Domingo 26 de Marzo de 2017 - 17:50hs. - República Argentina Edición # 1626

Revista #19 Junio 2008 > Politica Nacional

EL CAMPO VIENE POR MÁS

Impuesto a la tierra


Por Daniel Sosa

¿Tienen futuro las retenciones a las exportaciones de granos? Desde luego que no, si se toma como referencia la posición de la Comisión de Enlace de las entidades de productores. Los dirigentes del campo, junto con los grupos político-económico-sociales que acompañaron por cuatro meses la protesta contra la política gubernamental, no dejarán de reclamar otra política agropecuaria. En ese horizonte, y de la mano de la nueva y vieja oligarquía (créase o no), figura un eventual Impuesto a la Tierra.

El riesgo obvio es que termine archivándose un mecanismo de redistribución de ingresos (ciertamente perfeccionable) por otro que en el pasado fue progresista, pero ahora podría surgir como carta opuesta. Es decir, de  mantenimiento de la inequidad en el reparto de la riqueza.

Setentistas

La opción fue demonizada por los grupos de poder en los 70, ante el peligro que representaba en cuanto a alentar otros proyectos tanto o más “comunistas”. Paradójicamente, tres décadas y media después surge como un camino a seguir, al punto que lo recomiendan desde la academia hasta los grandes empresarios del negocio agro-alimentario.

En el barullo de los cuatro meses de contienda agro-gobierno, la novedad sólo fue reflejada en los medios en lo referido al reclamo contra las retenciones. Pero hace tiempo que la hipótesis del trueque (impuesto a cambio de los actuales derechos de exportación) viene siendo impulsada por figuras emblemáticas como el “rey de la soja”, Gustavo Grobocopatel, y por lo menos, por dos de las cuatro entidades del campo: la Sociedad Rural (SRA) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).

El empresario, uno de los más notorios y exitosos gestores de los famosos “pools de siembra”, sostiene desde hace tiempo que las retenciones deberían ser reemplazadas por el Impuesto a la Renta Potencial de la Tierra (IRPT). A su juicio, ese gravamen fijo “va a favor de la productividad, ya que la gente está obligada a producir más cuantas más hectáreas tiene”. Mientras, los impuestos sobre las exportaciones son variables y desalientan la producción.

Grobocopatel develó su propuesta en declaraciones a Página/12 y luego a La Nación, mucho antes de que nadie soñara con la resolución 125 del Ministerio de Economía. “Hay que reinstalar ese impuesto setentista, que es fácil de cobrar, por hectárea, e imposible de evadir”, dijo. El Impuesto a la Renta Potencial, sintetizó, “obliga a pagar al que más tiene, estimula la productividad y el uso de la tecnología”.

El empresario sugirió además que sean los intendentes quienes manejen directamente parte de esa recaudación. "Sería un sistema descentralizado, en red, más propio de la sociedad del conocimiento. Veríamos inmediatamente una revolución, con municipios formando consorcios para hacer autovías, viviendas y construyendo escuelas y hospitales”.

Más aún, ya en tono parecido al de cualquier candidato en épocas electorales, afirmó que “la gente de los grandes centros urbanos volvería al interior, a las economías regionales. Con esto se eliminarían las villas miseria que se crearon hace décadas con el viejo esquema industrialista, que no fue sustentable", aseguró.

Renta diferencial

El tema, por lo pronto, no figura en ninguna de las carpetas del nuevo jefe de Gabinete, Sergio Massa, ni del flamante secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, Carlos Cheppi. Pero no es ninguna novedad en el ámbito de la investigación especializada. A fines del año pasado, por ejemplo, la idea del impuesto fue incluida en un trabajo elaborado por los economistas Ana Gabriela Bus y José Luis Nicolini Llosa, ambos de la Universidad de Buenos Aires. Se trató de un estudio sobre “La renta diferencial en la Pampa Húmeda”, que se dio a conocer en la Primera Jornada de Economía Política de la UNGS (Universidad Nacional de General Sarmiento).  

En ese trabajo se aborda, si bien en forma tangencial, la pregunta acerca de la política impositiva óptima para la recaudación de la renta agropecuaria. Se alude así a otro trabajo de Nicolini (esta vez en coautoría junto con Magdalena Cornejo, también de la UBA), también de fines de 2007, que estima econométricamente que la soja muestra
una elasticidad-precio de 0,7. Es decir, cuando el precio cae (aumenta) 10%, la producción del grano cae (aumenta) 7%.

Así, una política de retenciones permanentes a la exportación agropecuaria tendería a inducir una reducción proporcional de la superficie cultivada (y por ende, de la producción) de soja en el largo plazo. Este efecto retractivo de la oferta frente a las retenciones afecta, por definición, a los productores marginales cuya renta es nula o casi nula.

