidatos rubios propongan resolver primero la cuestión de la in-seguridad y después, el de la pobreza y la exclusión socio-cultural? Como si la gestión de gobierno pudiera escindirse entre lo urgente y lo explosivo. Pero nada se le oye decir al respecto.

El sociólogo francés Robert Castel dijo algunos años atrás en su libro La Inseguridad Social que “el desasosiego de no tener ya futuro sin dudas es sentido individualmente por cada uno de los miembros de estas categorías sociales, (hace referencia a los sectores más desfavorecidos social y económicamente) pero su reacción es colectiva. Está marcada por el sello del resentimiento. El resentimiento puede ser un resorte de acción o de reacción sociopolítico profundo que sin duda aún no llamó suficientemente la atención. Es una mezcla de envidia y de desprecio que se juega sobre una situación social diferencial y fija responsabilidades de la desdicha que se sufre en las categorías ubicadas justo por encima o justo por debajo en la escala social. Es una frustración colectiva que busca responsables o chivos emisarios ubicados justo por encima o justo por debajo en la escala social. (…) El resentimiento colectivo se nutre del sentimiento compartido de injusticia que experimentan grupos sociales cuyo status se va degradando y que se sienten desposeídos de los beneficios que obtenían en su  situación  anterior”.

Cuando la seguridad se confunde con el hecho policial consumado y con la noticia subsiguiente, cuando la cuestión de la in-seguridad sólo remite a cuestiones numéricas, índices y estadísticas sin otro trasfondo más que el dato en sí mismo y el consecuente accionar policial, podemos decir que estamos frente a una problemática social descontextualizada y des-historizada.

La cuestión policial

Además de la variable social  hay otra variable por donde intentar explicar el problema de la seguridad pública y que básicamente está constituido por el accionar policial. Pero ningún candidato parece atender ésta vertiente. Cuando decimos accionar policial nos referimos no tanto a lo que sucede en la calle (la faz operativa) sino a un acuerdo posible para que ello suceda de tal o cual  manera y no de otra. Una forma histórica. Ese pacto fue descrito de manera ejemplar por Marcelo Saín en su libro Seguridad, Democracia y Reforma Policial en la Argentina. Expuesto de una manera tan clara como cruda se planteaba allí que la institución policial era poseedora de dos características sustantivas: autogobierno y autogestión. Se autogobierna en tanto que era ella misma a través de su cúpula policial quien fijaba los lineamientos generales de algo que no llegaba a ser una política pública de seguridad, pero que sí regía la intervención de la fuerza en la prevención, represión y conjura del delito. Y se autogestionaba en tanto que se propinaba los recursos económicos mediante los cuales se cubrían costos operativos que el presupuesto oficial no alcanzaba a costear, a la vez que funcionaba como gran caja recaudadora para las arcas de la cúpula policial y dirigentes políticos de peso. En El Leviatán Azul, Saín también afirma que Defección política y apropiación policial del gobierno de la seguridad constituían el problema central en el contexto de la seguridad pública desde el proceso de reinserción democrática a la actualidad.

En la misma línea argumentativa, el 8 de enero de 2007 la titular de la fiscalía en lo criminal 16, Mónica Cuñarro, ex titular de la unidad de ayuda para el combate del narcotráfico -Ufidro- (creada luego del escándalo de las valijas de Southern Winds) y vicepresidenta de la Asociación de Fiscales de la Capital Federal, fue entrevistada en Página 12 por el periodista de investigación Cristian Alarcón. Allí, entre otras cosas, la fiscal dijo que la justicia debía investigar si la Policía Federal “permite, protege o participa del narcotráfico” y de los negocios en relación a él de la villa 1.11.14. Lo que la Dra. Cuñarro sospechaba era que la policía estaba obstruyendo el proceso judicial al fragmentar la información policial en causas que presentaban un origen común pero que ante la justicia se presentaban de manera aislada y desconectada. Aquí transcribimos parte de la entrevista para no restarle fidelidad a declaraciones que por su tenor merecen tal tratamiento:

Cristian Alarcón: En una investigación de Página/12 detectamos que las tramas narco que explican algunos crímenes les fueron ocultadas a los jueces y fiscales.

Mónica Cuñarro: Lo que nosotros advertimos en todas las causas era que, por ejemplo, ante un hecho o enfrentamiento, se les daba la novedad a distintos jueces y a distintos fiscales, y a veces no se los imponía de los antecedentes de estos hechos. De esa manera, el funcionario o magistrado, un fiscal o un juez, no puede tomar acabado conocimiento sobre el delito.

CA: El por qué del tiroteo.

