Viernes 28 de Abril de 2017 - 20:52hs. - República Argentina Edición # 1659

Revista #53 Septiembre 2012 > Politica Nacional

NESTOR BUSSO: ACABAR CON LOS MONOPOLIOS ES NECESARIO PERO NO SUFICIENTE


 

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sancionada en octubre de 2009 es un avance fenomenal para la democratización de la comunicación que es a su vez condición necesaria para profundizar la democracia en lo político, en lo económico y en lo cultural. Sin embargo la Ley no cambia la realidad de un día para otro.

Mas alla de la Ley, “ejemplo para el mundo” según el Relator de Libertad de Expresión de Naciones Unidas, logramos poner en debate el tema de la comunicación y el rol de los medios. Quedaron expuestos los intereses y negocios de los medios y particularmente de los grupos concentrados beneficiados por el estado durante la dictadura y la etapa neoliberal.

El debate instalado y  la Ley en si misma son conquistas populares aunque su aplicación no resulte fácil.  El  “poder real” desplegó su potencial económico, político y judicial para impedir o al menos dificultar la aplicación de la Ley.  Habían conseguido impedir el debate durante 26 años de democracia y tras la derrota que sufrieron con la aprobación de la  Ley buscan seguir postergando su aplicación.

Esta Ley entiende la Comunicación como un Derecho y no como un simple negocio comercial. Es un cambio sustancial a partir del cual el Estado debe asumir su responsabilidad de garantizar el ejercicio del Derecho a la Comunicación a todas las personas. Eso implica asegurar pluralidad y diversidad de voces, para lo cual es necesario promover y facilitar la expresión de los sectores mas débiles de la sociedad y al mismo tiempo poner límites a los poderosos. Por eso la Ley SCA establece una reserva del 33% de las frecuencias para el sector social o sin fines de lucro y pone límites a la concentración en la propiedad de los medios.

Pasaron casi tres años desde la sanción de la Ley y queda mucho por hacer para cambiar el mapa de la comunicación. Dificultades políticas y judiciales han impedido avanzar en la necesaria adecuación a la Ley de los grupos concentrados. Dificultades en la gestión han trabado la promoción real de la comunicación popular.

Se acerca el 7 de diciembre, fecha que la Corte Suprema de Justicia de la Nación fijó como límite de la medida cautelar que le permitía al GRUPO CLARIN no cumplir con los límites a la concentración. Lo insólito de esa causa judicial es que para discutir si un año es un plazo razonable o no para adecuarse a la Ley se dicta una medida cautelar que tiene vigencia durante tres años. Queda claro que lo que pretende el Grupo Clarín es ganar tiempo e impedir la aplicación de la Ley.

Por otra parte la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el mismo fallo, aclaró que la Ley está vigente  y que en nada atenta contra la libertad de expresión. Si esto es así, todas las empresas periodísticas del país deberán “adecuarse”. Para que esto se haga efectivo el Estado debe tener consenso social y fuerza para aplicar la Ley. De igual forma que construimos fuerza social y política en la Coalición por una Radiodifusión Democrática para dar el debate y aprobar la Ley, hoy es necesaria la organización y movilización popular para asegurar su aplicación. Por eso lo que suceda el 7 de diciembre es tema de abogados, pero a partir del 8 de diciembre depende de la correlación de fuerzas que sepamos construir desde la organizaciones populares y las decisiones que se tomen desde el Estado. No será fácil. Hay mucho en disputa y seguramente el Grupo Clarín, como parte y expresión del poder económico concentrado, va a apelar a cualquier cosa para mantener sus posiciones. Es necesario unirse y organizarse desde los sectores populares y el Gobierno nacional para dar esa disputa en la que se juega el futuro de la democracia argentina.

Pero esta gran batalla no tiene sentido si no somos capaces de construir una nueva comunicación que exprese las múltiples y diversas voces de nuestro pueblo. Es indispensable que desde el Estado, además de enfrentar a oligopolios y monopolios,  se promueva y fortalezca la comunicación popular que se hace desde las organizaciones libres del pueblo y también desde Pymes y microempresas que desde hace años buscan ser reconocidas y apoyadas. 

La gran batalla de la comunicación en nuestro país sólo la ganaremos cuando tengamos un nuevo mapa que muestre las múltiples y diversas voces de nuestro pueblo en cada lugar de nuestro territorio. En ese nuevo mapa, todavía muy limitado, tendrán que estar, además de valiosas experiencias de comunicación popular ya existentes,  nuevos emprendimientos que sean animadores de la democracia comunicacional. De manera especial tendrán que estar fortalecidos, con calidad y legitimidad popular,  los medios de las organizaciones libres del pueblo a quienes la ley les reserva el 33% del espectro. Además de cumplir y hacer cumplir la Ley 26.522 serán necesarias políticas públicas que hagan posible la irrupción y apoyen la sustentabilidad de estos nuevos actores.  Entre esas políticas creemos necesario la efectiva puesta en marcha de todos los mecanismos administrativos y de los organismos establecidos en la ley para su implementación, con participación y pluralismo. De igual forma es necesario hacer efectivos instrumentos administrativos y técnicos que permitan la gestión eficaz del espectro radioeléctrico a fin de lograr una equitativa distribución de categorías y potencias entre los distintos tipos de prestadores, que aseguren la coexistencia de servicios de alcance local y regional que expresen los criterios de diversidad. Los relevamientos de servicios de radio y televisión en todo el país realizados a partir de 2009 han reflejado el alto grado de demandas de prestadores privados con y sin fin de lucro. Es un escenario que la implementación de la ley debe atender contemplando el equilibrio, la sostenibilidad, el federalismo, el uso criterioso del espectro y el fomento a la producción local y regional. Resulta por tanto urgente normalizar los servicios de acuerdo a lo determinado por la Ley (artículos 159 y 160). Los pliegos para los concursos de servicios regulados por la Ley, vigentes y futuros, no deben contener exigencias administrativas, técnicas o económicas que excluyan a organizaciones populares o  a  pequeñas y micro empresas locales.  Será un aporte de enorme importancia la puesta en marcha del Fondo concursable de Promoción de los medios comunitarios, de frontera y de pueblos originarios de acuerdo al artículo 97 inc f) de la Ley 26.522. La asignación por concursos en base a proyectos de estos aportes también fortalecerá la aplicación de la norma. Los porcentajes establecidos en la ley respecto a reserva de frecuencias para  los prestadores sin fines de lucro, o los vinculados con las exigencias de producción propia, local y nacional, los límites a la retransmisión de las cadenas de radio o televisión en todo el país, así como las condiciones de inserción de publicidad, resultan criterios fundantes y están en el corazón de la Ley 26.522.  La fiscalización de su cumplimiento y la promoción activa de su aplicación en todo el país -mediante la gestión de las delegaciones regionales- constituyen instrumentos fundamentales para el nuevo paradigma de la comunicación.

Acabar con la concentración monopólica de los Medios de Comunicación es necesario pero no suficiente para democratizar la Comunicación y construir una sociedad mas democrática, plural, inclusiva y participativa. 

COMENTARIOS (9)

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