Miércoles 24 de Mayo de 2017 - 08:44hs. - República Argentina Edición # 1685

Revista #49 Noviembre 2011 > Sociedad y Cultura

EL DEBATE FRUSTRADO

En Argentina se practican más de 500 mil abortos cada año y más de una mujer pobre muere por día a causa de las prácticas clandestinas. Si bien el esfuerzo por promulgar la Ley de Interrupción Legal del Embarazo quedó trunco, el debate social continúa en plena vigencia.


 

Por Lautaro González

Según la Organización Mundial de la Salud, América Latina es la región del mundo donde se realizan más abortos, y el último reducto que le queda a la Iglesia Católica para imponer sus concepciones ideológicas.

En Argentina, a pesar de ser un país laico, la defensa de la democracia advierte que ningún dogma o religión determinada debe imponerse al conjunto de la sociedad. De acuerdo a un informe de la organización de derechos humanos Human Rights Watch elaborado en agosto de 2010, cuatro de cada diez embarazos en Argentina terminan en abortos. De esta manera Argentina duplica la tasa de Latinoamérica producto de la falta de medios que lleva a las mujeres a la utilización de prácticas clandestinas para cortar con el embarazo no deseado. 

La mayoría de los abortos se realizan de manera ilegal y muchas veces en condiciones deplorables, una situación que se repite en la mayoría de los países de América Latina, donde las legislaciones también son restrictivas aunque las cifras no parecen tan duras como en Argentina. En estos últimos meses el esfuerzo por hacer avanzar una legislación que despenalice el aborto sufrió un nuevo revés, aunque por lo menos pudo institucionalizarse por primera vez el debate.

La muerte de la mujer

La fuerte resistencia de las iglesias católicas y evangélicas influyó en que solo Cuba, Puerto Rico y Guyana cuenten con normas liberales sobre el aborto. En el resto de los países la situación es dramática. Chile, El Salvador, Nicaragua y Honduras prohíben cualquier tipo de aborto (incluso el que se practica para salvar a la madre). En estos países, cerca del 20% de los embarazos termina en aborto (España está en un 18%), según la directora de activismo de la división de derechos de las mujeres de HRW, Marianne Möllmann.

En el resto de los países de la región se admite la interrupción voluntaria del embarazo solo en casos excepcionales como el de violación o grave peligro para la salud de la embarazada. Los datos más escalofriantes de la prohibición arrojan que en América Latina se producen alrededor de 4,5 millones de abortos clandestinos al año. El 21% acaba con la muerte de la mujer. La prohibición, además, solamente logra que las intervenciones se realicen en situación de mayor inseguridad para la mujer.

En Argentina la no sistematización del programa nacional de salud sexual que desde el 2005 impulsó el gobierno del ex presidente Néstor Kirchner y que incluía programas de educación y el acceso a fórmulas contraceptivas, sumado al acceso deficiente a los métodos anticonceptivos, agrava la situación aún más.

El proyecto que no fue

El proyecto que se presentó en noviembre pasado ante la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados fue similar al defendido por la Campaña Nacional por el Derecho a un Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Luego de dos horas de discusión, el presidente anunció que el proyecto reunía las firmas suficientes (la mitad más uno de los diputados presentes) y que pasaría a su inmediato debate en las comisiones de Salud y de Familia. Según sus cálculos, en la sala había 11 parlamentarios y el dictamen había obtenido seis firmas. La noticia fue acogida con alegría por los grupos feministas que se habían reunido frente al Congreso y el dictamen fue calificado de histórico por las diputadas impulsoras, de varios grupos diferentes. Pero otros diputados, apelaron inmediatamente la decisión, por considerar que en la sala había 15 parlamentarios y que no se había obtenido la mayoría suficiente. Dos días después, el presidente de la Comisión admitió que se había producido un error y que “el despacho no cumplió los requisitos del reglamento” de la Cámara.

Según el relato de un diputado presente, la Comisión, que tiene 31 miembros, comenzó su trabajo con once, pero a lo largo de los debates se sumaron otros cuatro, con lo que el aval hubiera necesitado ocho firmas. El reglamento interno hubiera permitido que en las 48 horas siguientes se adherieran las otras firmas necesarias, pero finalmente algunos diputados que se habían mostrado partidarios del proyecto decidieron no sumarse.