MC: Por ejemplo. Y adoptar las medidas que correspondan. Ahora, también vimos que no era producto del 2006, que había sido del 2005, es decir, que viene dándose a lo largo de los años.

CA: ¿Cómo calificaría esta actitud?

MC: Esto lo calificamos como omisión grave, producto de una grave negligencia. Tampoco descartamos que se pueda probar la participación criminal en encubrimientos o en otro tipo de hechos. Esto es lo que ahora deberá investigarse. Hay que investigar si la policía permite, protege o participa del narcotráfico. Esto es una denuncia que está muy fundamentada y se tomarán las medidas que se tengan que tomar.

CA: ¿Ustedes sospechan de una zona liberada?

MC: Está corroborado que de los 140 heridos por armas de fuego que ingresaron al Piñeiro en seis meses, un 60 por ciento correspondía a la comisaría 36ª, y el resto a la 38ª y la 34ª. Los profesionales de la salud recordaban que durante las fechas correspondientes a lo que se conoce como la “masacre del Bajo Flores” (29 de octubre de 2005) los números eran distintos. Lo cierto es que para nosotros las muertes de los últimos meses son producto de nuevas bandas.

CA: Señalan como clave el fusilamiento del joven Brian Vigiano. ¿Qué relevancia tiene su muerte en este contexto?

MC.: La muerte de Brian se produce en el contexto de un enfrentamiento entre dos grupos y que, justamente por el ocultamiento de información de la Federal, no se pudo ver la maniobra delictiva en su conjunto porque se daba intervención a diversos jueces distrayendo la investigación. Esto generó que uno de los jueces extrajera testimonios para analizar la conducta de la Federal.

CA: ¿La policía dividió el hecho situándolos en distintas jurisdicciones para que les toque investigar a distintos jueces?

MC: Sí. Nosotros hablamos de hechos puntuales en donde mostramos cómo en un enfrentamiento se le comunica a un juez y un fiscal, y otro hecho a otros, aunque jurisdiccionalmente se trata de un mismo lugar y durante un mismo turno. Esto es lo preocupante, que se denuncia que posiblemente las fuerzas de seguridad protejan el narcotráfico.

Lo anterior es solo a modo de ejemplo para entender cual es la dimensión de lo que decimos cuando se hace referencia a la connivencia entre política, policía y delito. Pero si las policías, permiten, protegen y participan del accionar delictual, por qué luego se las dota de mayor autonomía, por qué se reclama mayor presencia policial en la calle o por qué se les da mayor poder de fuego cuando en verdad ellas mismas son actores reguladores del delito de baja rentabilidad y miembros constitutivos de las bandas que se dedican a delitos de gran rentabilidad. .

Lo que debe hacerse con ellas es someterlas a un proceso profundo de reinstitucionalización cultural, de profesionalización constante y ejercer con el rigor necesario las funciones que le son propias a una Auditoria General de Asuntos Internos.

Otras miradas posibles

Pienso, si para hablar de seguridad pública, para identificar el hilo desde donde tirar el ovillo,  para ubicar las fichas en un tablero más justo no harán falta dirigentes que puedan enunciar, comprender y proponer políticas públicas de seguridad tomando y articulando enunciaciones, análisis y conclusiones del tipo de las de Eric Hobsbawn, Mónica Cuñarro y Marcelo Saín antes que las famélicas propuestas de Francisco y su temerario, ilegítimo e inútil mapa de la inseguridad.

El mismo Robert Castel concluía en el libro ya citado que “El sentimiento de inseguridad es la conciencia de estar a merced de estos acontecimientos”, de la posibilidad de que se degrade nuestro status social.

La in-seguridad es eso. Y además la conciencia de la existencia del fenómeno de la pobreza, la desigualdad, la exclusión, la fragmentación y la polarización social. Todo ello transformado en amenaza social interpela nuestra existencia temblorosa. O debería.  

Dimensión

 A diferencia del rubio candidato, Felipe Solá ha tenido largos años de gestión y sabe cual es el tenor real de la dimensión de la in-seguridad. Entre sus filas ha tenido como Ministro de Seguridad a Juan Pablo Cafiero, éste tuvo como viceministro al singular Marcelo Saín (actual interventor de la novedosa, poco divulgada y exitosa experiencia en la Policía de Seguridad Aeroportuaria) y luego a León Carlos Arslanián, como titular de la cartera, quien también sabe a ciencia cierta qué variables deben ponerse en juego si se trata de controlar de manera integral dicha problemática. En ese lugar del escenario político comienza a esbozarse un contrapunto ideológico que la necesidad electoral salvará sin más.

 

 

COMENTARIOS (11)

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