Bus y Nicolini constataban -antes del conflicto, vale subrayar- que “las retenciones reducen la renta de los propietarios de las tierras intra-marginales (con mayor fertilidad y rendimiento), pero excluyen del mercado a los productores marginales”. Además, en la medida que los productores marginales son más trabajo intensivos (suelen ser propietarios de su parcela y ocupan por lo general trabajo familiar) las retenciones afectan a las zonas rurales de mayor concentración poblacional. Con lo cual generan, en el largo plazo, un fenómeno migratorio hacia los centros urbanos que suele tener más costos que beneficios.

Los autores del estudio parecían anticiparse al estallido que siguió a la resolución sobre las retenciones móviles. Por ello consideraban, en diciembre de 2007, que una política impositiva “racional” debería incluir un anteproyecto de ley de impuesto al valor de la tierra (que guarda una relación directa con su renta potencial), en reemplazo a las retenciones entonces (y ahora de nuevo) vigentes.

Alertaban Bus y Nicolini que “históricamente, la alícuota aplicable en concepto de retenciones ha encontrado como límite la capacidad de reacción política de los sectores más afectados”, que “tienden a concentrarse en los productores marginales donde la renta es nula o casi nula”.

Un impuesto a la tierra, en cambio, al no afectar al productor, sino exclusivamente al propietario, cubriría un doble propósito: a) permitiría mejorar sensiblemente el cómputo de la base imponible, ya que estaría conformada no por una parte, sino potencialmente por el total de la renta agropecuaria, sin afectar en absoluto al productor; b) al no afectar al productor haría más equitativa su recaudación.

El programa

Hasta aquí, la propuesta de un “sojero” de nota y el coincidente análisis académico (si bien con matices) parecían dar claras señales de alerta al gobierno. Este, sin embargo, insistió en reforzar aplicación de retenciones móviles, con el resultado desastroso conocido.

Puede decirse que tras el revés en el Congreso, todavía se está procesando cuál será el rumbo en esta materia. Sólo trascendió que el secretario Cheppi no descarta volver a la carga con un nuevo esquema de derechos a la exportación de granos. Esta vez, no para aumentar el monto a recaudar, sino para repartirlo de un modo “más equilibrado”. En lo que se piensa es en desgravar al trigo y el maíz (de gran consumo interno) y acentuar a cambio el peso sobre la soja y el girasol (que le quitan cada vez más área cultivable a los anteriores granos).  

Resulta difícil sopesar las chances de esa reiterada idea gubernamental. Lo que sí está claro es que la propuesta de Grobocopatel (y de los expertos mencionados) tiene a favor uno de los lobbies más poderosos: el Foro de la Cadena Agroindustrial Argentina, que integran unas cuarenta entidades ligadas al sector.

Ya se dijo que integran ese espacio, creado en 2004, la SRA y CRA. Hay que añadir a las bolsas de cereales; las firmas exportadoras; las cámaras portuarias; todas las ramas de la industria alimentaria (tanto las industrias integrantes de COPAL, como los productores de harina, aceites, azúcar, pollos, citrus, legumbres, arroz, etc.); los fabricantes de maquinaria agrícola; las compañías tabacaleras, laneras, pesqueras y forestales; los proveedores de insumos, agroquímicos, semillas y tecnología; los consignatarios de hacienda; un sector de la banca (ADEBA); los acopiadores de granos; y hasta los propietarios de camiones (FADEEAC).
Todos ellos, pocos días antes de la asunción de Cristina Fernández como presidenta de la Nación, dieron a conocer una propuesta que sigue siendo hoy (más todavía tras el desenlace del conflicto) el programa que aparece con mayor detalle, detrás del reclamo eufemístico de una nueva “política agropecuaria”.

Ese trabajo fue realizado por un equipo que coordinaron los economistas Alberto Porto, de la Universidad Nacional de La Plata, y Julio Nogués, de la Universidad Torcuato Di Tella, El punto X.5 ocupa tres de las casi 300 páginas y se titula, precisamente, “Sustitución de las retenciones sobre las exportaciones por un impuesto sobre la renta potencial de la tierra (IRPT)”.

¿Autocrítica?    

Podría leerse como un ejercicio de autocrítica. Si no se tratara de otra cosa bien clara: de evitar, por cualquier medio, que el Estado pretenda incrementar la apropiación de la renta agropecuaria, que esas viejas y nuevas oligarquías consideran de exclusiva propiedad.

Por cierto, la propuesta de sustitución de impuestos que gravan la producción por un impuesto sobre la renta potencial por unidad de superficie, fue discutida en círculos académicos y políticos por largo tiempo, reconoce el Foro. Hasta cita la ley 23.583, sancionada en 1973, que no llegó a aplicarse.