En medio de la polémica provocada por las idas y venidas, las diputadas defensoras de la despenalización del aborto, como Marcela Rodríguez, Adriana Puiggrós, Diana Conti, Gloria Bidegain y Victoria Donda Pérez, entre otros, subrayaron que por primera vez se había podido discutir del tema en una sesión formal parlamentaria. Además se comprometieron a reiniciar los trámites con urgencia para que el proyecto sea tratado cuanto antes, aunque se estima que quedará para el año entrante.

Aborto, derechos humanos y salud reproductiva

“Nosotros proponemos legalizar la interrupción voluntaria del embarazo en Argentina hasta la semana 12 de gestación teniendo en cuenta la realidad que tenemos en Argentina. Todos los años hay 500 mil mujeres que deciden interrumpir un embarazo y tienen que hacerlo de manera clandestina. Pertenecen a distintas clases sociales y sectores culturales y religiosos. Esto atraviesa a toda la sociedad y si bien sabemos que es una práctica clandestina, con dinero se puede acceder de forma segura. El año pasado murieron 100 mujeres por estas causas. Todas ellas jóvenes y pobres. El Estado es el que tiene que dar cuenta de esto como un problema de derechos humanos, inequidad social y salud”, sostiene Cecilia Merchán una de las diputadas que elaboraró el proyecto.

En un informe de principios de agosto titulado “El derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”, elaborado por Anand Grover, Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aborda las normas internacionales de derechos humanos y el derecho a la salud sexual y reproductiva. En el relato se pueden observar los efectos nocivos que las leyes penales tienen en la salud sexual y reproductiva, con énfasis en la práctica del aborto; la conducta en el embarazo; los métodos anticonceptivos y la planificación de la familia. El acceso a la educación y la información en materia de salud sexual y reproductiva, son otros condicionantes que comprometen la salud de las mujeres.

El documento señala que algunas de las restricciones jurídicas, penales y de otra índole que se aplican en cada uno de esos ámbitos, a menudo discriminatorias, dificultan el acceso a bienes, servicios e información de calidad y, por consiguiente, vulneran gravemente el derecho a la salud. De esta manera se atenta contra la dignidad humana al coartar las libertades que emanan del derecho a la salud, en particular en lo que respecta a la adopción de decisiones y a la integridad física.

“Los Estados pueden y deben adoptar las medidas necesarias para que el derecho a la salud se haga plenamente efectivo para todas las personas, sin exclusión, y no se coloquen obstáculos como los señalados para su pleno y efectivo ejercicio”, destaca el documento.

El desafío encerrado

En pleno siglo XXI el derecho a la salud integral de las mujeres, en especial de las más pobres, las adolescentes, indígenas, afrodescendientes, las mujeres de la diversidad sexual, las inmigrantes y de zonas rurales, las mujeres con VIH, y las víctimas de violencia, entre otras, continúa ausente e ignorado en los debates nacionales y regionales que se desarrollan en la actualidad.

Es necesario asumir como indispensable para la acción política y la seguridad ciudadana una interpelación a los gobiernos de la región latinoamericana y caribeña, exigiéndoles que garanticen las mejores condiciones para ejercer el derecho a la salud con dignidad e integralidad, y libres de toda forma de violencia, coerción o discriminación.

Ahora la atención está puesta en la actitud que adopte la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien acaba de ser reelegida con más del 54% de los votos. Si bien en alguna ocasión se declaró contraria a la despenalización, varios grupos políticos que apoyan la aplicabilidad de esta medida en Argentina, le exigen que deje libertad de voto a su grupo parlamentario cuando el tema se trate en la cámara de diputados. Y no pierden las esperanzas. «

 

Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo

A continuación se transcribe el proyecto de ley que se presentó para ser tratado en noviembre pasado por la cámara de diputados

Artículo 1º: Toda mujer tiene derecho a decidir la interrupción voluntaria de su embarazo durante las primeras doce semanas del proceso gestacional.

Artículo 2º: Toda mujer tiene derecho a acceder a la realización de la práctica del aborto en los servicios del sistema de salud, en las condiciones que determina la presente ley.

