Martes 25 de Julio de 2017 - 21:29hs. - República Argentina Edición # 1748

Revista #25 Marzo 2009 > Politica Nacional

No solo se recuperó Aerolíneas

Tras 18 años de malversación de fondos y mala administración, Aerolíneas Argentinas volvió a manos del Estado nacional. Para aquellos que llevamos más de dos décadas luchando por recuperar nuestra aerolínea de bandera, pelea que comenzó en el 87 cuando el entonces ministro Rodolfo Terragno propuso privatizar el 49% de la empresa y que luego fue vaciada por empresarios extranjeros en connivencia con gobiernos al servicio de intereses foráneos, este paso nos produjo una enorme satisfacción que vivimos con esperanza y optimismo.


Por Ariel Basteiro

Y los hechos están demostrando, tras algunos meses de gestión estatal, que las expectativas no han sido en vano. Puntualidad, recuperación de aviones que se encontraban parados en tierra y actualmente están operando, y disminución sensible de las cancelaciones de vuelos, son algunos ejemplos de las mejoras que se viven en Aerolíneas.

En virtud del proceso que se inició tras el primer anuncio oficial hasta que la empresa fue efectivamente expropiada, es necesario analizar, entre otros factores, el papel que ha desempeñado la oposición. Sobre todo, porque la actitud que asumió se puede relacionar con otras discusiones sobre las decisiones que adopta el gobierno respecto a la industria y los recursos nacionales.

En primer lugar, hay que decir que el debate por la suerte de la compañía aérea a lo largo de 2008  se vio teñido por falsas afirmaciones de algunos sectores que quisieron obtener algún rédito político criticando una decisión que, claramente, beneficiaría al conjunto de la sociedad. Para citar un ejemplo, podemos decir que pretendieron convencernos de que el costo que deberíamos asumir para recuperar la empresa sería demasiado alto en función del estado de la compañía y que otras opciones, absolutamente inviables en la práctica, eran la mejor salida. Fue así que  la oposición propuso en un primer momento expropiar la empresa.

Elegir esa opción sin el debate democrático que impulsó el gobierno nacional al enviar el proyecto al Congreso de la Nación y sin los minuciosos  estudios que más tarde llevaron adelante  y presentaron el Tribunal de Tasación y la Auditoría General de la Nación, hubiera sido un grave error. Las discusiones con todos los actores involucrados y la conformación de estas investigaciones permitieron a la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Empresas Privatizadas adoptar la decisión que la oposición propuso en un primer momento pero con argumentos sólidos que evitarían que el grupo Marsans pudiera presentar  demandas justificadas ante organismos internacionales. Por otra parte los españoles, que actuaron  como el perro del hortelano al no  querer  ni vender ni seguir operando la compañía, sumaron otro argumento que convalidó la decisión adoptada luego por el Congreso de la Nación. Vale recordar que una vez que el oficialismo optó por la vía de la  expropiación, algunos diputados de otros partidos se opusieron, a pesar de haber sido los que la promovieron en un primer momento.

Menos de 3 meses después de aprobada la expropiación por parte del Congreso, el panorama y el avance de las negociaciones demuestra que se llevaron adelante todos y cada unos de los pasos necesarios para terminar el proceso con la prolijidad y  la exactitud de un cirujano.

A pesar de los malos augurios promovidos por algunos legisladores, la medida no contó con ninguna traba llevada adelante por los accionistas. Está casi descartada la posibilidad de que se presente un reclamo judicial en el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) o cualquier otra instancia internacional.

Además, se debe destacar que  las deudas de la empresa eran en su mayoría con proveedores locales a los cuales se adeudaban trabajos realizados. La decisión adoptada por el Gobierno tuvo, entre otros fines, preservar también las industrias vinculadas a la actividad, que no son pocas. Por otra parte  comenzarán a llegar en poco tiempo aviones nuevos directamente negociados con los fabricantes a costos más convenientes de los que cualquier empresa en la región haya logrado nunca. Sumado a esto, hay que recordar que los argentinos  no tuvimos que hacernos cargo de ningún contrato de Marsans,  como planteaban algunos en los últimos tiempos. Tampoco tuvimos que  adelantar ni bajar ninguna de las banderas que hemos propuesto siempre en el camino de recuperar una empresa aérea estatal para que vuelva a ser orgullo de los argentinos.

En otro orden, persistir en el impulso privatizador nos hubiera llevado a repetir un modelo en el cual el Estado terminaba subsidiando las ganancias de los capitales privados, asumiendo para sí sólo las deudas. Por el contrario, si la gestión de Aerolíneas Argentinas y Austral queda en manos estatales se puede volver a diseñar una verdadera política aerocomercial, pensada en términos estratégicos, persiguiendo los objetivos de vinculación internacional, integración territorial y desarrollo sustentable. Una política de estas características sólo puede ser impulsada desde el Estado, pero sólo si cuenta con las herramientas necesarias para hacerlo. Necesitamos recuperar Aerolíneas para los argentinos, y ello sólo puede hacerse por el camino iniciado.

Es imperioso que el transporte aéreo vuelva a ser concebido por todos los actores como un servicio público. La vasta extensión de nuestro territorio, la desigual concentración de la población y de los recursos económicos hace absolutamente necesario el despliegue de una red aérea que contribuya a mejorar la conectividad entre los distintos puntos de nuestro país, incrementar las comunicaciones interregionales y promover una mayor integración territorial. Una política aerocomercial acorde a estos objetivos sólo puede ser encarada por un Estado Nacional preocupado por mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.

Si la opinión pública, sobre todo algunas de las grandes empresas periodísticas, hubieran sabido escuchar y confiar en la propuesta surgida del Ejecutivo o del Parlamento,  la suerte de muchos otros sectores hubiera cambiado. En el tema Aerolíneas pudimos y supimos transmitir y convencer a la sociedad respecto a cuál era la mejor opción. Si la Resolución 125 no se hubiese topado con el voto no positivo de Cobos  hoy los productores agropecuarios tendrían lo que aun reclaman; si en el tema de la movilidad jubilatoria se hubiera hecho caso a los especialistas de la oposición, el último  aumento hubiera sido inferior al otorgado. De todas formas el debate es necesario  y genera satisfacción cuando vemos cómo se caen muchas de las mentiras que determinados sectores de la oposición política quieren imponer.
 

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