La renta potencial no resulta de los ingresos y egresos efectivos de las unidades económicas. Depende de factores tales como la calidad del suelo, el tipo de cultivos, la tecnología utilizada, etc. Esa multiplicidad de factores hace que muchos consideren compleja su instrumentación, ya que requiere una gran cantidad de información actualizada.

Esos datos, sin embargo, estaban casi listos hacia 1974, cuando murió Juan Perón y la ley fue “cajoneada”, recuerda hoy Horacio Giberti, quien fuera secretario de Agricultura de Héctor J. Cámpora. En aquel momento, uno de los argumentos para promover el IRPT estaba relacionado con la fuerte brecha de productividad entre explotaciones.

Por un lado, dicen Nogués y Porto, había un gran número de explotaciones eficientes donde se promovía el uso racional de la tierra, en combinación con adecuadas prácticas de uso de tecnología. Por otra parte, coexistían dos tipos de explotaciones ineficientes: los latifundios (grandes explotaciones subutilizadas) y los minifundios (pequeñas extensiones sobreexplotadas y con escalas insuficientes de producción).

El IRPT, al ser potencialmente más gravoso para las explotaciones menos eficientes, las hubiera inducido a mejorar sus prácticas productivas. Ese procedimiento para promover un uso más racional y eficiente de la tierra fue visualizado como una especie de “reforma agraria”, dice el documento del Foro. En realidad, Giberti afirma que la intención de esa ley era más bien “productivista”. Se pensaba que el gravamen iba a alentar cosechas crecientes mediante la incorporación de tecnología. Había que resolver entonces en forma prioritaria la necesidad de divisas, que se requerían para favorecer el desarrollo de la industria.

Mucho más ambicioso era el proyecto de Ley Agraria, que Giberti elevó al Poder Ejecutivo –y que contemplaba expropiaciones de campos, por ejemplo- pero que Perón no envió al Congreso y quedó luego en el olvido.
Por cierto, constata el Foro, la modernización tecnológica y el incremento de la producción se fueron logrando por otras vías desde mediados de los 90. Pero los grandes empresarios del agronegocio encuentran otro motivo para impulsar el IRPT: su utilización a cambio de la eliminación de las retenciones a las exportaciones de granos.

Impactos

Está claro que la supresión de estos últimos derechos elevaría sustancialmente la renta agraria, de 160 dólares por hectárea a 300, según promedió el Foro. Pero el propio estudio aclaró que una eventual eliminación de retenciones haría desaparecer, a la vez, el ”subsidio” implícito en el precio que pagan los consumidores locales por los alimentos.

Dicho de otro modo, “una eliminación de los derechos y restricciones cuantitativas sobre las exportaciones se transmite de manera inmediata sobre los precios internos” de los llamados “bienes-salario”, y por ende, a los niveles de pobreza e indigencia. Hay que recordar que los dos principales productos de la canasta básica alimentaria son: la carne (que representa 30% del costo total) y el pan.

El impacto de eliminar retenciones, según los cálculos de Nogués y Porto, sería el siguiente:

  • Carne vacuna: alza en los precios internos de 15%, al que se agregaría otro 10% si se eliminan los cupos de exportación (restricciones cuantitativas).
  • Pan: alza en los precios internos de 3,5%
  • Canasta básica alimentaria: alza en su costo de entre 9,6 y 14,5%, según el grado de levantamiento de barreras a las exportaciones.
  • Canasta básica total: en la hipótesis de máxima, el aumento sería de 6,8%.

La entrega directa de alimentos, vales o cupones, por ejemplo a hogares con menos de 200 pesos mensuales de ingresos por adulto, es uno de los consejos. Otro, una eventual baja en la alícuota del IVA. Esa reducción tendría que ser del 21% actual al 9%, para compensar la suba en los productos de la canasta alimentaria. O bien, al 4% “para remediar el efecto conjunto de la eliminación de las restricciones y derechos a la exportación”.

El costo para el fisco de semejante bajón de ingresos (por el agujero que dejaría la eliminación de retenciones y la baja del IVA) es tan grande, que el Foro Agroindustrial sacó a relucir el Impuesto a la Renta Potencial de la Tierra. Queda así en claro que los viejos latifundistas (hoy travestidos de sociedades anónimas) y sus socios industriales y proveedores no tienen empacho en utilizar cualquier instrumento que preserve sus privilegios.

Desde luego, la propuesta del Foro no precisa alícuotas ni mayores detalles. El proyecto podría así terminar siendo un vehículo más para garantizar la disminuida tributación de los sectores más rentables y con mayor riqueza acumulada. Distintos sectores sociales y políticos populares, incluidos PyME y genuinos pequeños productores, creen sin embargo que el IRPT no debería ser descartado como instrumento que lleve a un esquema totalmente opuesto, dentro de un proyecto de reforma tributaria progresiva.
 

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