Artículo 3º: Fuera del plazo establecido en el art 1º toda mujer tiene derecho a decidir la interrupción del embarazo en los siguientes casos: a) Si el embarazo fuera producto de una violación, acreditada con denuncia judicial o policial o formulada en un servicio de salud. b) Si estuviera en riesgo la salud o la vida de la mujer. c) Si existieran malformaciones fetales graves.

Artículo 4º: Previamente a la realización del aborto en los casos previstos en la presente ley, se requerirá el consentimiento informado de la mujer expresado por escrito.

Artículo 5º: Los servicios de salud del sistema público garantizarán el acceso gratuito a las prestaciones mencionadas en los arts. 1º y 3º y los de la seguridad social de salud y de los sistemas privados las incorporarán a sus coberturas en igualdad de condiciones con sus otras prestaciones.

Asimismo deberán garantizar en forma permanente las prestaciones enunciadas en la presente ley, incluyendo el personal de salud, instalaciones e insumos requeridos.

Artículo 6º: Aquellos médicos/as y demás personal de salud que manifiesten objeción de conciencia para intervenir en los actos médicos a que hace referencia esta ley, deberán hacerlo saber a las autoridades de los establecimientos a los que pertenezcan dentro del plazo de treinta días corridos contados a partir de la promulgación de la presente ley. Quienes ingresen posteriormente podrán manifestar su objeción de conciencia en el momento en que comiencen a prestar servicio. Los/as profesionales que no hayan expresado objeción en los términos establecidos no podrán negarse a efectuar las intervenciones. En todos los casos la autoridad responsable del servicio de salud deberá garantizar la realización de la práctica.

Artículo 7º: Las prácticas profesionales establecidas en la presente ley se efectivizarán sin ninguna autorización judicial previa.

Artículo 8º: En caso de que la interrupción del embarazo deba practicarse a una mujer de menos de catorce años se requerirá el asentimiento de al menos uno de sus representantes legales, o en su ausencia o inexistencia de su guardador de hecho. En todos los casos la niña deberá ser oída y frente a cualquier otro interés se considerará primordial la satisfacción del interés superior de la niña en el pleno goce de sus derechos y garantías consagrados en la Convención Internacional de los Derechos del Niño (Ley 23.849).

Artículo 9º: Si se tratara de una mujer declarada incapaz en juicio se requerirá el consentimiento informado de su representante legal.

Artículo 10º: Derógase el Art. 85 inc. 2 del Código Penal de la Nación.

Artículo 11º: Deróganse los Arts. 86 y 88 del Código Penal de la Nación.

Firmantes: Juliana Di Tullio (FPV), María luisa Storani (UCR), Miguel Barrios (PS), Cecilia Merchán (Libres del SUR), Marcela Rodríguez (CC), Héctor Álvaro (FPV), Adela Segarra (FPV), Silvia Storni (UCR), Nélida Belois (Proy. progresista), Claudio Lozano (SUR), Fabián Peralta (GEN), Verónica Benas (SI), Fernanda Gil Lozano (CC), Lisandro Viale (PS), Mónica Fein (PS), Alicia Ciciliani (PS), Liliana Parada (SUR), María Josefa Areta (Frente de todos), Adriana Puiggrós (FPV), Néstor Hugo Castañón (UCR), Horacio Alcuaz (GEN), Victoria Donda Pérez (Libres del SUR), Gerardo Milman (GEN), Silvana Giudici (UCR), Fernanda Reyes (CC), Héctor Recalde (FPV), Martín Sabatella (NEPyS), Vilma Ibarra (NEPyS), Carlos Heller (NEPyS), Ricardo Cuccovillo (PS), Roy Cortina (PS), Jorge Rivas (NEPyS), Ariel Basteiro (NEPyS), Adriana García (Peronismo federal), Lorena Rossi (Peronismo federal), Laura Alonso (PRO), Remo Carlotto (FPV), Héctor Perié (FPV), María Elena Chieno (FPV), Graciela Iturraspe (Sur), Carlos M. Comi (CC).

COMENTARIOS (19)

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matzcrorkz

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matzcrorkz

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