Sábado 27 de Mayo de 2017 - 05:02hs. - República Argentina Edición # 1688

Revista #37 Abril 2010 > Medios de Comunicación

Una mordaza a la libre expresión*


Por José Steinsleger**

Uno de los capítulos más importantes del terrorismo informativo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) tuvo lugar antes, durante y después del gobierno de la Unidad Popular en Chile.

Según investigaciones del Senado de Estados Unidos, el llamado Comité de los 40 autorizó a la CIA a una operación secreta de propaganda el 14 de septiembre de 1970.

Menos de una semana después, la SIP emitió en Washington un comunicado que denunciaba las amenazas a la libertad de prensa en Chile, por los comunistas y sus aliados marxistas.

En 1970, Agustín Edwards, director del diario El Mercurio, llegó a Washington para buscar el apoyo de EE.UU. para un plan destinado a impedir la elección de Salvador Allende.

El 15 de septiembre, un día después de que el Comité de los 40 diera su aprobación para la campaña contra Allende, Edwards se reunió con Richard M. Helms, director de la CIA. El 22 de septiembre, El Mercurio publicó un editorial en el que sostenía que “la supervivencia de los derechos individuales era la cuestión más importante que debía decidir el pueblo chileno.”

Dos días después, la agencia española de noticias EFE en Santiago de Chile envió una nota a toda América Latina, en la que informaba de una manifestación contra Allende del grupo Patria y Libertad, financiado por la CIA.

Con base en el informe del Senado, Walter Pincus del Washington Post, aseguró que EFE recibía un subsidio de la CIA para sus operaciones en América Latina: 18 periodistas chilenos bajo control directo de la CIA, en puestos administrativos importantes en los medios informativos.

Por otro lado, la CIA creaba la agencia Latin establecida, teóricamente, por 13 periódicos latinoamericanos de la SIP. Latin contrató a Reuters, agencia de noticias británica, para que administrara la operación. La CIA quería tener un competidor latinoamericano para la agencia cubana Prensa Latina.
Fiel a la causa y su historia, El Mercurio el 8 de octubre de 2006 publicó un extenso documento acerca de la alianza militar entre Hugo Chávez y Evo Morales. El diario nos entera que Venezuela y Bolivia firmaron un amplio y ambiguo acuerdo para construir más de 20 bases militares en la frontera que Bolivia comparte con cinco países, entre ellos, Chile. Los sagaces reporteros mercurianos apuntaron que un experto en inteligencia les habría informado acerca de la inestable situación en Bolivia. Ni corto ni perezoso, el Grupo de Diarios de Las Américas (GDA, Miami, 1994) de la SIP volanteaba simultáneamente un artículo intitulado Crisis y desunión en Bolivia.

¿Presiones al Gobierno de Chile para que retire su eventual apoyo al ingreso de Venezuela al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? El volátil, clasista y libérrimo concepto de libertad de la SIP resulta tan amplio que se ajusta al preámbulo de la Declaración de Chapultepec: “la libertad es una y, a la vez, múltiple.”

En octubre de 2003, por ejemplo, la consejera de seguridad nacional Condoleezza Rice ordenaba a la Asamblea General de la SIP, apoyar al gobierno constitucional de Gonzalo Sánchez de Losada, cuya dimisión pedían los bolivianos tras el asesinato de más de 80 personas por la represión policial.

Asimismo, en marzo de 2005 el uruguayo Danilo Arbilla (ex presidente de la SIP) acusó al gobierno argentino de “manejar la publicidad de manera selectiva.” ¿Le sugería proceder como el gobierno de Chile, otorgando 77 por ciento de la  publicidad oficial a El Mercurio y otros medios del grupo COPESA? Arbilla, coautor del decreto que en junio de 1973 prohibió en Uruguay la divulgación de todo tipo de información que pueda perturbar la tranquilidad y el orden público (sic), se lució como jefe de prensa del presidente golpista Juan María Bordaberry que cerró 173 medios de comunicación, decomisó la revista El Correo de la UNESCO y silenció el brutal asesinato de Julio Castro, director de Marcha.
En la actualidad la Comisión de Derechos Humanos de la ONU estudia el impulso jurídico de un nuevo derecho: el derecho a la verdad. Un ideal totalmente ajeno a la SIP, cuyo propósito, como hemos visto, consiste en preguntar a sus amos qué debe informar.


* Fragmento.
** Periodista y analista argentino radicado en México.

 

COMENTARIOS (3)

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